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El arduo camino de la Justicia
24 de marzo de 2026
Al cumplirse 50 años de la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país, José Ignacio López (*) hace un breve repaso por la trama política y jurídica que permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de los delitos atroces contra el pueblo argentino.
El 24 de marzo de 1976 un golpe cívico-militar interrumpió el orden constitucional y se instaló en la Argentina la época más oscura que recuerde la historia de nuestra Nación. Durante los ocho años que la dictadura ejerció el poder de facto se cometieron un sinnúmero de delitos atroces, se implementaron políticas de destrucción del aparato productivo nacional, se retrocedió en los derechos sociales alcanzados y se endeudó al Estado de una forma inédita.
El 10 de diciembre del 1983, la Argentina recuperó la democracia y asumió un presidente constitucional, el doctor Ricardo Raúl Alfonsín, quién ordenó la constitución de una comisión para investigar los crímenes de la dictadura, fue así que nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) quién un año más tarde entregaría a manos del ex presidente radical su informe denominado “Nunca Más”.
En dicho informe se constató que la dictadura había implementado, durante los años que detentó el poder, un plan sistemático de desapariciones forzadas de personas, centros clandestinos de detención y delitos atroces contra los ciudadanos argentinos. Con este documento, el presidente Alfonsín impulsó en 1985 la realización del Juicio a las Juntas, un proceso penal contra los altos mandos militares realizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (integrada por los doctores Arslanian, Torlasco, Gil Lavedra, Valega Araoz, Ledesma y D’Alessio) y que terminó con la condena a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.
Luego de este proceso histórico, el presidente Alfonsín sufrió una gran presión de parte de la corporación militar que, viéndose acechada por la justicia, forzó en 1986 la sanción de la Ley de Punto Final, una norma que estableció la prescripción de las acciones penales vigentes contra los responsables de los delitos del terrorismo de Estado que no que no hubieran sido llamados a declarar en un plazo de 60 días posteriores a su sanción.
Un año más tarde, se limitó aún más el accionar del Poder Judicial, con la sanción de la Ley de Obediencia Debida, norma que postuló una presunción legal que no admitía prueba en contra respecto a los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida», concepto según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.
Con dichas normas promulgadas se hizo notar un amplio descontento social en la ciudadanía nacional y el resultado concreto fue que sólo habían sido condenadas las cúpulas militares en el Juicio a las Juntas y todo lo demás, a excepción del “robo de bebés”, quedaba cubierto por un negro manto de impunidad. Faltaba más para agravar el marco normativo de la impunidad, entre los años 1989 y 1990, el ex presidente Carlos Saúl Menem dictaría una serie de diez decretos indultando a los ex comandantes y civiles que cometieron delitos durante los oscuros años del “Proceso de Reorganización Nacional” incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras.
Con esos indultos, inexplicables, se perfeccionó un cuadro de profunda impunidad en nuestro país, con el Estado Nacional silenciando crímenes horrorosos que sufrió su pueblo durante esos sombríos años. Vinieron años durísimos para los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado pero ellos siguieron bregando por Justicia. Fue así que se fueron abriendo pequeñas luces de esperanza desde lo judicial, por ejemplo y sólo para destacar algunos, la actuación de la Justicia Francesa que condenó en ausencia a prisión perpetua a Alfredo Astíz en 1990 por la desaparición de las monjas Domon y Duquet, también la del magistrado español Baltasar Garzón quién pidió la extradición y juzgó a Adolfo Scilingo por los vuelos de la muerte.
En tiempos que no se podía condenar, por regir las “leyes del perdón”, párrafo aparte merece un sector del Poder Judicial Argentino que a fines de la década de los 90, a pedido de los familiares y asociaciones de derechos humanos que fundándose en los pactos internacionales de derechos humanos y en el derecho a la verdad (que abarca el derecho a la memoria, el duelo -reclamo del cuerpo o el destino corrido por la víctima- y al patrimonio cultural -rito funerario- impulsaron la apertura de procesos judiciales cuyo propósito fue averiguar qué había pasado con las personas desaparecidas.
Así se iniciaron los “Juicios por la Verdad”, la Cámara Federal Platense lo hizo por medio de la Acordada 18 del 15 de abril de 1998 y luego se sumaron Mendoza, Mar de Plata y Bahía Blanca. En estos procesos, de notable importancia histórica e institucional, la inmensa cantidad de testimonios y pruebas colectadas sirvieron luego cuando la Justicia inició los juicios con facultad condenatoria. Además, se lograron encontrar una gran cantidad de cuerpos de personas desaparecidas para entregárselos a sus familiares para poder rendirles el respectivo culto.
