País
La boda de una pareja ‘trans’ en una iglesia es declarada nula
18 de febrero de 2026
El Arzobispo de Corrientes declaró nulo el matrimonio entre una pareja transgénero celebrado el 28 de enero en una iglesia de esa provincia. El sacerdote que lo ofició afrontará medidas disciplinarias canónicas.
Cuando el caso saltó a la prensa el arzobispado desmintió haber autorizado la ceremonia y advirtió de que la omisión de las condiciones esenciales del sacramento puede generar confusión entre los fieles.
Hoy se ha sabido que el Arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregaín, declaró nulo el matrimonio celebrado el pasado 28 de enero en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya entre una pareja transgénero, por no cumplir los requisitos canónicos esenciales para la validez del sacramento. El sacerdote que ofició la ceremonia afrontará medidas disciplinarias formales.
Uno de los integrantes de la pareja de afirmó siguió los trámites habituales. «Nos acercamos al fraile para hablar con él, y nos recibió con mucha calidez. Tuvimos una conversación y nos explicó los pasos a seguir», afirmó.
El padre Gómez habría comunicado posteriormente a la pareja que «no había nada que objetar respecto a nuestra capacidad para contraer matrimonio, porque, en términos biológicos, éramos un hombre y una mujer» y que, por tanto, «podíamos recibir la bendición del sacramento del matrimonio».
Afirmó que no era creyente y que lo que muchos han interpretado como una ceremonia no era más que un melodrama. La pareja habría sido autorizada, además, a usar sus nombres actuales en la documentación eclesiástica, sin necesidad de recurrir a los nombres que figuran en sus actas de bautismo.
Cuando la noticia trascendió públicamente, tanto la Arquidiócesis de Corrientes como la propia parroquia de Nuestra Señora de Pompeya emitieron declaraciones oficiales.
En su comunicado, fechado el 8 de febrero, la Arquidiócesis recordó que «la Iglesia, como madre y maestra, pone especial cuidado en la celebración de los sacramentos», y que el matrimonio, «como sacramento, requiere el cumplimiento de ciertas condiciones esenciales para su validez y licitud, tal como establece el Derecho Canónico y la viva tradición de la Iglesia».
El texto subrayó que «la omisión de estas condiciones no solo desvirtúa el sentido profundo del sacramento, sino que puede generar confusión en la comunidad de los fieles».
La Arquidiócesis informó asimismo de que el arzobispo actuó «emitiendo las oportunas admoniciones y las medidas disciplinarias canónicas formales que correspondan», dado que «en ningún momento esta Sede Arquidiocesana recibió la documentación eclesiástica requerida para las formalidades propias de estos casos».
El propio arzobispo Larregaín explicó que, en estas circunstancias, el matrimonio se considera nulo ipso facto, es decir, nulo por el propio hecho, al no cumplir los requisitos de «materia y forma» exigidos para la validez de un sacramento. «Eso ocurre de forma automática, pero se emite un decreto formal», precisó.
El prelado insistió en que acoger a todos en la Iglesia, incluidas las personas transgénero, no implica administrar los sacramentos cuando no se dan las condiciones necesarias, y recordó la declaración del Papa Francisco Fiducia Supplicans sobre las bendiciones, haciendo hincapié en la necesidad de evitar cualquier confusión con el rito del matrimonio, a pesar que el propio documento puede interpretarse de otra manera y desde el Vaticano se han negado a enmendarlo.
En su declaración independiente, la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya recordó que el matrimonio cristiano «requiere condiciones canónicas esenciales para la validez y la licitud», entre ellas que «las partes sean libres y capaces de contraer matrimonio, que no exista ningún impedimento canónico y, de modo decisivo, que presten un consentimiento verdadero». La parroquia indicó que, «por respeto a la intimidad de las personas implicadas, no se facilitarán detalles ni se fomentará la especulación».
El padre Gómez reafirmó su «compromiso con una auténtica atención pastoral, siempre unida a la verdad del sacramento», y anunció que «se reforzarán los procedimientos de entrevista, preparación y verificación a fin de salvaguardar la santidad de los sacramentos y evitar la confusión en la comunidad».
La opinión jurídica y el contexto social en Corrientes
El abogado Ricardo Lugo, experto en Derecho Canónico, considera que la solicitud del sacramento fue aceptada por la parroquia «porque los contrayentes tenían géneros distintos» y que, desde su punto de vista, «se habían cumplido los requisitos civiles y eclesiásticos que rigen ambas instituciones».
