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‘Mientras Diputados trata los vetos, el debate de fondo es fiscal’ señala la Fundación Mediterránea
20 de agosto de 2025
Bajo el título ‘Las leyes que incrementan el gasto ponen en jaque el equilibrio fiscal y las vitales reducciones de impuestos’, la Fundación Mediterránea, presidida por María Pía Astori, fijó su posición en un extenso informe, mediante cual afirma: ‘Mientras Diputados trata los vetos, el debate de fondo es fiscal: si el gasto permanente sube, se tensiona el equilibrio y se postergan reducciones de impuestos clave para recuperar competitividad’
El informe brindado por la Fundación Mediterránea, señala textualmente:
Desde el primer día, la mayor fortaleza del programa económico del gobierno fue haber alcanzado rápidamente el equilibrio fiscal. Tal decisión resultó fundamental para cambiar las expectativas, enderezar el rumbo de la política monetaria y contener la tasa de inflación. Más allá de que los recortes iniciales de erogaciones fueron en muchos casos licuación de ingresos de agentes públicos y jubilaciones, y que algunas decisiones eran difíciles de sostener a largo plazo (como la cuasi paralización de la obra pública nacional), luego habría tiempo para mejorar la “calidad” del ajuste, transformándolo en reformas del estado a largo plazo.
Pero en las últimas semanas, probablemente por no haberse logrado avances en negociaciones en temas importantes, como el traspaso de responsabilidades en materia de infraestructura a provincias (con los recursos nacionales correspondientes), aunque seguramente también al calor del proceso electoral, se aprobaron y están por aprobar algunos proyectos de ley en el Congreso que ponen en riesgo el equilibrio fiscal.
Se trata de las siguientes leyes recientemente sancionadas (Ley 27.79, 27.792 y 27.793), vetadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante Decreto 534/2025, y de los proyectos de ley que se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación:
Haberes jubilatorios: aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones e incremento del bono mensual de la mínima desde $ 70 mil a $ 110 mil, con actualización por inflación (Ley 27.791). Implica un gasto extra de 0,32% del PIB en lo que queda del año, y un costo anual de 0,79% del PIB.
Déficit de las Cajas No Transferidas (CNT): restitución del mecanismo automático de financiamiento a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación mediante el pago de anticipos a cuenta actualizados de los déficits a determinar por ANSES, y de actualización de las diferencias que surjan entre los déficits determinados y los anticipos recibidos (Ley 27.791). Implica un costo financiero equivalente al 0,17% del PIB en lo que queda del año, y 0,38% del PIB anualizado.
Acceso a la jubilación. Extensión por 2 años de la moratoria previsional; reducción de la edad de acceso de las mujeres a la PUAM de 65 a 60 años y eliminación de las condicionalidades que limitan el acceso a la PUAM en función de otros ingresos y de la situación patrimonial (Ley 27.792). Implica un gasto extra de 0,09% del PIB por año.
Discapacidad: Ley 27.793 declara la Emergencia Nacional en Discapacidad y tiene por objetivo garantizar derechos de personas con discapacidad. Implica erogaciones adicionales por 0,16% del PIB en lo que queda del año, y un costo anual de 0,39% del PIB.
ATN: distribución automática y diaria del 100% de los recursos que ingresan al fondo de aportes del tesoro nacional (ATN), según las proporciones previstas para la distribución primaria y secundaria de la ley de coparticipación federal de impuestos. Tiene media sanción en el Congreso, debe tratarse en Diputados. De aprobarse implicaría un gasto extra por 0,02% del PIB en los últimos meses de 2025 y un costo anual estimado de 0,05%
Combustibles: eliminación de una serie de fideicomisos y fondos con destino en la infraestructura, el transporte y la vivienda, de modo que las provincias pasarían de participar un 25% a un 57% en la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles. Tiene media sanción en el Congreso, debe tratarse en Diputados. Significaría una pérdida de ingresos para la Nación por 0,08% del PIB en lo que resta del año, y un costo anual de 0,16% del PIB.
