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NO HAY LUGAR
10 de agosto de 2025
Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) destacó que el primer semestre del 2025 concluyó con 12.019 personas privadas de su libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Esto representa un crecimiento del 2,8% (323 personas más) respecto de las que había a fines de 2024. Las cifras son parte del reporte semestral “Población privada de libertad en cárceles federales”, que aborda el período enero-junio 2025, elaborado por la Procuvin.
A su vez, el informe indicó que al cierre del primer semestre de 2025 se registró una sobrepoblación de 8,4%. La cifra implica 928 personas detenidas por encima de las plazas disponibles de alojamiento en los establecimientos del SPF, entre ellos la cárcel de Coronda, a pesar del incremento de la capacidad de alojamiento en el último semestre (se sumaron 89 lugares).
Por otro lado, en relación a la situación procesal, el informe revela que el primer semestre concluyó con un 60% (7.208) de la población penal cumpliendo condena y el 40% restante está encarcelada sin condena firme (4.809).
En ese punto, el informe de la Procuvin puntualizó que, durante el período analizado, la cantidad de personas cumpliendo condena creció un 3,7% (259) y la cantidad de detenidos bajo prisión preventiva aumentó un 1,3% (64). En diciembre de 2024, eran 6.949 las personas condenadas y 4.745 las procesadas.
Los establecimientos federales más poblados del país son los del Área Metropolitana de Buenos Aires: el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza con 1.935 detenidos, el CPF II de Marcos Paz con 1.871 reclusos y el CPF de Villa Devoto con 1.552 detenidos.
En tanto, el reporte indicó que la nueva Unidad 36 de Santa Fe, inaugurada en diciembre 2024, absorbió con sus 320 detenidos el crecimiento poblacional registrado en el primer semestre 2025.
En relación al género, el 92,2% (11.081) de la población es de varones, el 7,5% (903) es de mujeres y el 0,3% (35) de personas trans. El informe indica que la cantidad de mujeres encarceladas en el SPF experimentó un aumento semestral del 6% -muy por encima del crecimiento de la población general- y la población travesti-trans disminuyó un 12,5%.
El documento estadístico indica que el 97,7% (11.744) de las personas privadas de su libertad son mayores de 21 años y que el 2,3% (275) son jóvenes de entre 18 y 21. Este último grupo etario reflejó un descenso considerable del 17,2%, (había 57 jóvenes menos que los 332 de diciembre de 2024).
Asimismo, la Procuvin también detalló que en el semestre aumentó el encarcelamiento de embarazadas (de 12 a 14 casos) y de mujeres con sus hijos, así como la cantidad de niños viviendo en la cárcel (de 6 a 10 casos). La oficina especializada informó que en junio de 2025, el 16,1% (1.933 personas) de la población detenida en cárceles federales es extranjera, mientras que son argentinos el 83,9% (10.086).
La información presentada toma como fuente los reportes publicados hacia el final de cada mes en el sitio web del SPF, que luego son sistematizados y procesados por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la Procuvin. Las cifras corresponden a personas encarceladas en unidades y complejos del SPF.
Esto no constituye el universo total de personas privadas de libertad bajo la órbita de la Justicia nacional y la Justicia federal, debido a que no incluye información sobre detenidos en cárceles provinciales, institutos penales para personas menores de edad ni dispositivos federales tales como dependencias de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal Argentina, entre otras.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