A su vez, el 6 de marzo de 2001, el entonces juez federal Gabriel Cavallo declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el denominado caso «Poblete». Una decisión de gran trascendencia que luego fue convalidada por la Sala II de la Cámara Federal Porteña. Fue a partir del 25 de mayo de 2003, cuando asumió la Presidencia de la Nación el doctor Néstor Carlos Kirchner, que se dio un gran giro, el Poder Ejecutivo Nacional comenzó a impulsar con notable decisión la reapertura de procesos judiciales penales contra los responsables de la última dictadura militar.
De esta forma, envió un proyecto para dar por tierra con las “leyes del perdón” y fue el Congreso de la Nación en el año 2003, por medio de la ley 25.779, quién declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Dos años más tarde, en una de las sentencias más importantes de la historia judicial argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Simón”, de 259 páginas de extensión, declaró la nulidad de dichas leyes de amnistía y expresó que los delitos cometidos por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
En el año 2007, el Máximo Tribunal en la causa «Mazzeo», declaró la inconstitucionalidad de los indultos hacia los altos mandos militares responsables de los crímenes de la dictadura emitidos por el ex presidente Carlos Menem. Estas medidas políticas y judiciales permitieron que se reabran los procesos penales contra los responsables de los atroces crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
De esta forma la Justicia retomó la tarea en la que nunca debió ser limitada. Según datos de la la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la celebración del primer juicio por estos delitos hasta el presente, se han realizado cientos de procesos.
Actualmente, 1231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y 250 resultaron absueltas y el estado procesal de las causas por crímenes de lesa humanidad, según el referido informe, revela que el 51% cuenta con sentencia (361 procesos), el 39% (es decir, 282) se encuentran en etapa de instrucción, mientras que se están llevando a cabo 12 juicios orales en el país y otras 60 aguardan la fijación de la fecha del debate oral.
Han pasado muchos años de los horrores del terrorismo de Estado en nuestro país, aún las heridas y sus efectos siguen vigentes causando un dolor infinito al pueblo muy difícil de apagar, por eso, le corresponde al Poder Judicial de nuestra Nación un actuar pronto y eficaz que asegure Memoria, Verdad y Justicia para que todos los argentinos podamos decir: NUNCA MÁS.
(*) Abogado (UNLP), docente de Derecho de la Comunicación y de Derecho Administrativo II (UNLP) y director Palabras de Derecho.
FOTO: Histórico juicio a las Juntas Militares. Por primera vez en la historia, un tribunal civil juzgaba a los responsables de un golpe de Estado. El 9 de diciembre de 1985, los jueces leyeron las inéditas condenas a las Juntas Militares de la última dictadura.
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Adiós al ‘Día de las Infancias’: Regresa del ‘Día del Niño’ en agosto
El presidente Javier Milei firmó el decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se restablece oficialmente la denominación “Día del Niño” para la celebración dedicada a los más chicos.
El cambio recupera el nombre tradicional que durante los últimos años había sido reemplazado en distintos ámbitos por otras denominaciones, como el Día de las Infancias.
La celebración se realiza actualmente el tercer domingo de agosto, aunque la fecha atravesó distintas modificaciones a lo largo de los años. Desde 1960 se instaló de manera continua y, posteriormente, los cambios estuvieron vinculados tanto a cuestiones sociales como a pedidos del sector comercial, particularmente de la Cámara del Juguete, que buscaba favorecer las ventas.
En 2011, la celebración debió trasladarse al 21 de agosto debido a la coincidencia con las PASO previstas para el domingo 14. Dos años más tarde, en 2013, quedó establecido el tercer domingo de agosto como fecha fija, con el objetivo de evitar coincidencias con jornadas electorales y brindar mayor previsibilidad a las familias y los comercios.
El nombre de la celebración también fue motivo de debate. En 2020, Gabriel Lerner, entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, había planteado reemplazar la expresión “Día del Niño” con el argumento de promover una mirada que contemplara la diversidad de la niñez.
Con el nuevo decreto, la gestión de Milei decidió recuperar formalmente la denominación tradicional, una decisión que vuelve a poner en discusión el significado cultural y simbólico de la fecha.
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Las ventas minoristas pyme bajan 3,8% interanual en julio
Las ventas minoristas pyme registraron un descenso interanual del 3,8% durante el mes de julio. Asimismo, la comparación respecto al mes anterior también mostró una contracción del 2,1%. De esta manera, en los primeros siete meses del año, se acumuló un retroceso del 2,7%.