Además, el Poder Ejecutivo Nacional redujo las alícuotas de los Derechos de exportación (DEX) para seis categorías de productos agroindustriales. Implicaría una pérdida de recursos por 0,11% del PIB en los últimos meses de 2025, y un costo anual de 0,26%. No obstante, con la reducción de DEX mejoraría la rentabilidad en la producción agropecuaria alcanzada por la medida, con lo que aumentaría la recaudación del impuesto a las ganancias (coparticipado), impactando desde el ejercicio siguiente. También mejoraría la recaudación de IVA e Ingresos Brutos.
Así las cosas, si todos los proyectos son aprobados y los vetos del Poder Ejecutivo Nacional (efectivos y potenciales) fueran revertidos en el Congreso de la Nación, el superávit primario de 2025 podría resultar de 0,87% del PIB, en lugar del 1,6% comprometido en el programa con el FMI, mientras que en 2026 se reduciría a 0,49% del PIB, en lugar del 2,2% previsto en las metas con el organismo. En ambos años, implicaría pasar al déficit financiero (0,4% y 1,7% del PIB en 2025 y 2026, respectivamente), es decir, se generaría un superávit primario muy por debajo de los intereses a pagar en el período, de modo que la deuda nominal aumentaría y se pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal del programa económico.
Resumiendo la situación: las recientes leyes sancionadas por el Congreso y vetadas por el PEN, y los proyectos de ley por aprobarse en el Congreso, incrementan el gasto de un modo no sostenible en el tiempo, ya que significaría herir gravemente la estrategia anti inflacionaria del gobierno, al recaer nuevamente en el déficit financiero. Debe tenerse en cuenta que estas leyes impulsadas por la oposición se dan en un contexto en que, además de mantenerse el equilibrio fiscal, existe un importante desafío pendiente en términos de reducción de la presión tributaria, lo cual no deja margen para que el gasto se incremente en términos del PIB.
La reducción anunciada en los DEX, importante para incentivar mayor producción agropecuaria y exportaciones, resulta un modesto avance si se considera el desafío existente en materia de reforma tributaria a largo plazo. Se debe tener en cuenta que los impuestos más distorsivos y que más urgentemente requieren reformas sumaron 10,6% del PIB en el año 2024. De ellos, los impuestos nacionales representan 5,6% del PIB (DEX por 1% del PIB, IDCB 1,6% y Contribuciones patronales 3%), los provinciales un 4,4% del PIB (Ingresos Brutos 4% y Sellos 0,4%) y los municipales un 0,6% del PIB (Tasa de seguridad e higiene, aunque suelen existir otras tasas de menor cuantía que también ameritan reformas).
Con una economía que a largo plazo difícilmente cuente con un tipo de cambio real alto, especialmente desde 2027 cuando el incremento en las exportaciones de gas resulte más notorio (sumándose a lo que ocurre cada año en petróleo), se necesitará mejorar la competitividad en términos estructurales, esto es, no sólo con reformas tributarias, sino también con cambios importantes en las regulaciones laborales, en materia previsional, de apertura y regulaciones en general de la economía. Con una moneda probablemente apreciada a futuro, los costos laborales tenderán a ser altos cuando se los mida en moneda extranjera, de modo que para conservar o incrementar el empleo en el sector transable tradicional (especialmente industrial), resultará vital una reforma laboral e importante una reducción de contribuciones, apuntando por diversas vías a reducir el costo laboral no salarial.
Los desafíos existentes en materia de reforma tributaria no dejan lugar a que el gasto público vuelva a aumentar en términos del PIB, si no lo contrario. Además, cada decisión de reducción de impuestos debe resultar lo más productiva posible en términos de mejoras logradas en la competitividad. Esto requiere dos condiciones: 1) que los impuestos que primero se bajen sean los que más distorsionan las transacciones y más deterioran la competitividad, 2) cuando resulte posible, que las reducciones de impuestos a nivel nacional condicionen su vigencia en cada provincia (y si se puede en municipios) a que los gobiernos locales bajen también algunos de sus tributos más dañinos para la economía.
Respecto a este último punto, con la rebaja en los DEX recientemente anunciada, se perdió la oportunidad de condicionar su vigencia en cada jurisdicción a que las provincias reduzcan o reformen sus impuestos sobre los ingresos brutos y/o a los sellos, no sólo cuando dichos tributos gravan directa o indirectamente al sector agropecuario, sino en sus aspectos negativos en general, que deberían conducir a una amplia reforma o directa sustitución. Dicho condicionamiento se hubiera justificado, en principio, en el hecho de que se está bajando un impuesto nacional no coparticipable (DEX) que permitirá incrementar la recaudación de impuestos nacionales coparticipables con provincias (Ganancias, IVA) y de impuestos provinciales (Ingresos Brutos), por las mayores ganancias y actividad que se generará en el sector agropecuario y sectores relacionados aguas arriba y abajo.
