País
Aumentan DNI y pasaportes
3 de marzo de 2026
El Ministerio del Interior publicó este martes el nuevo cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que depende de la Secretaría de Interior. Esta actualización alcanzará a los DNI, pasaportes y demás trámites.
La Resolución 19/2026 dejó sin efecto los artículos 2° de las Resoluciones N° 93 del 26 de febrero de 2025 y N° 231 del 30 de mayo de 2025, ambas dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior. El objetivo principal es actualizar las tasas que percibe el RENAPER por la expedición de documentos, certificados, testimonios y otros servicios, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 17.671 y sus modificaciones.
De acuerdo con lo establecido, esta actualización comenzará a regir a partir del próximo 6 de marzo y responde a la necesidad de sostener la prestación eficiente de los servicios brindados por el RENAPER, considerando el uso creciente de herramientas digitales y la demanda de servicios de validación de identidad.
Este esquema de los valores alcanza a la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI), servicios de validación digital y otros procedimientos, diferenciando entre personas argentinas y extranjeras.
En simultáneo, mediante la resolución 106/2026 del RENAPER, también se actualizaron los montos para la tramitación del pasaporte.
Uno por uno, los nuevos valores
Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo sin cargo hasta los seis meses. Por otro lado, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un costo de $10.000 por trámite.
Los nuevos ejemplares —ya sea por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción— también costarán $10.000. Los servicios exprés para obtener el DNI en menor plazo tendrán recargos: el trámite exprés costará un adicional de $16.000 (total $26.000), la modalidad 24 horas suma $31.000 (total $41.000) y el trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, tiene un adicional de $47.000 (total $57.000).
En el caso de personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Esto aplica a ciudadanos del MERCOSUR y de otros Estados, tanto para menores de 14 años como para mayores con residencia temporaria o permanente. Los trámites de actualización, rectificación o cambio de domicilio para extranjeros también tendrán un costo de $20.000 por cada gestión.
El esquema tarifario incorpora valores para servicios digitales vinculados a la validación de identidad y verificación de datos. Por ejemplo, la verificación de vigencia de DNI, validación de datos, o avisos de fallecimiento —mediante tecnología API REST y acuerdos con organismos— tiene un costo escalonado: $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales, $35 por transacción para volúmenes entre 40.000 y 2 millones, y $20 para consumos superiores a 2 millones de transacciones. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte tienen una tarifa de $70 cada una. Para los establecimientos de la Administración Pública Nacional, estos servicios se ofrecen a tarifas reducidas, desde $2 hasta $7 por transacción, dependiendo del tipo de servicio y el volumen mensual.
Entre los otros trámites se establecen valores para copias autenticadas de constancias y suministros de información especializada, con tarifas de $8.000 y $9.000, según el caso. El nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión, pasados noventa días de la entrega inicial, costará $10.000. La rectificación de datos sin emisión de DNI será sin cargo. Los peritajes sobre el Documento Nacional de Identidad tienen valores de $15.000 para informe forense y $8.000 para informe simple.
La fabricación de credenciales diplomáticas y no diplomáticas, consulares, de misiones especiales y de organismos internacionales costará $31.000. La autorización de viaje al exterior para menores de dieciocho años con pasaporte ordinario tendrá un costo de $30.000.
El cuadro tarifario contempla exenciones. No abonarán tasa los organismos públicos que requieran documentos en el marco de sus funciones, ni las personas sin recursos económicos ni sus hijos menores de dieciocho años o personas a cargo con capacidades restringidas. También están exentos quienes tramiten nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión dentro de los noventa días de la entrega, quienes soliciten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila, clasificación género «X» y la consecuente expedición del DNI, así como las personas que soliciten el certificado de pre-identificación por carecer de DNI y acta de nacimiento, y quienes gestionen el primer ejemplar por inscripción tardía.
El costo para obtener un pasaporte ordinario en Argentina con entrega regular asciende actualmente a $100.000, según se informó oficialmente. Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, existen opciones adicionales: el trámite exprés implica un arancel extra de $100.000, sumando un total de $200.000; mientras que la tramitación de resolución inmediata implica un arancel adicional de $230.000, lo que lleva el costo total a $330.000.
El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.
En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, se estableció que no habrá costo siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallos formales detectados en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.
Modalidades y valores del DNI (a partir del 6 de marzo de 2026)
DNI común
Trámite regular: $10.000
Entrega en domicilio en hasta 25 días hábiles.
DNI exprés
Valor: $26.000
Entrega en domicilio dentro de las 96 horas hábiles posteriores al trámite. Disponible en todas las delegaciones del país.
