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Arde Chubut: evacúan otra localidad y cierran un tramo de la Ruta 40
10 de enero de 2026
El distrito de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de Chubut, ordenó la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, así como otras zonas con pobladores como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco, ante el avance del fuego que se inició el 5 de enero en la región andino-patagónica y que ya afectó a más de 5.000 hectáreas
El operativo de emergencia, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para el traslado de residentes hacia la Escuela Nº 223, ubicada con salida a la Ruta Nacional 40. Se indicó a la población evacuar únicamente con pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de emergencia.
Como ocurrió en otras localidades de Chubut, la medida apunta a resguardar la integridad de los habitantes, que en los últimos días superó los 3000 evacuados.
El Pedregoso se ubica en la zona que lo cruza el homónimo arroyo. Está en el departamento Cushamen, a pocos kilómetros al sur de El Hoyo. Durante muchos años, fue considerada un paraje rural con población dispersa y escasa relevancia demográfica, aunque muy afectada por los incendios forestales en los últimos años.
La medida apunta a mitigar las llamas que irradiaron desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y que se expandió rápidamente por la sequedad de los matorrales y el bosque andino-patagónico.
El avance de las llamas obligó a evacuar a más de 3.000 personas y destruyó al menos diez viviendas en Epuyén, confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. Miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares mientras continúa el despliegue de recursos para intentar contener el avance del fuego. Según la información oficial, el desastre ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo.
Este sábado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, consideró que este fenómeno se agravó por la “mayor sequía desde 1965”, según explicó al canal TN. El mandatario describió la situación como “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.
En la provincia, más de 300 brigadistas, voluntarios y vecinos que desde hace días combaten el fuego en condiciones extremas. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”, enfatizó el mandatario. “Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”, caracterizó Torres. Y añadió que las condiciones meteorológicas tampoco colaboran: “Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas, más allá de la temperatura. Ayer el viento no ayudó, hoy van a ser ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora”.
En cuanto a los recursos desplegados, Torres informó que el operativo cuenta con apoyo de brigadistas provenientes de varias provincias y de Chile, así como medios aéreos destacados, entre ellos el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, con temperaturas superiores a 25 °C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h registrados en la zona.
Sobre el origen del incendio, el gobernador señaló que en el Parque Nacional Los Alerces, el fuego fue provocado por una tormenta eléctrica, producto de un rayo. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada, la investigación apunta a un inicio intencional. “La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”, precisó. El gobernador insistió en que “este incendio no puede quedar en la nada” y subrayó que la sociedad exigirá una sanción ejemplificadora.
El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que la investigación judicial se centra en determinar responsabilidades por la presunta intencionalidad del fuego.
El monitoreo de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz continúan bajo la supervisión del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que recomendó a la población circular solo ante necesidad extrema.
El actual incendio en la región se desarrolla en un contexto de sequía extrema, marcado como el verano más seco de la última década. Las condiciones climáticas excepcionales han elevado el riesgo de propagación de focos, con temperaturas elevadas y un nivel de humedad notablemente bajo que favorecen la inflamabilidad del terreno.
El antecedente más cercano de incendios forestales se registró hace solo un año, cuando Epuyén sufrió un incendio que devastó entre 2.300 y 3.000 hectáreas, obligando a la evacuación de más de 200 familias y dejando decenas de viviendas afectadas.
Un grupo de casin una veintena de organizaciones ambientalistas responsabilizó al Gobierno por la magnitud de los incendios forestales en Chubut, al denunciar recortes y subejecución de fondos en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y otras áreas de prevención.
En el documento, que lleva la firma Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, entre otras, se denuncia la “inacción climática estatal” y el ajuste en el gasto público que agrava la situación de los incendios en la Patagonia.
El texto, titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, advierte que estos megaincendios “son consecuencia directa de decisiones humanas” y no hechos aislados, y subrayan que “los incendios que actualmente atraviesan la Patagonia son otro de los síntomas alarmantes de los impactos de la crisis climática global, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles”.