El condicionamiento a provincias podría considerarse a futuro si se decide bajar nuevamente la presión tributaria en los DEX, sólo que debería aplicarse a través de instrumentos indirectos (entregas de certificados fiscales a productores agropecuarios) en lugar de disminuciones directas de alícuotas. Tales certificados podrían utilizarse para pagar impuestos nacionales y comprar bienes de capital, equipos e inmuebles.
El desafío existente en materia de mejoras en la competitividad y de reducción en la presión tributaria resulta de tal magnitud, que sería imposible alcanzarlo resignando 10 puntos del PIB de recaudación y de gasto público en los tres niveles de gobierno, para cumplir la condición de sostener el equilibrio fiscal. Para que resulte viable, en parte deberá tratarse de una reducción de impuestos (y del peso del gasto en los tres niveles); otra porción del desafío deberá abordarse sustituyendo impuestos más distorsivos, como Ingresos Brutos, por otros más neutrales, como el IVA o un impuesto a las ventas finales; y en alguna medida también, posibilitando que malos impuestos, como el IDCB, se pueda aplicar totalmente a cuenta de impuestos menos dañinos, como IVA y Ganancias, de modo de incentivar mayores niveles de formalidad.
Pero lo que no puede ocurrir de ninguna manera, es que comience nuevamente a subir el peso del gasto en términos del PIB. Esto es lo que ocurrió en el consolidado de provincias en el primer trimestre de 2025, cuando las erogaciones aumentaron un 16% en términos reales (por arriba de la inflación), cuando sus ingresos lo hicieron un 8%.
Si en dicho trimestre las provincias hubieran aumentado el gasto real como el gobierno nacional (3%), podrían haber logrado el mismo superávit, pero con una reducción del 41% en la recaudación de Ingresos Brutos o del 36% en la recaudación conjunta de Ingresos Brutos y Sellos. Se trata de oportunidades perdidas para reducir impuestos que difícilmente se vuelvan a dar a futuro, con el gasto creciendo a esta velocidad.
Las cuentas pendientes en materia de competitividad y reforma tributaria requieren de acuerdos fiscales intergubernamentales que limiten la suba del gasto a un ritmo no mayor que la inflación observada, por varios años, y destinen los excedentes fiscales a financiar reformas tributarias y la conformación de fondos anticíclicos en Nación y Provincias.
Llegados a este punto, para aumentar la probabilidad de que existan tales acuerdos entre niveles de gobierno, que aseguren mejores niveles de competitividad a futuro, podría ayudar que el gobierno nacional no vete al menos uno de los proyectos impulsados por los gobernadores en el Congreso. En tal sentido, el más conveniente para ambas partes sería la reforma del fondo ATN, dado que tiene menor costo fiscal y que el gobierno nacional se aseguraría participar en forma automática con una porción del fondo, cuando ello no estaba previsto en la ley original de coparticipación.
Marcelo Capelo
Responsable de la sección Fiscal, Fundación Mediterránea
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El turismo internacional movió más de 6 millones de viajeros
El turismo internacional por vía aérea consolidó en 2024 un impacto económico de magnitud estructural para la Argentina, según el informe Impacto Económico Aeroportuario elaborado por FUTURA Consultora de Aviación y Desarrollo Sostenible.
El documento detalla que los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina constituyen la base operativa que permite transformar el potencial turístico del país en actividad económica tangible, articulando conectividad, desarrollo regional y generación de divisas. “Cada pasajero que llega o parte en avión genera consumo y demanda de servicios en una amplia cadena de actividades”, señala el informe.
La red aeroportuaria federal enlaza los principales polos turísticos del país —Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, Córdoba, Salta, Iguazú, El Calafate, Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Madryn— y garantiza su integración al sistema aéreo mundial. Esta infraestructura, según el estudio, cumple una función redistributiva clave en un país extenso y heterogéneo como la Argentina, creando oportunidades económicas en regiones donde las alternativas productivas son más limitadas. “El turismo cumple una función redistributiva y de cohesión socioterritorial”, afirma el documento.
En 2024, Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza), Córdoba y Mendoza concentraron el 97% del tráfico internacional, canalizando 6,1 millones de turistas entre receptivos y emisivos. De ese total, 2,76 millones fueron visitantes extranjeros y 3,35 millones residentes argentinos que viajaron al exterior. La composición del flujo evidencia una mayor participación del turismo emisivo (55%) frente al receptivo (45%), mostrando el predominio de los viajes al exterior en el total del tráfico internacional. “La composición del flujo evidencia una mayor participación del turismo emisivo”, indica el informe.
El turismo receptivo mostró un crecimiento del 3% interanual, consolidándose como generador de beneficios directos sobre el consumo interno y las economías regionales. En 2024, los turistas extranjeros gastaron en promedio USD 1.022, lo que determinó un impacto económico total de USD 2.821 millones. La estructura del gasto confirma que la mayor parte del consumo se concentra en gastronomía (29%) y alojamiento (26%), seguidos por compras (14%), paquetes turísticos (11%) y transporte (10%). “Los rubros de gastronomía y alojamiento explicaron más de la mitad del gasto total”, detalla el estudio.
El turismo emisivo, por su parte, registró un aumento del 16% respecto de 2023, impulsado por la apreciación del tipo de cambio real y la reducción de impuestos sobre consumos en el exterior. Los 3,35 millones de argentinos que viajaron fuera del país gastaron en promedio USD 1.445, generando un impacto económico estimado en USD 4.842 millones. Este nivel de erogación posiciona al turismo emisivo como el componente de mayor peso dentro del flujo internacional de pasajeros y determina un saldo negativo en la balanza turística aérea de USD -2.021 millones. “El gasto promedio por turista emisivo fue de USD 1.445”, señala el documento.
La distribución del impacto turístico por aeropuerto confirma la centralidad del Área Metropolitana de Buenos Aires, que explica el 88% del tráfico internacional y concentra el 90% del impacto económico asociado a los viajes receptivos y emisivos. En 2024, Buenos Aires recibió 2,52 millones de turistas extranjeros, generando USD 2.591 millones, y canalizó 3 millones de viajeros emisivos, con un gasto total de USD 4.329 millones. “Buenos Aires explica el 88% del total”, indica el informe.
Córdoba movilizó 61,8 mil turistas receptivos, con un impacto de USD 48 millones, y 234,6 mil emisivos, que representaron USD 341 millones. La composición evidencia una mayor ponderación del turismo emisivo, posicionando a la provincia como un importante centro de salida de viajeros internacionales. Mendoza, en cambio, mostró una balanza turística equilibrada: recibió 173,9 mil turistas extranjeros (USD 181 millones) y registró 115,1 mil viajeros emisivos (USD 172 millones), siendo la única terminal con saldo positivo en 2024. “Mendoza se posiciona como la única terminal con saldo positivo”, destaca el documento.
En conjunto, el gasto total facilitado por vía aérea ascendió a USD 7.663 millones, distribuidos entre turismo receptivo (USD 2.821 millones) y turismo emisivo (USD 4.842 millones). El informe concluye que el turismo internacional por vía aérea actúa como un motor transversal del desarrollo económico, potenciando el empleo, la actividad comercial y la integración territorial. “El turismo aéreo receptivo actúa como un elemento impulsor de las economías regionales”, afirma el estudio.
“Los aeropuertos son infraestructuras estratégicas que sostienen la movilidad de personas y bienes, la conectividad territorial y el desarrollo económico. A su alrededor se articula un amplio ecosistema de actividades —operaciones aéreas, servicios comerciales, turismo y negocios— que impulsa la generación de empleo y valor agregado, extendiendo su contribución mucho más allá del ámbito del transporte”, indicó, Grisel Azcuy, autora del informe. (NA)
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Más de 57.000 empresas ya están en mora de pagos, según un informe
El número de empresas en estado de mora subió 18,7% entre enero y julio de 2026. El indicador SERF elaborado por Fidelitas cayó 6,9 puntos en agosto, hasta los 38,3, y hoy se encuentra en zona de “Riesgo Elevado”. La actividad industrial, el crédito y la morosidad configuran un escenario cada vez más exigente para las empresas y sus cadenas de valor.
El Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (Índice SERF) de Fidelitas se ubicó en agosto en 38,3 puntos, lo que representa una caída de 6,9 puntos respecto de los 45,2 registrados en julio.
“El indicador muestra que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas. La principal fragilidad continúa concentrada en el frente crediticio. El Índice de Riesgo Crediticio descendió hasta 17,8 puntos, reflejando dificultades de pago que restringen la capacidad del financiamiento para impulsar ventas e inversión. El nivel de endeudamiento vía crédito continúa siendo bajo, mientras que la mora permanece elevada, particularmente entre las empresas”, explica Félix El Idd, CEO de Fidelitas.
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“La estabilización de precios todavía no se traduce en una mejora de la capacidad de pago ni en una recuperación expansiva de la economía. Para las empresas, el contexto obliga a priorizar cobranzas, liquidez y una selección cada vez más cuidadosa del riesgo comercial”, señala el informe publicado en septiembre.
Uno de los principales factores detrás del deterioro del escenario es el comportamiento de la actividad manufacturera.
La producción industrial cayó 4,9% interanual en julio y acumuló una contracción de 2,6% entre enero y julio de 2026.
Más significativo aún fue el retroceso de 5,0% respecto de junio, una vez descontados los factores estacionales.
La caída presenta un alcance amplio: 12 de las 16 divisiones manufactureras registraron descensos interanuales.
Los mayores retrocesos se concentraron en bienes durables y de capital, una señal especialmente relevante para evaluar las perspectivas de inversión.
Maquinaria y equipo se contrajo 26,7%, con una caída de 46,6% en maquinaria agropecuaria, que incluye tractores, cosechadoras y pulverizadoras, y de 20,9% en aparatos de uso doméstico.
Otros equipos, aparatos e instrumentos retrocedieron 31,4%, con una contracción de 49,8% en electrónica de consumo y de 25% en equipos eléctricos.
También disminuyeron con fuerza las prendas de vestir, cuero y calzado, con una baja de 15,9% y una contracción del calzado de 26,5%.
Solo cuatro divisiones mostraron crecimiento: refinación de petróleo, con 8,1%; madera y papel, 7,1%; metálicas básicas, 1,6%; y otro equipo de transporte, 2,6%, impulsado principalmente por las motocicletas.
En este contexto, el Índice de Actividad del SERF se ubicó en 54,2 puntos, evidenciando comportamientos dispares pero sin una recuperación generalizada.
El crecimiento de 2,7% interanual del EMAE de junio contribuyó positivamente al indicador, aunque su tendencia-ciclo permaneció prácticamente estable y los datos preliminares para el mes siguiente no permiten anticipar una mejora significativa.
Actualmente se registran 57.045 empresas en situación irregular, casi el 12% de las aproximadamente 480.000 empresas activas, lo que representa un incremento interanual de 56,5%.
Solo entre enero y junio de 2026, el incremento de empresas en mora fue del 18,7%.
En el detalle, parece haber cierta paridad: Servicios y Comercio concentran el 71,9% de la morosidad empresarial total. Los mayores aumentos interanuales se registraron en Comercio, con 78%; Manufactura, 76,3%; y Agropecuario, 65,6%.
A este escenario se suma un nivel persistentemente elevado de cheques rechazados, que se mantiene en torno a 80.000 por mes.
En los primeros ocho meses de 2026 ya se alcanzó un volumen de rechazos equivalente al registrado durante los doce meses de 2025.
La combinación de mora, cheques rechazados y dificultades de acceso al financiamiento impacta directamente sobre la cadena de pagos.
Una empresa que demora sus obligaciones puede trasladar la presión a proveedores que hasta ese momento operaban normalmente, multiplicando el riesgo cuando varias contrapartes pertenecen al mismo sector o dependen de un mismo ciclo de demanda.
“Hoy en día, la elección de un proveedor no solo debe incluir aspectos de calidad en el producto o servicio, equipo de profesionales o tecnología implementada, sino también solidez financiera para no estar incorporando un problema a futuro en la cadena de producción de quien hace la contratación”, explican desde la empresa.
Desde Fidelitas explican que el costo financiero constituye otro de los obstáculos para una recuperación sostenida. En agosto, la diferencia entre las tasas efectivas anuales con capitalización mensual de los préstamos personales (88,86%) y de los depósitos (23,40%) alcanzó aproximadamente 65,46 puntos porcentuales.
