Se aplicará de forma escalonada: primero al personal de salud y mayores de 65 años y; desde el 23 de marzo se amplía a todos los grupos de riesgo.

El ministerio de Salud de la Provincia lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en dos etapas; la primera dio inicio este miércoels 11 y está destinada al personal de salud, y mayores de 65 años. A partir del lunes 23/03, se ampliará a niñas y niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y, nuevamente esta temporada, a personas en contacto con aves de corral.

La inmunización, que estará disponible en forma gratuita en todos los vacunatorios bonaerenses; reduce las complicaciones, hospitalizaciones, y muertes ocasionadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo.  Además, es efectiva contra las formas graves de infección por variantes del subclado K; actualmente en circulación en el Hemisferio Norte y Sur; que aumentó la transmisión de la enfermedad durante este invierno en Europa y Estados Unidos.

Frente a esto, la estrategia de vacunación en territorio provincial se lleva a cabo de manera escalonada; de acuerdo a la población más expuesta a sufrir mayores complicaciones. No requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras inmunizaciones de calendario; por lo tanto, se aconseja concurrir al vacunatorio con DNI y libreta de vacunación, para su chequeo por parte del equipo de salud.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa, que tiene mayor circulación en los meses más fríos del año. El virus se transmite de una persona a otra a través de gotitas provenientes de las vías respiratorias que se propagan al toser, estornudar o también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones. Por lo general, la recuperación es en una o dos semanas, pero puede provocar graves complicaciones en grupos poblaciones de riesgo que no estén vacunados.

Para conocer los centros de vacunación más cercanos, con sus días y horarios de atención, se puede ingresar a: https://www.gba.gob.ar/vacunacion/#muni y seleccionar el distrito correspondiente para ver las opciones disponibles.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

1° etapa: Desde el 11/03

• Personal de salud.
• Mayores de 65 años.

2° etapa: A partir del 23/03

• Niñas y niños de 6 a 24 meses.
• Personas gestantes en cualquier trimestre de gestación.
• Puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad).
• Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.
• Personal estratégico.
• Personas en contacto con aves de corral.

Desde el sector advierten que algunas decisiones impositivas locales, como una reciente ordenanza en Pilar, podrían replicarse en otros municipios y profundizar la delicada situación económica de las instituciones educativas.

El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, que alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3 millones de alumnos, atraviesa un escenario de creciente incertidumbre. A las dificultades financieras que vienen arrastrando muchas instituciones —marcadas por el atraso en la actualización de cuotas, el aumento de costos y la caída de la matrícula— se suma ahora una nueva preocupación: la presión impositiva que comienzan a aplicar algunos distritos y que podrían extenderse a otros municipios.

Uno de los casos que encendió la alarma en el sector es el de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 112/25 que aumenta el 100% la tasa de seguridad e higiene y establece una contribución obligatoria  de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), explicó que esta medida puede provocar un fuerte impacto en las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos. “Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo ”, señaló.

De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos por mes en tasas municipales, lo que representaría más de 20 millones de pesos al año.

“En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad evalúa distintas medidas para que las autoridades municipales reconsideren la decisión.

Aumento salarial docente y presión sobre las cuotas

El escenario se vuelve aún más complejo por la negociación paritaria docente en la provincia. Según explicó Zurita, el Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a los aumentos previos otorgados a fines del año pasado.

Desde el sector educativo privado aseguran que no cuestionan las mejoras salariales, pero advierten que necesitan que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos.

“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave, difícil de afrontar”, explicó.

En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial.

Cierres de escuelas y caída de matrícula

Zurita también se refirió a los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años, algunos de ellos en el conurbano y también en la ciudad de La Plata.

Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.

Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar  los porcentajes de morosidad.

“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó.

Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza (LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.

La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.

El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.

Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.

Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.

“Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.

El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.

Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.

El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.

Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa