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UNICEF reveló una fuerte caída en los datos de pobreza
12 de noviembre de 2025
UNICEF Argentina dio a conocer que la pobreza en hogares con niños y adolescentes experimentó un descenso significativo: el porcentaje de familias cuyos ingresos no alcanzan para los gastos corrientes pasó del 48% al 31% en el último año. Este dato proviene de la 9na Encuesta Rápida, que analiza las condiciones económicas y sociales de la infancia y adolescencia en el país.
El informe señala que la recuperación resulta más visible en los sectores más vulnerables, donde el alivio en los ingresos permitió una mejor capacidad para afrontar gastos esenciales vinculados a la crianza, como útiles escolares, vestimenta y salidas. Paralelamente, mejoró el acceso a servicios básicos: la proporción de hogares que no puede asistir al médico o dentista por falta de recursos bajó en ocho puntos porcentuales, y la cantidad de familias que necesitan restringir comidas por falta de dinero se redujo del 52% al 30%.
No obstante, el endeudamiento de los hogares se mantiene como un desafío de magnitud creciente, especialmente entre los sectores medios. El porcentaje de familias con deudas—ya sea a través de tarjetas de crédito, bancos, prestamistas o ANSES—pasó de 23% a 31% en el último año. Si se consideran también los créditos tomados mediante billeteras virtuales, aplicaciones o mecanismos informales, la proporción asciende al 45%. Según la encuesta, cuatro de cada diez hogares se vieron forzados a dejar de pagar algún servicio, y un 16% enfrenta dificultades específicas para afrontar los pagos de tarjetas de crédito. Uno de cada diez debió interrumpir cobertura de medicina prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por dificultades económicas.
Rafael Ramírez Mesec, Representante de UNICEF en Argentina, subrayó la importancia de monitorear estos fenómenos: “La Encuesta Rápida a hogares con niñas, niños y adolescentes, que UNICEF realiza desde 2020, constituye una herramienta clave para comprender la evolución de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia en el país. Los resultados de esta nueva ola ponen de manifiesto frágiles avances a partir de la reducción de la pobreza, pero también desafíos que deben abordarse con prioridad en la agenda pública para consolidar y acelerar esa tendencia”.
El informe también remarca que, pese a las mejoras económicas, las desigualdades persisten y el endeudamiento creciente afecta principalmente a los hogares de ingresos medios. En este contexto, la pobreza infantil sigue siendo alta: el 46,1% de los chicos y chicas vive en situación de pobreza, aunque la cifra representa una reducción de 21 puntos en relación al primer semestre de 2024. La pobreza extrema afecta al 10,2%, tras un descenso de 17 puntos según datos oficiales (EPH-INDEC).
Por otra parte, el incumplimiento de la cuota alimentaria persiste como problemática estructural y afecta a más de la mitad de las madres (52%) que debieran recibirla, sin variaciones significativas pese a los cambios en los ingresos familiares. Esta situación impacta de manera directa sobre el bienestar de niñas y niños, de acuerdo al relevamiento de UNICEF.
Consultado sobre los factores que explican estos cambios, Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, sostuvo: “Estos datos reflejan el impacto que tuvo la desaceleración inflacionaria junto a la priorización de las políticas de protección de ingresos para los hogares de menores recursos, a través de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar. El desafío, en un marco de consolidación fiscal, radica en sostener estos esfuerzos”.
La encuesta, que se realiza de forma continua desde 2020, continúa aportando información clave sobre los mecanismos de adaptación de las familias, las brechas que quedan por cerrar y la necesidad de sostener políticas específicas para consolidar la reducción de la pobreza y controlar el endeudamiento familiar.
Waigrais, en diálogo con Infobae, destacó la mejora en los indicadores sociales y agregó: “En 2024 la cifra de chicos en situación de pobreza llegó casi a ocho millones, pero hoy estamos en cinco millones y medio. Incluso si se compara con 2023, también hay una mejora significativa”, señaló.
“En 2023, el 50% de los hogares no contaba con ingresos suficientes para comprar libros escolares; hoy ese porcentaje bajó al 28%”, destacó Waigrais. Además, según el especialista, hay una mayor disponibilidad de ingresos para la compra de bienes esenciales. “En 2023, el 40% de los hogares debió dejar de comprar algún alimento por falta de dinero; ese porcentaje aumentó al 42% en 2024, pero en la última medición descendió al 29%”.
El informe también advierte que, pese a esta tendencia positiva, aún hay cerca del 30% de hogares con restricciones para la compra de alimentos. No obstante, Waigrais subraya que “los indicadores vinculados a la capacidad de consumo, la compra de bienes y la inseguridad alimentaria mejoran en términos generales”.
En cuanto a los desafíos pendientes, el especialista de UNICEF remarcó la situación de los sectores medios. “Aparece una nueva tendencia: la mejora de ingresos en los sectores más vulnerables no está impactando de la misma forma en los sectores medios. Allí observamos un incremento significativo del endeudamiento para afrontar gastos corrientes”, afirmó.
Waigrais precisó que “el endeudamiento con el sistema bancario formal ronda el 31%, pero si se suman créditos informales, asciende al 45% en sectores medios que no están en la pobreza”. Este segmento, resaltó, enfrenta dificultades para pagar servicios, tarjetas de crédito o incluso mantener coberturas de salud privada. “Casi cuatro de cada diez hogares de sectores medios dejaron de pagar al menos un servicio o enfrentan problemas para cumplir con sus obligaciones”, indicó el especialista.
Al explicar las causas de la mejora en los indicadores de pobreza e inseguridad alimentaria, Waigrais mencionó tres factores principales: la desaceleración inflacionaria, la recomposición de ingresos fijos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la mejora en el ingreso de trabajadores informales. “La AUH se está manteniendo casi al 98% del valor de la canasta; y en el presupuesto 2025 es una de las pocas partidas que crecen en términos reales. Además, la movilidad de la AUH juega un rol central porque actualiza el beneficio según la inflación”.
Sin embargo, advirtió que aunque los datos son positivos para los sectores más vulnerables, los sectores medios permanecen en situación de fragilidad. “Estos hogares no acceden en igual medida a transferencias o subsidios que amortiguan los shocks económicos. El salario formal ajusta con rezago respecto a la inflación, y los gastos en alquiler, transporte, salud y educación ejercen presión. Por eso, sostienen el consumo con endeudamiento y eso genera vulnerabilidad”.
Para Waigrais, “que los indicadores mejoren no significa que la vida sea fácil, sino que los factores que la hacían más difícil empiezan a retroceder. La protección de ingresos, fundamentalmente la AUH, es clave, pero todavía hay desafíos que atender, especialmente en los sectores medios”.
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