Las organizaciones destacan que “la inacción estatal en materia de mitigación y prevención” agrava la situación, y critican el “crecimiento desmedido de extensas plantaciones forestales con especies exóticas invasoras y profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, sumado al desmanejo y la falta de regulación respecto de estos pinares”.
“El crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo, con marcados intereses inmobiliarios y de otro tipo, crean las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego”, agrega el texto.
La declaración denuncia el “desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pone en riesgo la estructura del organismo responsable no solo de la supresión y el combate de incendios, sino también de las indispensables tareas de prevención”. Precisan que en 2024, “el Gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado” al área, pese a que fue “el año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años”.
En 2025, “la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas”.
El incendio forestal mantiene en alerta a miles de residentes y turistas.
Según las entidades, “durante la última temporada de incendios en la Patagonia, la superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025”. Además, citan advertencias de investigadores del CONICET, quienes sostienen que “esta tendencia creciente aumentaría por seis hacia fines del siglo XXI”.
Ante el 2026, las ONGs remarcaron que la partida presupuestaria del SNMF contará con $20.131 millones, lo que implica “una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025”. A esto se suma la reducción en “las horas de vuelo previstas y ejecutadas” y en los “informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios”, instrumentos que califican de “clave para un enfoque preventivo”. Infobae/TN
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ATENCIÓN! Modifican el sistema de control de la AUH
El Gobierno nacional modificó el sistema utilizado para controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y amplió el mecanismo de verificación automática de las condiciones de salud, vacunación y escolaridad.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial. La medida se conoce horas después que el Gobierno mandara el Presupuesto 2027 al Congreso y entre su articulado está la intención de eliminar los aumentos automáticos de las asignaciones familiares y la AUH.
Hasta ahora, la Ley 24.714 establecía que el 80% de la asignación se abonaba mensualmente y que el 20% restante quedaba retenido hasta que el titular acreditara el cumplimiento de determinadas condiciones.
En el caso de los menores de hasta cuatro años, debían comprobarse los controles sanitarios y el calendario de vacunación obligatorio, mientras que para los niños y adolescentes en edad escolar también debía acreditarse la asistencia al ciclo lectivo correspondiente.
En los considerandos de la flamante normativa, el Gobierno recordó que mediante la Resolución 1170/2025 se había implementado un mecanismo de verificación automática únicamente para los controles sanitarios y de vacunación de los menores de hasta cuatro años. Ahora, se decidió ampliar ese sistema "tanto de salud como de educación, a todos los beneficiarios de dicha prestación".
Los cambios en la AUH
La principal modificación establece que "el cumplimiento de ambas condicionalidades se acreditará en forma automática a través del intercambio de información segura entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)".
La resolución mantiene, sin embargo, una vía alternativa para aquellos casos en los que la información no esté disponible en las bases oficiales. En esos casos, "el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de los procedimientos que dicho organismo determine al efecto".
Según el nuevo esquema, cuando se verifique automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación de los niños de hasta cuatro años, "el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el ochenta por ciento (80%) del monto de la prestación".
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La inflación mayorista subió en agosto 2,1%
Por un fuerte impacto en los valores de la energía, la inflación mayorista cortó la racha de desaceleración que mostraba desde mayo y registró un alza de 2,1% en agosto. La variación informada por el Indec contrastó fuertemente con el 0,8% del mes previo que había celebrado el gobierno de Javier Milei.
El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que este resultado de agosto fue consecuencia de un alza de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los productos importados. De la misma manera, en la medición interanual, los precios mayoristas registraron un avance de 29,8%. Por otra parte, en el acumulado del año, los precios mayoristas subieron 19,1%.
Si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista –que en agosto registró un alza de 1,7%–, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.
En su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que dentro de los productos nacionales —que aumentaron 2,1% en promedio—, los productos primarios registraron un incremento de 4,6%, explicado fundamentalmente por la suba de 8% en petróleo crudo y gas.
