2 de marzo de 2026

El gobierno de Italia impulsó la reforma constitucional mediante un referéndum que tiene como gran protagonista a la comunidad de italianos en Argentina, con alrededor de un millón de posibles sufragios,

La iniciativa de la administración de Giorgia Meloni busca modernizar el sistema judicial. Entre otros puntos, apuesta por separar a los jueces de las investigaciones y crear dos corrientes dentro de la Justicia: la de los magistrados y la de los fiscales. Para el oficialismo italiano, el cambio busca una “justicia justa” y la oposición teme que la reforma someta a los fiscales, los encargados de la investigación, al poder político.

Argentina aparece entonces como un actor fundamental para estas elecciones porque acumula un millón de votos, un 25% de la cantidad de sufragantes que hay en América Latina

Los votantes del exterior tienen tiempo hasta el 19 de marzo a las 16 para emitir su voto en cualquier sucursal de Correo Argentino o en el Consulado más cercano. Un trámite gratuito para incentivar la participación de aquellos que recibieron el sobre con el talonario de votación. “En Italia sigue la justicia como en 1948 y en los últimos años generó problemas de lawfare o corrupción y por ende el gobierno de Meloni pide un cambio en esta situación”, comentó Manolo Contini, consigliere italiano.

Los cambios que propone Meloni suelen ser familiares para los argentinos ya que intenta acercar el sistema judicial italiano a lo que se aplica en el país con la figura del fiscal como investigador principal y el juez definiendo la pena o no en cada caso.

En Argentina, los delitos federales son investigados por funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF), creado en 1998, mientras Italia debate tener su propio Ministerio Público de la Acusación (MPA) 

Al ser un referéndum constitucional sólo tendrá validez si vota el 50% del padrón. Por eso Argentina y América Latina juegan un rol especial. Hasta el 4 de marzo, los argentinos con ciudadanía italiana recibirán el sobre de votación De no ser así para el 8 de marzo, se debe tramitar un duplicado en la sede consular respectiva.

El modelo actual de la justicia italiana está vigente desde 1948 tras la caída del fascismo. A más de 75 años de su implementación, Meloni busca cambiar tres puntos cruciales.

El primero es la separación de carreras entre jueces y fiscales. En la actualidad, un magistrado italiano puede alternar funciones, es decir, ser fiscal y acusar, para luego ser juez y juzgar. El gobierno de Italia quiere que esto quede en el pasado y definir que un juez no puede ser fiscal o viceversa. Según lo advertido por el oficialismo así se garantiza la imparcialidad del juez.

El segundo es la implementación de dos Consejos Superiores de la Magistratura (CSM), uno para jueces y otro para fiscales. El texto presentado por el gobierno italiano expresa que la elección de estos consejos será mediante sorteo. En la actualidad existe un consejo sólo que define las dos carreras y es elegido por el voto entre pares.

El tercer punto es la Alta Corte Disciplinare. En concreto, se crea un tribunal externo para juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados. Esto le quita potestad al CSM.

La coalición de gobierno, es decir, los tres partidos Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia, recibió el apoyo de la Unione delle Camere Penali Italiane (la asociación que nuclea a los abogados penalistas) para cambiar el sistema judicial.

Del otro lado la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que representa al 90% de los jueces y fiscales del país, y marcó que un cambio “domesticará” a la justicia y romperá la unidad clave entre jueces y fiscales para investigar al poder político. Encolumnados detrás de la ANM están los cinco partidos de la centroizquierada y la mayoría de los integrantes de la academia jurídica.

La oposición marcó que menos del 1% de los magistrados pasa de una carrera a otra. Edoardo Fracanzani, doctor en Política y Gobierno por la Universidad La Sapienza de Roma, radicado en Córdoba y autor de Le origini del conflitto (Los orígenes del conflicto), manifestó que cambios similares impuestos en Hungría y Polonia introdujeron controles sobre los fiscales y defendió el sistema actual: “Garantiza un alto nivel de independencia. Gracias a eso se pudieron investigar vínculos con la mafia y la corrupción de alto nivel. La reducción de esa autonomía implicaría, de manera directa, una menor capacidad de control por parte de los fiscales”.

Hay cuatro puntos claves que la reforma de Giorgia Meloni intenta modificar: las carreras judiciales, el gobierno, la selección de los jueces y fiscales y las sanciones a las que serán sometidos en caso de fallar como funcionarios públicos. El modelo argentino, con sus falencias, es un camino que seguir para Meloni. Así como también el sistema brasileño o el de otros países del mundo.

Las carreras judiciales en Italia hoy están unificadas, pero restringidas. Hoy un juez puede saltar al bando de los fiscales, pero sólo si lo decide en los primeros 10 años de carrera y por única vez. En Argentina son estructuras y concursos totalmente distintos, la reforma que plantean en Italia apuesta por copiar el modelo argentino.

En tanto, el gobierno de la justicia en Italia tiene un sólo CSM, que gestiona a jueces y fiscales por igual. En Argentina existe el doble mando, otro punto que intenta repetir Meloni.

La selección de magistrados en italianos es votada por sus representantes y se generan facciones. En Argentina, para elegir jueces y fiscales hay una mezcla de examen técnico y selección política. Meloni, en Italia, quiere que sean elegido por lotería.

Las sanciones hoy en Italia se definen por el propio CSM, mientras que en Argentina existe el Jurado de Enjuiciamiento Independiente (Jury). Si se llega a dar una reforma en Italia, la Alta Corte, el tribula externo que se creará, juzgará las faltas éticas y legales.