El vicepresidente primero del Senado bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia sanitaria y humanitaria en la provincia de Buenos Aires, en medio de un escenario que definió como “crítico” por la falta de recursos, medicamentos, insumos y profesionales en hospitales públicos.

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Pichetto y Monzó con otro gesto de acercamiento al kicillofismo
La jugada de Ishii, que se suma a una similar que hizo días atrás para declarar la emergencia alimentaria y nutricional, volvió a generar ruido entre funcionarios del Gobierno de Axel Kicillof. Es que en su escrito, el senador de Fuerza Patria cuestionó a los gobiernos de Javier Milei y Kicillof por igual, al señalar que ambos dirigentes deben reforzar la asistencia y garantizar el funcionamiento del sistema de salud en territorio bonaerense.

“No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colapsados, sin vacunas, sin insumos, sin medicamentos, con falta de profesionales y sin camas suficientes para atender a la población”, señaló el ex intendente de José C. Paz. “Es un hecho histórico y extremadamente grave que las vacunas no estén llegando cuando el invierno ya se aproxima y las enfermedades respiratorias comienzan a multiplicarse”, agregó.

Según el dirigente, cercano al kirchnerismo, existen obligaciones que corresponden a Nación y a Provincia, y no pueden seguir descargándolas sobre los municipios a los que no le llegan los recursos.

“Querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales. No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita vacunas, medicamentos, médicos, atención en salud mental y respuestas urgentes para proteger su vida”, añadió.

En detalle, la propuesta impulsada por el senador apunta a priorizar el funcionamiento del sistema sanitario por encima de cualquier gasto que no sea urgente, al tiempo que procura garantizar la provisión de medicamentos, vacunas, tratamientos y prestaciones básicas en hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que en su momento, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, dijo que el senador no tomó contacto con él para presentar el proyecto y que se enteró “por las redes sociales”.

Esta vez, sí hubo comunicación con el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, pero desde la Provincia no coinciden con las responsabilidades que le carga a la administración bonaerense. Todo se da en un contexto de ajuste, caída de recursos y retiro del Gobierno nacional de políticas fundamentales, insisten.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, brindó detalles del proyecto de ley para regular de manera integral la actividad de trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa prevé la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para el sector, además de nuevas herramientas de seguridad, cobertura laboral y asistencia estatal.

Según explicó el funcionario, el objetivo es “acompañar desde el Estado” a quienes actualmente desarrollan tareas “en condiciones de informalidad y sin derechos garantizados”. En ese marco, remarcó que el proyecto busca establecer “un piso de derechos para los trabajadores de plataforma”.

La propuesta establece que el Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación y coordinará una mesa interministerial junto a las carteras de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Entre los principales puntos, se destaca la creación de una aplicación oficial integrada con la plataforma MiPBA, que permitirá registrar a trabajadores del sector, acceder a servicios y generar información estadística sobre la actividad.

“Con este proyecto de ley buscamos realizar un registro integral de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan”, sostuvo Correa.

La APP bonaerense incluirá un botón de pánico conectado con áreas de seguridad y otro destinado a emergencias sanitarias para casos de accidentes en la vía pública. Además, el proyecto contempla la contratación obligatoria de seguros por accidentes, invalidez y cobertura médica durante la jornada laboral y los trayectos.

Correa señaló que la iniciativa incorpora “los seguros obligatorios que hoy no lo tienen” y afirmó que se busca transparentar las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

El texto también obliga a las empresas de plataformas a informar la cantidad de trabajadores activos, promedio de horas trabajadas e ingresos medios, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y generar mayor transparencia en el sector.

Otro de los ejes apunta a reforzar controles sobre centros de distribución y almacenamiento utilizados por las plataformas, conocidos como “tiendas invisibles”, mediante inspecciones y georreferenciación de los puntos de operación.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de paradores para trabajadores registrados, con acceso a agua potable, espacios de descanso y resguardo de herramientas, en coordinación con los municipios.

Finalmente, la iniciativa contempla convenios con el Banco Provincia para otorgar descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad a quienes estén inscriptos en el registro oficial.

“Queremos transparentar y tener a ciencia cierta cómo se realiza la actividad y qué consecuencias están teniendo los trabajadores y trabajadoras”, expresó Correa, quien aseguró que la propuesta se basa en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Unas 150 personas fueron halladas en un predio de La Plata, ubicado en las calles 185 y 80 en la localidad de Los Hornos, en condiciones de explotación laboral y vulnerabilidad, por la precariedad de las viviendas en las que estaban hacinadas varias familias.

El operativo fue llevado a cabo por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen organizado y la causa, a cargo de la UFI Nº15 de La Plata fue caratulada como "trata de personas – trabajo infantil".

La denuncia del caso fue presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que advirtió sobre la presencia de una menor de 14 años trabajando en la cosecha de tomate. Lo cierto es que, al momento, confirmaron que había en el lugar 99 adultos y 51 menores explotados.

Durante la inspección, los agentes identificaron a una niña en silla de ruedas, quien fue trasladada junto a su madre con intervención del área local de Niñez y Adolescencia. También encontraron a un hombre de unos 30 años, con una situación de retraso madurativo, con la puerta de su vivienda cerrada con cadena y candado.

En el procedimiento, la fiscal María Cecilia Corfield ordenó el secuestro de cuatro teléfonos celulares pertenecientes a la asistente social Verónica Tumori (54), y a Fabio Agostinelli (54) y Tiziano Agostinelli (52) integrantes de la familia propietaria del lugar. Los tres presentan distintos grados de responsabilidad en la logística del predio y las condiciones en las que estaban las personas. Dib