El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció un nuevo régimen obligatorio de identificación electrónica, registro sanitario y movimiento de équidos en todo el país, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de los animales, prevenir enfermedades y mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias.

La principal novedad es que a partir del 1° de marzo de 2027 todos los équidos deberán estar identificados de manera individual, única y permanente mediante un microchip. La obligación alcanzará a todas las personas propietarias, poseedoras o tenedoras de estos animales, independientemente de la cantidad y del título por el cual los tengan.

La colocación del dispositivo deberá realizarse, entre otros casos, cuando se efectúen diagnósticos obligatorios vinculados a movimientos, se dé de alta la Libreta Sanitaria Equina o el Pasaporte Equino, se realicen determinados tratamientos veterinarios o se gestionen movimientos internacionales.

El nuevo esquema contempla además la Libreta Sanitaria Equina Digital (LSED) como documento sanitario oficial para todo el país. Los Pasaportes Equinos reconocidos por el SENASA también deberán ser digitalizados e incorporados al sistema de información sanitaria.

Para los movimientos dentro del territorio nacional, la LSED o el Pasaporte Equino digitalizado podrán respaldar el traslado cuando se cumplan las condiciones previstas por la resolución y pueda verificarse la identidad del animal mediante el microchip. El SENASA podrá bloquear temporalmente los movimientos ante la detección de enfermedades contagiosas o de interés sanitario.

La transición desde la documentación en papel tendrá varios pasos. Desde el 31 de diciembre de 2026 no podrán imprimirse nuevas Libretas Sanitarias Equinas en formato papel, mientras que las ya emitidas conservarán su validez hasta el 31 de diciembre de 2027. Desde el 1° de enero de 2028, la LSED o el Pasaporte Equino digitalizado serán los documentos sanitarios válidos para respaldar los movimientos.

El Senasa justificó la actualización en la necesidad de contar con herramientas más eficientes de trazabilidad y prevención sanitaria. La resolución también toma como antecedente la epidemia de encefalomielitis equina que atravesó el país y el restablecimiento de la vacunación obligatoria contra esa enfermedad.

La campaña agrícola 2025/26 cerró con una cosecha histórica de 169,2 millones de toneladas, un crecimiento del 21% respecto del ciclo anterior. El resultado estuvo impulsado por producciones récord de trigo y maíz, el desempeño excepcional del girasol y rindes de soja que, pese a la reducción del área sembrada, lograron mantenerse por encima del promedio de la última década.

El balance elaborado por IES Consultores muestra así un escenario de fuerte recuperación productiva, que también tuvo impacto en el comercio exterior. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones agroindustriales crecieron 16% interanual y alcanzaron los u$s 19.239 millones, impulsadas principalmente por un aumento de los volúmenes comercializados al exterior.

El trigo alcanzó una producción récord de 27,9 millones de toneladas y el maíz llegó a 71,5 millones, también en niveles históricos. El girasol, por su parte, consolidó una campaña excepcional, con una producción récord y un crecimiento de la molienda del 28,5% interanual durante el primer semestre de 2026.

La soja tuvo un comportamiento diferente. La producción finalizó en 49,5 millones de toneladas, un 3,1% por debajo de la campaña previa. Sin embargo, los rindes superiores al promedio de los últimos diez años permitieron compensar parcialmente la reducción de la superficie sembrada.

En el frente externo, el maíz ganó protagonismo y amplió su inserción internacional, favorecido por una mayor demanda de China. Para los analistas, el cereal mantendrá un papel central en las exportaciones argentinas, con una creciente diversificación de destinos y una participación más activa del gigante asiático.

La soja, en tanto, continuará siendo el complejo de mayor aporte en valor a las exportaciones, aunque enfrenta una competencia cada vez más fuerte de Brasil en el mercado de harina.

El fuerte crecimiento de la producción no se traduce automáticamente en una mejora equivalente de la rentabilidad. Según el informe de IES, los márgenes muestran señales mixtas.

Por un lado, la caída del precio de la urea aportó un alivio importante a los costos de producción. Entre mayo y julio, el valor del fertilizante descendió de u$s 1.000 a US$ 550 por tonelada, mejorando las condiciones económicas para la siembra de trigo.

Los márgenes de excedente bruto de explotación agropecuario, o EBE, promedian el 20% en 2026. Esto representa una mejora de 1,5 puntos porcentuales respecto de 2025, aunque todavía se encuentran lejos de los niveles registrados en 2022 y 2023.

“La cosecha récord de 169,2 millones de toneladas confirma el potencial productivo del campo argentino, pero el desafío pasa por sostener los márgenes”, señaló Federico Zerba, jefe sectorial de IES Consultores.

En este contexto, el sector llega a la campaña 2026/27 con una base productiva excepcional, pero también con desafíos que van más allá del clima. Los precios internacionales, la infraestructura y los costos operativos aparecen entre los principales riesgos para sostener la rentabilidad.

El récord de 169,2 millones de toneladas deja en evidencia la capacidad productiva del agro argentino. El próximo desafío será transformar ese volumen en mejores márgenes y en una mayor capacidad para agregar valor, en un escenario donde la competitividad dependerá tanto de los rendimientos como de los costos y de las condiciones para llegar a los mercados internacionales.

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La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que 120.000 puestos de trabajo están en riesgo en el campo ante el vencimiento del régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y los planes sociales.

En un comunicado, el gremio “manifiesta su profunda preocupación” ante el vencimiento, el martes 1º de septiembre, del régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y determinados planes y beneficios sociales, establecido por el Decreto 514/2021.

“El 18 de agosto pasado, el secretario general de la UATRE, José Voytenco, remitió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando de manera urgente la prórroga de dicha compatibilidad. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión”, lamentaron.

Desde la UATRE afirmaron que “la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar. Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales”.

El sindicato rural denunció así “la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva: los trabajadores y sus familias, los empleadores del sector agropecuario y la producción general”. Y aseguró que “las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”.

“La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”, sostuvo Voytenco en su nota a Capital Humano.

“El gremio reitera el pedido de una solución inmediata que garantice la continuidad de este instrumento de política laboral y productiva”, cerró el comunicado de UATRE. (Con información de DIB)