Para las empresas, el impacto se concentra especialmente en el capital de trabajo. Cuando una compañía cobra más tarde debe financiar durante más tiempo mercadería, salarios e impuestos. Si los márgenes comerciales no compensan ese costo, un aumento de las ventas puede incluso deteriorar la posición de caja.
El crecimiento de la facturación pierde valor cuando queda inmovilizado en cuentas por cobrar o en sobrestocks.
A esta presión se suma la evolución de los costos empresariales medidos en dólares. Cuando estos aumentan sin una mejora equivalente de productividad, los márgenes se comprimen y la competitividad se deteriora. La sostenibilidad de esta ecuación depende, en consecuencia, de mayores niveles de inversión, eficiencia y generación de divisas.
En este contexto, la baja de la inflación (1,7% en agosto) y el desempeño relativamente favorable del comercio exterior constituyen señales positivas, pero todavía insuficientes para compensar la debilidad del mercado interno y el deterioro del crédito.
“La lectura empresarial del SERF de agosto resulta, así, consistente: la economía muestra señales de estabilización, pero todavía no de recuperación generalizada. Con el indicador en la categoría “Riesgo Elevado”, no es posible anticipar grandes saltos de evolución en el corto plazo, dado que la mayor severidad continúa concentrada en el frente crediticio”, explican desde Fidelitas.
El aumento de la morosidad de personas y empresas, las tasas reales elevadas, el persistente nivel de cheques rechazados y el estancamiento o retroceso de buena parte de los indicadores de actividad conforman un escenario en el que las empresas deberán extremar la administración del riesgo.
A ello se suma una creciente detección, en las bases de datos de Fidelitas, de empresas con deudas previsionales impagas y un mayor número de sanciones de UIF y BCRA, señales que refuerzan la necesidad de profundizar los controles sobre clientes, proveedores y contrapartes comerciales.
“En definitiva, el desafío empresario ya no pasa solamente por vender, sino por vender cobrando, preservar liquidez y administrar cuidadosamente el riesgo de cada operación”, concluyen desde la Fidelitas. (NA)
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UIA celebró el guiño de Caputo para acercar a la industria nacional al RIGI
La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su respaldo explícito a las “Rondas de Negocios RIGI” anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, un esquema diseñado para vincular a los proveedores del entramado pyme nacional con los megaproyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La conducción fabril, encabezada por Martín Rappallini, celebró la medida en un contexto en el que el sector manufacturero atraviesa una fase de retracción en sus niveles de actividad y enfrenta crecientes desafíos de competitividad.
La primera jornada de trabajo se llevará a cabo el próximo 29 de octubre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, reuniendo a las compañías inscriptas en el régimen junto a más de 25 grandes firmas invitadas de los sectores de minería, infraestructura e industria.
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De forma paralela, la entidad fabril destacó los avances logrados por Transportadora de Gas del Norte (TGN) en las obras del Gasoducto Manuel Belgrano, obra estratégica que permitirá abastecer con insumos energéticos de Vaca Muerta a los centros productivos del centro, norte y litoral del país.
Según estimaciones oficiales del Ministerio de Economía, los primeros 22 emprendimientos aprobados bajo el RIGI demandarán desembolsos por USD 7.737 millones entre los años 2026 y 2027, formando parte de un paquete de compromisos que alcanza los USD 47.073 millones con horizonte proyectado al año 2055.
Este flujo de capitales posee el potencial de generar aproximadamente 95.950 puestos de trabajo directos e indirectos en diversas regiones de la Argentina.
Pese al optimismo respecto a la articulación comercial, un relevamiento conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Bolsa de Comercio de Rosario encendió luces de alarma sobre la superposición entre las exigencias de contenido local del régimen nacional y las normativas provinciales de compre local.
Ambas entidades advirtieron que parte de la oferta de proveedores locales podría carecer de la escala operativa o de los estándares técnicos requeridos para abastecer desarrollos mineros que contemplan inversiones por cerca de USD 40.000 millones.
Por su parte, la UIA advirtió que la actividad industrial acumula una caída del 2,6% y que el uso de la capacidad instalada retrocedió al 58,2%.
