Esta semana se pusieron a la venta en Estados Unidos monedas de un dólar con la cara del presidente Donald Trump, de curso legal.

El diseño de la moneda —el rostro de Trump de un lado y el Gran Sello de Estados Unidos del otro— recibió este año el visto bueno de la Comisión de Bellas Artes, cuyos miembros fueron nombrados por Trump. El mandatario manifestó entonces que la idea de estampar su cara en una moneda era “muy inusual”, pero que se sentía “honrado” por ello.

El segundo mandato de Trump se caracterizó por varias iniciativas para dejar su marca, aunque muchas quedaron suspendidas por demandas judiciales. Eso incluye medidas para poner el nombre de Trump al Centro Kennedy, así como al Instituto de Estados Unidos para la Paz, mientras el mandatario estadounidense se empeña en dejar huella en la historia y en Washington D. C.

Las acuñaciones generaron críticas, en particular porque una ley federal prohíbe la representación de un presidente vivo en monedas. Pero, en algunas circunstancias, el secretario del Tesoro sí tiene autoridad para autorizar la emisión de monedas especiales.

Fueron acuñaron para “honrar 250 años del gran legado estadounidense”, escribió la Casa de la Moneda en su sitio web. En un arco sobre el rostro de Trump aparece “LIBERTY”, y debajo “1776-2026”. En el reverso está el Gran Sello de Estados Unidos, con el águila calva sujetando flechas en una garra y una rama de olivo en la otra. En una cinta que sostiene en el pico aparece “E PLURIBUS UNUM”, en latín “de muchos, uno”.

El Pentágono permitirá ver al público el fusilamiento del excomandante del Ejército Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.

Así lo anunció este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, siendo esta la primera ejecución militar en más de 65 años. "Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público", confirmó el secretario.

Tal y como destacó Hegseth, el objetivo del fusilamiento es hacer entender a la sociedad que este tipo de actos tienen "consecuencias graves". En este caso, será un pelotón integrado por soldados armados con fusiles los que llevarán a cabo la ejecución.

A falta de más detalles, la ejecución tendrá lugar a la una de la tarde en el mismo sitio donde se produjeron los ataques. El secretario de Defensa aseguró que era "obvio" que tuviera lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.

El Pentágono todavía no ha precisado cómo podrá el público ver el fusilamiento, por lo que se desconoce si habrá espectadores en la base o, por el contrario, será una retransmisión en directo.

La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.

Estados Unidos sufrió la conmoción en 2009 después de que Nidal Hasan, psiquiatra del Ejército estadounidense, matara a 13 soldados en la base de Texas y dejara heridas a otras 32 personas.

Pero no fue un ataque cualquiera. Se trató del más mortífero ocurrido en una base militar estadounidense fuera de un contexto de guerra. Los hechos tuvieron lugar en un edificio médico de la base, donde cientos de soldados esperaban su revisión médica antes de ser desplegados en misión. Fue en ese momento en el que Hasan decidió abrir fuego contra los soldados, causando el caos.

Años más tarde, admitió ante el tribunal ser el autor de los disparos, afirmando que creía estar "protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán". tras su declaración, Hasan entró en el corredor de la muerte y, actualmente, es uno de los cuatro reclusos que se encuentran en esta situación.

El hecho ocurre en medio de un intenso debate en EEUU sobre la pena de muerte, tras la ejecución fallida mediante inyección letal de una mujer en Tennessee la semana pasada.

Los medios de comunicación han intentado en varias ocasiones televisar ejecuciones en EEUU, pero los tribunales lo han impedido. Además, no se tiene constancia de que ningún otro país televise o transmita en vivo una ejecución legal, tal y como han señalado los expertos.

En este sentido, las ejecuciones públicas se han vuelto extremadamente inusuales en todo el mundo, y solo países como Irán y Afganistán figuran entre aquellos que lo mantienen.

Tal y como recoge la legislación militar, para que se produzca una ejecución militar se requiere la aprobación del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la ejecución por fusilamiento es poco frecuente ya que solo cinco estados lo permiten: Carolina del Sur, Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah.

En este contexto, el presidente Trump ha sido fiel defensor de la pena de muerte a nivel federal y la restableció en enero de 2025. La orden ejecutiva firmada por el presidente describía la pena capital como "una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses".

Foto Hasan fue condenado a muerte en 2013 por 13 asesinatos premeditados y 32 intentos de asesinato en la base militar en Fort Hood. Foto: Especial

El Gobierno argentino que encabeza el presidente, Javier Milei, adhirió a una declaración conjunta de 15 países para cuestionar la sobrecapacidad estructural y la "producción excesiva" en sectores manufactureros.

La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado. El acuerdo, según detallaron, se cerró durante una reunión de representantes de comercio del G20 realizada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

El documento oficial advierte sobre economías donde la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por causa de intervenciones ajenas al mercado.

El texto evita nombrar directamente a China, pero asocia ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del planeta.

La inquietud del bloque abarca industrias sensibles como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

La industria repuntó 1,9% en agosto, pero volvió a caer en la comparación interanual. Los firmantes alertaron que "la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local".

Para frenar este impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico que funcionarán en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta firma consolida la sintonía comercial del país con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios del mercado global.

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