Luego señaló que la mayor parte de la comunidad católica local no objetó la ceremonia, pero que «un grupo minoritario presentó una queja ante el arzobispo y se inició un procedimiento canónico». El canonista añadió que Corrientes «es una comunidad más conservadora y tradicional, alejada de los grandes centros urbanos, donde el caso no tuvo mucha repercusión».
Sergio Petroni, activista católico del colectivo LGBT en Buenos Aires y miembro fundador del grupo más antiguo de católicos LGBT de Argentina, activo desde 2005, señaló que los cambios reales en la Iglesia «tardan mucho en materializarse».
«Fui seminarista y entiendo que la Iglesia se mueve mucho más despacio que la cultura y la sociedad: da pasos atrás para no cometer errores», indicó. Petroni, que lleva diecisiete años de relación de pareja, reconoció que desearía poder recibir el sacramento del matrimonio, aunque admitió que lo ve improbable.
«Estoy convencido de que cualquier cambio respecto al matrimonio LGBT no ocurrirá en mi vida», concluyó, aunque apostó por la transformación cultural como vía para lograr ese objetivo desde dentro de la Iglesia.
País
Malvinas, siempre
En medio de una carrera a contrarreloj, el Gobierno mantuvo una reunión con un grupo de diputados para lograr el tratamiento y la aprobación del proyecto sobre Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, este martes 27 de octubre habrá un plenario en donde el oficialismo buscará dictaminar el proyecto y enviarlo al recinto.
Según la Agencia Noticias Argentinas, de la reunión participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y participaron diputados nacionales de distintos partidos, del PRO, del MID e incluso del Partido Justicialista (PJ).
La carrera por el tratamiento del proyecto viene frenada. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se postergó para el 27 del corriente mes a las 16 horas, donde se verá si al oficialismo le alcanza o no para conseguir dictamen. Sin embargo, y en caso de que lo logren, pocos apuestan a una sesión este mismo miércoles 28 de octubre, la última fecha libre que aparece en el calendario para aprobar el proyecto en el recinto.
El mayor problema es que noviembre es un mes "sold out": con un calendario presumiblemente saturado, donde dominará la discusión del Presupuesto y dejará pocos resquicios para tratar otras agendas. Pero además presenta otros inconvenientes a la hora de encontrar una fecha plausible de sesión: los feriados por la visita del Papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos complican la planificación legislativa.
"Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos", sostuvo Ravier en sus redes, luego de la reunión.
A su vez, indicó que la Ley de Defensa de la Soberanía es "prioridad para este Gobierno" porque la causa Malvinas "es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro".
Los puntos clave del proyecto del Gobierno
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.
Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.
Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.
Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El presidente Javier Milei durante su discurso en cadena nacional.
El presidente Javier Milei durante su discurso en cadena nacional.
Foto: Agencia NA (Captura pantalla)
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.
Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales.
Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.
Agencia NA
País
YPF aseguró que cerrará 2026 con ganancias récord
La empresa petrolera de bandera, YPF, aseguró que el balance de 2026 cerrará con ganancias récord para la compañía, al tiempo que definió la fecha en la que se firmará el acuerdo de "Argentina LNG".
El presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, comentó cuáles son los números que manejan para el balance anual del corriente año, en donde deslizó que están cerca de cumplir con el objetivo de producción.
"Este año va a ser récord de YPF de ganancias. Aún a precios muy bajos hubiese sido el año récord", dijo en declaraciones con la prensa, en donde además indicó que el objetivo de producción para 2026 recae sobre los 250.000 barriles diarios de petróleo, provenientes del yacimiento Vaca Muerta.
Respecto al año próximo, Marín afirmó que presentará los planes de producción en Nueva York, el 6 de abril, y manifestó que "todos se van a sorprender por la producción de YPF de diciembre del 2027".
En cuanto al "Argentina LNG", el proyecto que la petrolera impulsa junto con la italiana Eni y XRG (brazo internacional del grupo estatal emiratí ADNOC), para exportar Gas Natural Licuado (GNL), el ejecutivo reafirmó la fecha del 26 de noviembre, tal como había contado la Agencia Noticias Argentinas durante el "Argentina Week" en París.
Según relató, el proyecto contempla inversiones por US$30.000 millones durante los cuatro años venideros y exportaciones por aproximadamente US$10.000 millones.
"Argentina va a ser netamente exportador, va a llegar a ser el sexto exportador del GNL a nivel mundial y va a ser el quinto exportador de garrafas. Vamos a tener que hacer la planta veces más grande de la que hay hoy en Neuquén para separación de petróleo y gas", manifestó Marín.