“De esta manera, la incidencia en el mes de la suba en productos primarios fue de 0,98 puntos porcentuales, de los cuales 0,71 p.p. correspondieron a petróleo y gas”, apuntó. También mencionó que los precios de los productos manufacturados subieron 1,3%, en lo que fue el menor incremento para esta categoría para un mes de agosto desde 2016.
Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, dijo que la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) está particularmente vinculada a la dinámica de los bienes transables: el tipo de cambio, los precios internacionales de las materias primas y la energía y el costo de los productos importados tienen una incidencia directa sobre el índice.
“Agosto combinó una suba moderada del dólar con un fuerte incremento del petróleo internacional, lo que ayuda a explicar por qué la presión mayorista se concentró especialmente en los componentes energéticos”, detalló.
En tanto, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, señaló que tanto el mes pasado como este, el precio del petróleo fue un factor clave: en julio había caído 9% y en agosto subió 8%.
Por su parte, Claudio Caprarulo, director de Analytica, sostuvo que la aceleración de los precios mayoristas estaba dentro de los parámetros esperados y coincidió en que estuvo explicada principalmente por el aumento de los productos primarios, en particular del petróleo y el gas.
Dentro de los productos manufacturados, destacó que alimentos y bebidas mantienen un ritmo de aumento del 1,4%, una categoría clave para analizar la evolución de la inflación minorista.
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Malvinas: No se descarta el uso de la fuerza contra buques ilegales
La Casa Rosada prepara cambios en el procedimiento de protección marítima dentro de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El esquema vigente ya permite perseguir, abordar y realizar disparos de advertencia o de invalidación contra pesqueros extranjeros en determinadas condiciones.
El Gobierno impulsa cambios para agilizar los procedimientos de interceptación y el eventual uso de la fuerza contra buques que incumplan órdenes en espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o sujetos a sus derechos soberanos. La reforma forma parte del capítulo de protección marítima de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y apunta, según explican en Nación, a reducir la cantidad de pasos que actualmente deben atravesarse antes de determinadas medidas coercitivas.
El Ejecutivo trabaja sobre un esquema comparable en su lógica al que prepara para la protección aeroespacial, donde también pretende revisar la secuencia de decisiones previa al empleo de la fuerza. En el caso marítimo, el análisis alcanza a la detección, intimación, persecución, abordaje y eventual utilización de armas contra embarcaciones que desobedezcan instrucciones.
Cerca de quienes intervienen en la elaboración confirman que el nuevo marco no estaría limitado a amenazas militares externas. También podría aplicarse a pesqueros extranjeros que operen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva y se nieguen a acatar las órdenes impartidas por las autoridades argentinas.
El punto exige una distinción: Argentina ya cuenta con herramientas para actuar contra esos buques. La Prefectura Naval puede detectar, perseguir, inspeccionar y apresar embarcaciones extranjeras que realicen pesca ilegal dentro de la ZEE y, bajo determinadas condiciones, continuar una persecución iniciada allí aun cuando el buque alcance alta mar.
Desde 2018 existe además un protocolo específico para los pesqueros extranjeros que incumplen la Ley Federal de Pesca. La secuencia contempla comunicaciones radiales, señales visuales, intimaciones de detención, abordaje y persecución. Si el buque mantiene una actitud de resistencia, el régimen permite escalar al uso de armas.
La norma distingue entre disparos de advertencia, que no deben impactar sobre la embarcación, y disparos de invalidación, destinados a provocar un daño limitado que permita detenerla. Estos últimos requieren autorización de la Dirección de Operaciones y deben evitar afectar a las personas que se encuentran a bordo.
El protocolo fija además cinco criterios para el empleo de la fuerza: legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad. Eso significa que el debate que abre ahora el Gobierno no consiste en autorizar por primera vez el uso de armas contra pesqueros, sino en modificar el procedimiento existente y eventualmente ampliar su alcance.
