El gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con la publicación del Decreto 138/2026 en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dejó en vigencia la normativa que el Senado aprobó días atrás durante el período de sesiones extraordinarias.

El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, consiguió aprobar la iniciativa el pasado 27 de febrero, con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención en la Cámara alta. Con esa votación, el Gobierno avanzó con una de las reformas penales que promovió durante el debate parlamentario, orientada a modificar el tratamiento judicial de los delitos cometidos por adolescentes.

En principio, la normativa introduce un sistema de penas diferenciado que contempla la edad y las circunstancias de los adolescentes involucrados en causas judiciales. Al mismo tiempo, el nuevo esquema define criterios para determinar las sanciones aplicables y fija pautas específicas para la intervención del sistema judicial frente a delitos cometidos por menores de edad.

“El régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización, a fin de que el adolescente imputado obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. Además, deberá tender a disminuir el riesgo de que incurra en la comisión de nuevos delito”, establece la ley.

Por otro lado, la normativa determina que la privación de la libertad deberá aplicarse únicamente como último recurso y por el tiempo más breve posible. En ese aspecto, el texto también prohíbe de forma expresa la imposición de penas perpetuas o de carácter indefinido, así como la generación de antecedentes penales permanentes para los adolescentes.

En tanto, la legislación también fija condiciones estrictas para ordenar restricciones de libertad durante el proceso penal juvenil. “La medida que implique la restricción de la libertad durante el procedimiento deberá decretarse en auto motivado y fundamentarse en la existencia de riesgos procesales debidamente constatados”, establece la norma al precisar los requisitos que deberán cumplir los magistrados.

Además, el nuevo esquema establece condiciones específicas para el alojamiento de adolescentes que resulten detenidos en el marco del sistema penal juvenil. En ese sentido, la ley dispone que, cuando el encierro resulte indispensable, el adolescente deberá permanecer en establecimientos especialmente acondicionados para ese fin y bajo la supervisión de personal capacitado para su tratamiento, al tiempo que prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.

Finalmente, el Régimen Penal Juvenil establece pautas procesales orientadas a agilizar las causas que involucren a menores de edad. Sobre este punto, la normativa dispone que el proceso penal deberá avanzar con premura, en especial cuando el imputado permanezca detenido, y advierte que una dilación injustificada por parte del magistrado interviniente constituirá una falta grave que podrá derivar en sanciones disciplinarias.

Organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales se movilizaron este lunes en las principales ciudades del país en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con marchas, actos y un paro de actividades para visibilizar reclamos vinculados con la violencia de género, la desigualdad laboral y la situación social y económica.

La convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos y contó con la participación de organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), además de agrupaciones feministas, partidos políticos y movimientos sociales. Entre ellas estuvieron la agrupación Pan y Rosas, vinculada al Frente de Izquierda e integrada por la diputada Myriam Bregman, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras.

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización principal comenzó alrededor de las 16.30, cuando columnas de manifestantes partieron desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo. La jornada se replicó en distintas provincias, con marchas y actividades en ciudades como Tucumán, Paraná y Mar del Plata.

Las organizadoras habían decidido trasladar la movilización central al lunes 9 de marzo, un día después de la fecha oficial del 8M, con el objetivo de reforzar el impacto del paro de mujeres en los ámbitos laborales, educativos y productivos.

La movilización volvió a reunir demandas que el movimiento feminista sostiene desde hace más de una década. Entre ellas, el rechazo a la violencia machista, la denuncia de la precarización laboral y el reclamo por la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Según un informe del observatorio de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), en los primeros meses del año en Argentina se registra un femicidio cada 39 horas, lo que equivale a un promedio de 0,6 asesinatos por día.

En materia económica, un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, una diferencia que se amplía en los empleos informales y en los puestos de mayor jerarquía.

Las organizaciones también remarcaron el peso de las tareas de cuidado no remuneradas. Un informe de UNICEF indicó que en Argentina 7 de cada 10 padres no cumplen con la cuota alimentaria, por lo que las madres quedan a cargo mayoritariamente de la manutención y el cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Un grupo de manifestantes fue al domicilio de Cristina Kirchner
Durante la jornada, un grupo de manifestantes se dirigió hacia el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La exmandataria salió al balcón del departamento y saludó a las personas que se habían congregado frente al edificio antes de continuar con la movilización hacia el centro porteño.

El Gobierno evitó confrontar y dispuso un operativo reducido
A diferencia de otras protestas de gran magnitud, el Gobierno nacional mantuvo este lunes un perfil bajo frente a la movilización del 8M y evitó confrontar públicamente con las consignas del movimiento feminista.

Tampoco se desplegó un operativo de seguridad amplio como en otras manifestaciones. Según se observó durante la jornada, no se aplicó el protocolo antipiquetes y la presencia de fuerzas de seguridad en la zona del Congreso fue menor que en protestas recientes, sin un dispositivo especial para garantizar la circulación vehicular.

Como en años anteriores, la jornada del 8M se replicó en distintas ciudades del país con marchas, actos y actividades culturales que buscan visibilizar las desigualdades de género y las condiciones sociales y económicas que afectan especialmente a mujeres y diversidades. Foto NA

El Gobierno argentino confirmó que ya fueron repatriados 248 ciudadanos que se encontraban varados en Emiratos Árabes Unidos a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La información fue difundida por el canciller Pablo Quirno, quien detalló que el operativo sigue en marcha y que todavía quedan más vuelos programados para completar el regreso de los argentinos que permanecen en la zona.

El canciller Pablo Quirno informó que 248 de los 416 argentinos registrados en Emiratos Árabes Unidos ya lograron salir del país asiático. El traslado fue posible gracias a gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajada argentina y el consulado, que coordinaron con autoridades locales y aerolíneas.

El funcionario explicó que el operativo continúa activo porque todavía hay argentinos que esperan una solución para regresar. “Hay más vuelos programados para los próximos días”, señaló Quirno en sus redes sociales, donde también afirmó que el objetivo es asegurar que los ciudadanos puedan volver de la forma más rápida y segura posible.

Los primeros traslados se concretaron a partir de vuelos operados por Emirates, que retomó parte de su programación hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con escalas en Río de Janeiro. Estos vuelos forman parte de un cronograma reducido que se habilitó tras la reapertura parcial del espacio aéreo en la región.

El conflicto en Medio Oriente que dejó a cientos de personas varadas
La situación se originó por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que provocó el cierre casi total del espacio aéreo en varios países de la región. Como consecuencia, muchas aerolíneas suspendieron operaciones y miles de pasajeros quedaron sin posibilidad de viajar.

En el caso de Dubái, el aeropuerto se convirtió en un punto crítico del tránsito internacional. Allí quedaron varados cerca de 1500 ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos los argentinos que estaban de turismo o en tránsito desde otros destinos como Israel o Qatar.

Frente a ese escenario, la Cancillería argentina recomendó evitar traslados terrestres no coordinados hacia Omán o Arabia Saudita, debido a la falta de garantías de seguridad en rutas fronterizas. En cambio, se pidió a los ciudadanos permanecer en ciudades con infraestructura y servicios mientras se organizaban los vuelos de regreso.

El sistema de embarque se organiza bajo un esquema de priorización, que contempla familias con menores de edad, personas con problemas de salud y pasajeros con situaciones urgentes. Mientras tanto, las autoridades continúan negociando con aerolíneas para habilitar nuevos cupos y completar el regreso de los argentinos que siguen en Emiratos Árabes.