Consultado acerca del precio de los combustibles, los cuales se encuentran "congelados" debido al "buffer" de precios que realizó la petrolera, el empresario aseguró que desde YPF ven "todos los surtidores y la demanda, hora a hora, día a día, mes a mes".
"Lo que vimos en marzo y se sigue viendo es que la demanda pasó a ser elástica, no en la Ciudad de Buenos Aires, pero en las demás localidades pasó a ser elástica". El "buffer" es un mecanismo el que consiste en amortiguar los movimientos de los precios del petróleo internacional para que no se traslade el 100% a los surtidores.
Y, agregó, que todavía no tienen una fecha en la que se liberará este control de precios, debido a la incertidumbre y volatilidad que se origina en Medio Oriente. "No se sabe, no lo sabe nadie. Hay mucha volatilidad en el precio, entonces por eso nosotros mantenemos el 'buffer'".
País
Planta de conservas de pescado suspende a 60 operarios
La empresa y marca del Grupo Arcor negocia con el Sindicato el porcentaje que cobrarán los trabajadores durante la suspensión, a partir del miércoles 28. Falta de materia prima, sobrestock de producto importado y escasez de demanda
Un problema básico es la falta de caballa, utilizada en la elaboración de conservas. Según datos del sector, los desembarques de esta especie cayeron cerca del 90% respecto de los del año anterior. Ante esas restricciones, la empresa había recurrido parcialmente a lomos de atún congelados que importaba de Ecuador. A esos problemas de abastecimiento se sumó la acumulación o sobre-stock de latas de atún en un contexto de baja demanda, que limita la venta de productos terminados y traba la elaboración.
Otro problema, relacionado, es que el buque Floridablanca, usualmente dedicado a la pesca de caballa, volvió a concentrarse en la pesca de merluza hubbsi.
La planta marplatense de La Campagnola tampoco procesa anchoa de Rawson ni de la provincia de Buenos Aires, lo que limitó las posibilidades de reemplazo de materia prima por otras especies, en un contexto en el que -de todos modos- la caída de la demanda y niveles de consumo sigue limitando la posibilidad de soluciones.
En un comunicado, el Grupo Arcor explicó la situación del siguiente modo: “Ante la falta de materia prima disponible debido a una temporada de caballa que resultó adversa, La Campagnola se ve impedida de contar con un abastecimiento regular para sostener la producción de su planta ubicada en Mar del Plata.
Ante esta situación, la compañía está analizando, en conjunto con el sindicato, alternativas en el marco de la normativa laboral vigente”. Cabe consignar que tanto el convenio de la actividad como la legislación vigente establecen mecanismos para atender este tipo de situaciones, uno de los cuales es la suspensión temporal de actividades.
La planta de La Campagnola en Mar de Plata es la única en la que elabora conservas de esa marca en el país y había sido comprada por Arcor en 2006. En 2019, además, el grupo había llevado a cabo el cierre definitivo de su planta de conservas en la provincia de Mendoza, lo que afectó a 150 operarias. Actualmente, la marca La Campagnola dispone de otras tres plantas dedicas al procesamiento, elaboración y envasado de salsas de toma en San Juan, Mendoza y Río negro.
Este nuevo parate fabril se inscribe en un contexto de retracción de los niveles de consumo. Datos de la consultora Scentia indican que el consumo masivo registró una caída interanual del 1,7% en septiembre y acumulando un retroceso del 2,7% en los primeros nueve meses de 2026. En paralelo, los delegados gremiales y los ejecutivos del Grupo Arcos siguen negociando las condiciones económicas y los porcentajes salariales que percibirán los 60 operarios durante el período de suspensión.
Una planta del Grupo Arcos en la Argentina
Esa negociación determinará a su vez la reorganización de las líneas productivas en la medida que continúen los problemas de abastecimiento y la falta de salida comercial, que inciden sobre la viabilidad y rentabilidad de las plantas.
En cuanto a la negociación con el gremio, Daniel Maggio, delegado de la planta industrial, dijo que las partes todavía deben definir qué proporción de los ingresos percibirá el personal durante el período de inactividad.
El acuerdo se encuadraría en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la posibilidad de acordar asignaciones no remunerativas durante suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o por fuerza mayor debidamente acreditada.
La decisión de La Campagnola se suma a las dificultades que atraviesa el complejo pesquero de Mar del Plata, de menor disponibilidad de materia prima y problemas para vender la producción, con la consiguiente incertidumbre sobre la continuidad de los puestos laborales. Infobae
