El frío golpea fuerte en algunas ciudades. (Agencia Xinhua)

El oficialismo en el Senado de la Nación se prepara nuevamente para ir al recinto. Mientras contabiliza presentes y votos, apura una nueva sesión para este jueves, en la que busca avanzar con un proyecto clave para la Rosada y que impacta en casi todos los municipios bonaerenses: los cambios en la Zona Fría.

El primer paso será la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles, donde el bloque de La Libertad Avanza confía en contar con el número necesario de presentes y votos para debatir y aprobar definitivamente los cambios en la ley que limita los subsidios al gas.

Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene haciendo un trabajo fino con los gobernadores para conseguir los votos, la oposición encabezada por el peronismo busca, al igual que sucedió con la ley de Tierras, convencer a los bloques provinciales para que acompañen el rechazo.

La clave, sabe el Gobierno libertario, pasará por el posible apoyo de los senadores que responden a los gobernadores del Norte Grande. Como viene informando Agencia DIB, son diez que abrieron días atrás una negociación con el propio Santilli en el que exigieron la creación de una zona cálida para el norte en verano a partir de la promesa de una reducción en la tarifa eléctrica.

En ese sentido, el bloque libertario mantiene en pie la promesa de crear la zona cálida, pero mediante una resolución; es decir, no por ley. Desde el peronismo señalan que el Gobierno suele incumplir las promesas y buscan sumar a los legisladores patagónicos para rechazar el cambio.

De aprobarse el proyecto de modificación de la Zona Fría, impactará en la tarifa de gas de 3.350.000 de hogares del país (1.240.000 ubicados en 94 municipios bonaerenses).

En principio, de aprobarse quedarían afuera del subsidio las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires (salvo el municipio de Patagones), Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Aunque desde el Gobierno indicaron que seguirán otorgando el beneficio a aquellos que lo necesiten. Será para los que cobren menos de tres Canastas Básicas Totales mensuales: hoy alrededor de $4,4 millones.

Hasta ahora, los usuarios alcanzados reciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. Pero, y acá está el cambio, el nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es apenas uno de los tres componentes que integran una factura residencial.

Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo que pagan los hogares; y el costo del transporte troncal del gas natural. Sobre esos dos segmentos de la tarifa el Estado dejará de cubrir el descuento que actualmente financia. Por eso, la tarifa subirá para todos y las provincias patagónicas también recibirán boletas con ajustes en torno al 25%.

Para el caso de los 94 municipios bonaerenses que quedarían afuera del régimen, el subsidio que promete el Gobierno será de un porcentaje sobre el PIST, ítem que suele ser un tercio o un cuarto del total de la factura. Entonces, de acuerdo a lo que pudo averiguar Agencia DIB si el PIST representa el 30% de la factura y recibe un descuento del 50% sobre ese componente, la reducción final de la factura rondará el 15%, antes de considerar otros cargos e impuestos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó en el Boletín Oficial la resolución que actualiza haberes y prestaciones: se aplica un aumento de jubilaciones del 1,66% que comenzará a regir en los pagos con período devengado octubre. La medida también modifica parámetros y topes que definen accesos y montos.

La resolución aclara que los nuevos topes y valores regirán para hechos generadores desde octubre y alcanzan a quienes se jubilen o tramiten beneficios bajo compatibilidad laboral. El aumento de jubilaciones también impacta en la fórmula que fija los haberes mensuales y será aplicado en los próximos cronogramas de pago por Anses.

Con ese ajuste, el haber mínimo previsional se ubicará en $435.748,51 y la prestación máxima en $2.932.174,85 a partir de octubre. El cálculo siguió la variación del IPC de agosto informada por el Indec dentro del esquema de movilidad mensual vigente y alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó fijada en $348.598,81, equivalente al 80% del haber mínimo, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) sube a $199.335,05. Además se actualizaron las bases imponibles mínima y máxima para el cálculo de aportes: $146.759,98 y $4.769.631,49 respectivamente. Los cambios impactan en nuevas altas y en quienes tramiten jubilación desde octubre.

Asignaciones familiares

Anses también actualizó las asignaciones familiares con una suba del 1,66%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588, mientras que la AUH por hijo con discapacidad llega a $509.863 en la escala general; existen montos mayores para las zonas diferenciales.

Para la zona patagónica y la Pampa los importes suben: la AUH y embarazo quedan en $203.565 y la AUH por discapacidad en $662.822. En el régimen de trabajadores registrados la asignación por hijo general será de $78.304 para familias con ingresos de hasta $1.212.301. Los tramos superiores reciben montos decrecientes hasta un tope familiar fijado en $6.419.726.

La Cancillería argentina formalizó este martes su rechazo ante la Embajada del Reino Unido por la extensión de las licencias petroleras en las Islas Malvinas. A través de una nota de protesta, el Gobierno cuestionó “enérgicamente” la decisión y sostuvo que se trata de una medida ilegítima.

En el comunicado difundido por el Palacio San Martín, se señaló que la exploración y explotación unilateral de recursos ubicados en la plataforma continental argentina “resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional” argentina.

La Cancillería también planteó que las actividades cuestionadas contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que establece que ambos países deben evitar modificaciones unilaterales mientras la disputa por la soberanía permanezca sin resolución. Además, sostuvo que la medida se opone a la Resolución 2065 (XX) y a otras resoluciones posteriores del Comité Especial de Descolonización.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores remarcaron además que cualquier actividad hidrocarburífera realizada sin autorización argentina constituye un acto ilícito, de acuerdo con las Leyes N° 26.659 y N° 26.915 y el Decreto N° 868/2026. En ese sentido, reafirmaron que la Argentina no reconoce una jurisdicción diferente de la propia para otorgar concesiones, participaciones o licencias en esa zona.

El canciller Quirno se sumó al reclamo a través de su cuenta de X. Allí afirmó que la exploración no autorizada “viola el derecho internacional y las reiteradas Resoluciones de la ONU” y aseguró que el Gobierno “seguirá accionando con todas las herramientas jurídicas y diplomáticas contra las empresas y directivos que operen ilegalmente en territorio argentino”.

En la misma línea, la Cancillería advirtió que “quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedan expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes”.

Finalmente, el Ministerio ratificó la voluntad argentina de “entablar un diálogo constructivo y sustantivo” con el Reino Unido para retomar las negociaciones bilaterales por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. “Por historia y por derecho: las Malvinas son Argentinas”, concluyó la Cancillería.