JUDICIALES
Caso Melmann: rechazan pedidos de libertad condicional de policías
12 de agosto de 2025
El Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata rechazó los pedidos de libertad condicional de Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, dos de los cuatro policías condenados por secuestrar, torturar, violar y asesinar a Natalia Melmann el 4 de febrero de 2001 en la ciudad de Miramar.
Gustavo Melmann, padre de Natalia, dialogó con Ramiro Britez de la agencia Noticias Argentinas y afirmó que el magistrado Ricardo Perdichizzi denegó el beneficio para los dos oficiales, que continuarán detenidos en la cárcel de Batán.
Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensora Patricia Perelló y ahora deberá pronunciarse la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata al respecto.
En este sentido, el padre de la víctima señaló: “Estamos conformes, pero nos queda una instancia más que siempre falla en favor de estos asesinos”.
Echenique fue beneficiado con salidas transitorias en 2024: el uniformado tiene permitido circular en la vía pública los primeros domingos de cada mes entre las 8 y las 20.
Ricardo Anselmini gozó de la medida judicial y podía salir los domingos cada dos semanas, pero en octubre del año pasado la Justicia revocó ese fallo.
El ex comisario había sido filmado por vecinos mientras caminaba por una plaza, cuando se dirigía al almacén del barrio.
Por su parte, las extracciones de sangre a los policías Osvaldo Alfredo Sissi, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez siguen sin fecha.
Natalia Melmann fue encontrada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino”, en Miramar, y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.
Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.
El ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.
Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.
Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.
JUDICIALES
Ordenan suspender ordenanza de agroquímicos en Tandil y Rauch
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó suspender de manera preventiva la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.
La cautelar se hizo a pedido de un grupo de vecinos de dicha cuenca y luego que estos hayan recibido el apoyo del procurador general Julio Conte Grand. El dictamen del fiscal reconoce la legitimidad del reclamo de pobladores de los distritos citados y de los de las localidades tandilenses de Gardey y Vela, donde rige una normativa aprobada en 2022.
El fallo del máximo tribunal suspende provisoriamente la aplicación de un artículo de una ordenanza de 2021 en Tandil que establece las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, y de otro artículo en Rauch hasta tanto se sustancien los requerimientos de información ordenados y se dicte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Además, se exigió a los intendentes de ambas localidades que en un plazo perentorio de diez días le eleven a ese cuerpo todos los antecedentes que dieron origen a las respectivas ordenanzas, antes de dictar un fallo definitivo.
En los considerandos, la Suprema Corte puso el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, así como en la necesidad de adoptar decisiones judiciales acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental.
En ese marco, destacó que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado” en su normativa general, lo que refuerza la necesidad de una evaluación más profunda. DIB
JUDICIALES
Investigan a Javier Faroni por el escándalo AFA
El empresario y ex diputado provincial por el Frente Renovador, Javier Faroni quedó envuelto en una investigación por la gestión del dinero de AFA en el exterior.
Según reveló el diario La Nación, el marplatense es socio y marido de Erica Gillette, titular de TourProdEnter LLC, empresa que adjudicó fondos a empresas fantasmas en EEUU.
Faroni, que intentó escapar a Uruguay después de que allanaran su casa en el marco de la investigación por el manejo de fondos en la AFA, tiene un largo recorrido en la Provincia, que lo llevó del mundo del espectáculo, donde cimentó su fortuna, a la política, a través de la cual fue diputado y casi compite por la intendencia de Mar del Plata, de la mano de Sergio Massa.
El empresario marplatense quedó en el centro de las sospechas el fin de semana, cuando una investigación periodística reveló que es titular de TourProdCenter, la empresa que tiene junto a su esposa, Érica Gillette, con la que se quedó con la representación de la AFA en el exterior. Desde allí, habría desviado al menos 42 millones de dólares de los 260 millones que habría facturado a través de cuatro compañías que ahora son investigadas.
Faroni, que tenía una vinculación previa con la AFA a través de otra empresa, la ticketera deportiva Deportick, es oriundo de Córdoba, pero su carrera despegó en una ciudad bonaerense, Mar del Plata, a los que sus padres se mudaron cunado él tenía 11 años. Fue allí que desarrolló una carrera en el mundo de la producción de espectáculos de temporada y un vínculo muy especial con el actor -ya fallecido- Carlos “Carlin” Calvo, que fue clave en esta etapa de su trayectoria.
Después Faroni desembarcó en Capital Federal, donde produjo espectáculos a través de Faroni producciones, una compañía que llegó a tener ocho espectáculos simultáneos en escena y es responsable de más de 60 puestas en su historia, muchas de ellas con figuras muy reconocidas.
La vinculación con la política de la provincia llegó a través de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Se conocieron porque Faroni programó el teatro de Tigre Niní Marshall, entre 2007 y 2011. Ese vínculo se estrechó al punto que Faroni fue diputado provincial por el FR entre 2015 y 2019, mientras que su hermana Marcela lo fue entre ese año y 2023. Faroni tuvo además actuación política en Mar del Plata, donde coqueteó con una candidatura a intendente que declinó para postulante a la cámara Baja. Con Massa como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández, Faroni fue director de Aerolíneas Argentinas.
Massa y Faroni tuvieron una relación cercana, incluso familiar. Pero desde 2021, el productor se alejó del Frente Renovador y se centró en su actividad en la AFA. Hoy, su casa de Nordelta fue allanada por orden del juez de Quilmes Luis Armella. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptó, además, en Aeroparque, cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay, ya que el magistrado ordenó que no salga del país. (TN/DIB/La NoticiaWeb)
JUDICIALES
Imputan a Tapia y a Toviggino por retener aportes jubilatorios en AFA
La Justicia dio un paso clave en una causa que sacude a la conducción del fútbol argentino. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respectivamente, en una investigación por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de los principales clubes del país.
La acusación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, supera los $19.000 millones.
Se trata de la primera vez que Tapia y su principal colaborador quedan formalmente imputados en una causa de estas características.
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De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente se originó a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que advirtió que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el correspondiente depósito dentro de los plazos legales establecidos.
La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.
En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA.
Además, sostuvo que, por la magnitud de la estructura económica de la entidad y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. Entre ellos mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.
Esta causa es una de las tres que se abrieron en los últimos días y que complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia también analiza otros expedientes que involucran a Tapia y a su entorno por presuntas irregularidades financieras, lo que podría derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.
En rigor, en el marco de la causa que analiza la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, presuntamente adquirida a través de testaferros vinculados a dirigentes de la entidad, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación.
Entre ellas, dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del inmueble con el objetivo de determinar si, en los días previos al allanamiento, se registraron movimientos llamativos, como el traslado de vehículos de alta gama o incluso caballos, un dato que llamó la atención de los investigadores por las características de la estancia.
Además, se realizará un procedimiento en la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero que habría sido utilizado en la operatoria. La firma deberá entregar a la Justicia el listado completo de pilotos, pasajeros y vuelos realizados por la aeronave, información clave para reconstruir los desplazamientos vinculados a la causa.
Estas medidas fueron impulsadas luego de la presentación de un informe elaborado por el fiscal Eduardo Navas Rial, en el que se propuso avanzar con una serie de diligencias probatorias enfocadas en empresas presuntamente asociadas a Pablo Toviggino. (TN).

