Tras cerrar el acuerdo salarial con los docentes y estatales, ahora la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gremio sostuvo que la oferta del 6% en dos cuotas que recibieron en paritarias fue aceptada “por amplísima mayoría” en todas las asambleas.

La propuesta aceptada contempla un incremento de 3% con los sueldos de octubre y otro 3% con en noviembre, a cobrar en diciembre. Ese mes, en tanto, la administración provincial se comprometió a reabrir las negociaciones.

Con este incremento, el aumento salarial acumulado a noviembre alcanzará el 26% para la subcategoría F, porcentaje que crece progresivamente en las restantes subcategorías hasta llegar al 38,9% en la A1, correspondiente a las y los trabajadores de mayor antigüedad.

La única diferencia entre los judiciales y el resto de los sectores afecta a los empleados pasivos. Sucede que el Instituto de Previsión Social (IPS) cerró el calendario de liquidación de las jubilaciones y pensiones antes de que se alcance un acuerdo. En este contexto, la Provincia va a pagar ambos tramos del aumento juntos con los haberes de noviembre, es decir, en diciembre.

Se sabía que esto podía pasar teniendo en cuenta las demoras que atravesaron a la negociación y que recién a mitad de mes se cerró con docentes y estatales. El acuerdo con la AJB llevó una semana más y por eso no va a impactar en la próxima liquidación de jubilados y pensionados.

Fuente: DIB

Las tarifas de luz en laprovincia de Buenos Airesquedaron nuevamente habilitadas para las cuatro distribuidoras luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata aceptara el pedido de la administración de Axel Kicillof. El tribunal concedió efecto suspensivo al recurso provincial contra la cautelar que había frenado los incrementos.

La resolución, firmada el 15 de octubre, permite aplicar los valores previstos en la Resolución 682/2026 para los clientes de EDELAP, EDEN, EDEA y EDES. Así, deja en pausa la orden judicial que había restablecido provisoriamente el esquema tarifario anterior para los componentes provinciales de las facturas.

El fallo no zanja el debate sobre la validez de las subas ni constituye una decisión definitiva sobre el expediente. La Cámara deberá analizar los argumentos de fondo en otra instancia; por ahora, estableció que la apelación de la Provincia avance con efecto suspensivo, mientras sigue el trámite judicial.

La causa se originó a partir de una demanda del Defensor del Pueblo bonaerense contra el gobierno provincial y las cuatro empresas distribuidoras. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había suspendido los efectos de la Resolución 585/2026 y ordenado volver al cuadro previo.

El reclamo objetó que las actualizaciones se aplicaran sin una audiencia pública anterior ni otra instancia equivalente de consulta a los usuarios. En su análisis, el juzgado tomó en cuenta que la última audiencia asociada a una revisión integral de las tarifas se había realizado en diciembre de 2016.

La Fiscalía de Estado apeló y solicitó que el recurso frenara la aplicación de la cautelar, pero el juzgado rechazó ese planteo inicialmente. La Provincia llevó entonces la discusión ante la Cámara marplatense. Para fundamentar su pedido, advirtió que sostener los valores anteriores podía complicar la cobertura de los costos actuales y la continuidad del servicio.

El gobierno también sostuvo que separar en las boletas los componentes nacionales y provinciales podía resultar complejo. Como respaldo, presentó informes del Ministerio de Infraestructura y del Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense, que señalaron dificultades para facturar y supervisar la combinación de distintos cuadros tarifarios.

Al revisar la presentación, la Cámara entendió que los elementos aportados permitían considerar, de manera preliminar, que podía estar comprometido el interés público. Por eso aceptó la queja y concedió efecto suspensivo a la apelación. La disputa sigue abierta y la Fiscalía indicó que la audiencia por la Revisión Tarifaria Integral estaba prevista para mediados de diciembre de 2026. diD

Una propuesta histórica del massismo dio un importante paso adelante: la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios que preside el diputado Carlos Puglelli (Frente Renovador) aprobó el dictamen para el uso de pistolas Taser (o similares) en el ámbito de la Policía Bonaerense.

El proyecto busca actualizar las herramientas de intervención policial mediante la incorporación de armas menos letales, con capacitación profesional, reglas claras de utilización y mecanismos de control. Al respecto, propone modificar la Ley 13.482, y entre sus principales disposiciones, contempla la utilización de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil, como las pistolas Taser, y prohíbe expresamente los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea provocar dolor mediante descargas eléctricas.

La exposición del diputado Carlos Puglelli.

El personal policial deberá contar con capacitación específica, obligatoria, acreditada y continua, que incluirá el manejo técnico de los dispositivos, sus efectos y riesgos, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y nociones de primeros auxilios.

Asimismo, fija principios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. El uso de estas armas quedará limitado a situaciones en las que los medios no violentos resulten ineficaces o insuficientes y exista un peligro inminente para la integridad física del personal policial, de terceras personas o de la propia persona involucrada.

La iniciativa del Frente Renovador contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, reflejando el acompañamiento de representantes de distintos sectores a una propuesta vinculada con la actualización del marco normativo de la seguridad bonaerense.