El descenso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior. La ausencia de este dinamizador coyuntural, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad.
En lo que respecta a la percepción cualitativa sobre el estado del negocio, el 48,1% de los comerciantes consultados sostuvo que su nivel de actividad se mantuvo estable con relación al mismo período del año anterior, cifra que evidenció un descenso de dos puntos porcentuales en comparación con el relevamiento del mes de junio. Esta retracción en la lectura neutral se tradujo de forma directa en un incremento de las valoraciones pesimistas, observándose que la proporción de comercios que definió su escenario operativo como desfavorable ascendió del 43,1% al 44,5% en el transcurso del último mes.
En cuanto a las proyecciones a doce meses, el 46,3% de los relevados prevé que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos. Por otro lado, un 42,4% estima un escenario futuro más favorable, lo que representa un avance de 4,7 puntos porcentuales en la visión optimista respecto al mes anterior, mientras que el 11,3% restante aguarda un deterioro en el desempeño de su negocio. Finalmente, en lo relativo a las decisiones de financiamiento, el 61,5% de los locales juzgó que la coyuntura resulta desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital, en tanto que el 14% la consideró oportuna y el 24,5% optó por no fijar una posición al respecto.
En el desglose por sectores, seis de las siete actividades relevadas mostraron retrocesos en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).
El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.
Durante julio se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 14,9% y una baja intermensual desestacionalizada del -0,1%.
El desempeño minorista del mes de julio evidenció una marcada desaceleración interanual, explicada por el agotamiento de los impulsos coyunturales y la inyección de liquidez que habían dinamizado el período previo, por el ya mencionado cobro del aguinaldo. La pérdida persistente de capacidad adquisitiva, agravada por la incidencia de los costos de las tarifas de servicios durante el invierno sobre el presupuesto familiar, derivó en una demanda defensiva y fragmentada. En este escenario, el consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando de manera sistemática las decisiones de compra en bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario.
Por el lado de la oferta, la concreción de operaciones se mantuvo condicionada por el uso de promociones bancarias, billeteras digitales y descuentos por pago al contado, ante la saturación de los márgenes crediticios de los consumidores. En paralelo, los comercios enfrentaron una compresión de sus márgenes de rentabilidad producto de las constantes alzas en los costos de reposición, el encarecimiento logístico y la presión de la competencia informal e importada. Frente a esta coyuntura de costos al alza y de ventas contenidas, el empresariado pyme sostuvo una postura de marcada cautela financiera, congelando planes de inversión de capital y priorizando el sostenimiento del flujo operativo.
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La Iglesia organiza una colecta para la visita de León XIV
La Iglesia argentina inició formalmente los preparativos económicos y logísticos para la visita del papa León XIV, confirmada para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre. A través de una comunicación oficial emitida por la Conferencia Episcopal Argentina, el monseñor Raúl Pizarro anunció el lanzamiento de una colecta nacional con el propósito de recaudar los fondos necesarios para financiar la organización y recepción del Sumo Pontífice en el país.
En su mensaje institucional, el obispo destacó el júbilo que representa este acontecimiento para la comunidad local y comparó la planificación con los gestos cotidianos de hospitalidad del hogar. La campaña solidaria explicó que se articulará en todo el territorio nacional a través de las distintas diócesis, parroquias, capillas y establecimientos educativos católicos, buscando garantizar una cobertura amplia en cada provincia.
Asimismo, Pizarro remarcó la importancia de la colaboración ciudadana por encima de los montos aportados, señalando que cada contribución permitiría que los fieles se sientan protagonistas activos del recibimiento. La cúpula eclesiástica concluyó su llamado invitando a la sociedad a sumarse a los preparativos para brindar una cálida bienvenida al líder de la Iglesia Católica.
En el marco del itinerario previsto para su estadía en el país, la provincia de Córdoba no descarta decretar feriado provincial el día de la visita del Papa León XIV. La administración encabezada por el gobernador Martín Llaryora evalúa la medida ante la expectativa de recibir a cerca de un millón de personas, en lo que el mandatario calificó como un evento histórico que convoca a reafirmar los valores de la paz y el diálogo.
La agenda prevé un encuentro con sacerdotes en la Catedral, un almuerzo en el Arzobispado junto al cardenal Ángel Rossi y un oficio religioso masivo en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. Tras su paso por la provincia, el recorrido del Pontífice por la Argentina concluirá el 11 de noviembre con una misa de despedida en la Basílica de Luján antes de emprender viaje hacia Perú. Radio Mitre