DNI 24 horas
Valor: $41.000
Retiro en la oficina de origen 24 horas hábiles después del trámite. Solo disponible en Centros de Atención del RENAPER habilitados.
DNI al instante
Valor: $57.000
Entrega en el acto, entre 2 a 6 horas hábiles, únicamente en oficinas habilitadas (como sedes centrales del RENAPER o aeropuertos internacionales).
Modalidades y valores del Pasaporte
- Pasaporte ordinario: $100.000 Entrega en domicilio en hasta 30 días hábiles.
- Pasaporte exprés: $200.000 Entrega en domicilio en 48 a 96 horas hábiles.
- Pasaporte de resolución inmediata: $330.000 Entrega en el mismo día, en oficinas habilitadas.
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PUERTOS: HAY ACUERDO
El Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio e informó el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques en las vías navegables del país que se encontraban paralizadas.
El pacto incluye la suspensión del decreto 690/2026 que desreguló la actividad y generó el conflicto.
Como parte del entendimiento, ante Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales recalcaron que el Poder Ejecutivo resolvió suspender de "manera temporal" la aplicación de la medida.
Y dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para debatir los distintos aspectos normativos y operativos que componen la actividad.
La instancia de diálogo estará bajo la coordinación del Gobierno Nacional y contará con la participación de representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto a otros organismos competentes en la materia. El espacio buscará, según el oficialismo, avanzar en la revisión puntual de los ejes contemplados en el decreto de desregulación para alcanzar un consenso definitivo.
Con la firma del acta y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomarán la prestación regular de sus servicios en los puertos de manera inmediata mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa técnica
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Prefectura intimó a más de 500 prácticos a levantar el paro en los puertos
Mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno -a través de Prefectura Naval Argentina- intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado
“En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (...) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, argumenta el edicto de la Prefectura Naval.
La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. Más de 150 buques se vieron afectados.
Ante la profundización del impacto económico por el paro que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente, informó La Nueva.
Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.
La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial, informó la agencia Noticias Argentinas.
Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.
El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos -que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido-, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.
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Paro en puertos: Gobierno defendió la desregulación y aplicará sanciones
Con la actividad en los puertos paralizada por cuarto día consecutivo a raíz de un paro de los prácticos, el gobierno nacional defendió el decreto que desreguló la actividad de esos profesionales, a los que les advirtió con sanciones sus sostienen esa protesta, bajo el argumento de que se trata de una “actividad esencial”.
El encargado de dar a conocer la postura oficial fue el vocero Adrián Ravier, quien en conferencia de prensa explicó que con el decreto 690/2026, que desreguló la actividad del practicaje “Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia [transporte marítimo] la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países”.
De acuerdo al portavoz, la norma, redactada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger habría bajar los costos “con competencia”. Según argumentó, “abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos".
Pero más allá de esa defensa, que el portavoz realizó con argumentos que los prácticos rechazan de plano, Ravier advirtió sobre sanciones a los más de 500 prácticos que están sin trabajar, una medida de fuerza que paralizó la actividad de los puertos y está generando pérdidas económicas importantes.
"Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen esto para perjudicar la logística. Este es un servicio esencial que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones”, advirtió Ravier. Más temprano, Prefectura Naval los había intimado a retomar el servicio.
La esencialidad implica que pese a una medida de fuerza se debe asegurar el 75% de la prestación del servicio, lo que no está ocurriendo en este caso. Ayer,
Sin embargo, por ahora el conflicto no desescaló. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto de inconstitucional y anticipó una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación.
Esa Asociación niega que esté defendiendo una posición de mercado de los prácticos y, junto con la Cámara del Practicaje sostienen que los cambios que establece el decreto podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad en torno a las maniobras de grandes buques en la aproximación y el ingreso a los puertos.
Entre los cambios centrales que introduce, el decreto 690, que sustituye al reglamento de practicaje que regía desde 1991, figura la eliminación del límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y la habilitación para que armadores y agencias marítimas los contraten en forma directa.
También establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada experiencia a navegar sin contratar un práctico. Sturzenegger había resumido el espíritu de la reforma con una frase que anticipó el tono del conflicto: la norma buscaba, dijo, “desarmar kioscos”.
El paro mantiene paralizado los puertos argentinos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de buques permanecen sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, el corazón del complejo agroexportador del país.
Mientas la Cámara Argentina de Energía advirtió que la prolongación de la medida de fuerza podría generar problemas de abastecimiento energético, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, calculó en “entre 50 y 100.000 dólares por día” y por buque.
Idígoras observó además que por el conflicto “la afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país, los que traen autos, los que descargan combustible, todos, todos los puertos, los barcos que circulan por Asia y desde la Argentina están paralizados”.
