País
Preocupación en los colegios especiales
2 de agosto de 2025
Los colegios de gestión privada que atienden alumnos con discapacidades manifestaron su preocupación por los retrasos en la actualización de los valores y apoyan el proyecto de ley de Emergencia para el sector, promovido en el Congreso de la Nación.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), manifestaron que este tema no puede quedar atrapado en una pulseada política. “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, sostiene la entidad que tiene más de un centenar de servicios educativos que contienen niños con discapacidades.
“La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios”, dijo Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA. “Hoy enfrentamos un desfase de más del 70% entre los aranceles que cobramos y la inflación real acumulada. Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, advirtió.
A eso se suma un dato estructural: la Superintendencia de Servicios de Salud liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora, lo que hace inviable sostener el pago de sueldos, servicios e insumos básicos. La combinación de factores llevó a que las escuelas especiales estén al borde del colapso.
En palabras de Giorgi, el panorama actual no solo pone en jaque a las instituciones, sino también a los derechos de los chicos. “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones. Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”.
El problema no se limita a las escuelas especiales. Miles de niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes también necesitan apoyos —maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y otros especialistas— que hoy están desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas. “Sin una mejora urgente en los honorarios y condiciones de trabajo, estos profesionales no pueden sostener su tarea, y los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”, remarcó Giorgi.
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Ese congelamiento, sumado al atraso crónico en los pagos y la inflación acumulada, dejó a muchas instituciones sin capacidad de respuesta. Algunas redujeron servicios. Otras evalúan cerrar. La mayoría opera con déficit.
Desde hace años, AIEPA alerta que la situación es compleja, pero hoy más que nunca requiere soluciones. Las actualizaciones previas siempre quedaron por debajo de la inflación y el deterioro se acumuló año tras año. Las escuelas sobreviven haciendo malabares financieros, con fondos insuficientes y una demanda creciente de atención especializada.
“Si la ley finalmente no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar los costos de funcionamiento. Se pondrán en peligro puestos de trabajo de docentes y personal especializado, pero además se agravará el riesgo de cierre de escuelas especiales, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, planteó Giorgi.
El esfuerzo invisible: lo que viven las instituciones que cuidan y educan
AIEPA muestra algunos casos concretos. En La Matanza, Alejandra Luciani es la representante legal de Portal del Sol, una institución que acompaña desde hace 30 años a niños y adolescentes con discapacidad intelectual. “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”, sostuvo.
Su escuela, por caso, ofrece jornada extendida y comedor, lo que multiplica los gastos. Tienen que afrontar los aumentos salariales, de luz, gas y alimentos mientras las cuotas permanecen congeladas. Pero al mismo tiempo, señala un ataque sobre el entramado construido durante décadas de trabajo entre familias e instituciones.
Desde su visión, el rol del Estado es indelegable: “Las personas con discapacidad no parten del mismo lugar. Necesitan apoyos para equiparar condiciones. Muchas familias hacen grandes esfuerzos, viajan decenas de kilómetros cada día, y aun así no tienen garantizado lo más básico. Esa desigualdad estructural no puede ignorarse”.
Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, coincide en que la emergencia es real y requiere respuestas inmediatas. Las deudas por prestaciones superan los 278 millones de pesos y las escuelas cobran a 90 o hasta 120 días, con valores desactualizados, lo que afecta la continuidad y calidad de las atenciones. Su institución, como muchas otras, enfrenta un laberinto burocrático que demora autorizaciones, pagos y reintegros.
Para ilustrar el desfase, Sequeira pone un ejemplo concreto: una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga $12.370, pero los chicos necesitan varias por semana, y además deben afrontar gastos de ortopedia, farmacia o transporte. “Las familias presentan presupuestos en diciembre para arrancar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio. Eso significa que recién se factura en ese momento y que el pago puede llegar en septiembre. Es un sistema insostenible”, cuestionó.
A su vez, la directora reclama fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pide un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo. Y subrayó que los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley.
La discapacidad no distingue clases sociales ni credos. Se puede presentar en cualquier familia, en cualquier momento. Frente a esa realidad, el compromiso del sector educativo es inclaudicable. Pero todo el esfuerzo está en riesgo, sostienen desde la entidad que agrupa a los colegios privados de todo el país.
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Marcha universitaria
Los docentes universitarios nucleados en Coad definieron realizar un paro de 24 horas para el día de la Marcha Federal Universitaria prevista para el jueves 15 de octubre. Habrá actividades, que incluyen una vigilia interclaustros, marcha al Monumento Nacional a la Bandera y la lectura de un documento con la adhesión de otros gremios y organizaciones sociales.
Desde el gremio cuestionaron el "clima de nueva normalidad" que se instaló en el gobierno de Javier Milei, en alusión al reiterado incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, más allá de que la Justicia federal falló a favor Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre de la "cuestión de fondo" de la norma sancionada por el Congreso.
La Coad realizó una asamblea el pasado martes y definió un plan de acciones, entre las cuales se encuentran la realización de distintas actividades para el día de la marcha, con una asamblea interclaustros y vigilia previa a la movilización.
Desde el gremio universitario señalaron que para la quinta marcha federal universitaria, está prevista la participación de sindicatos y organizaciones sociales de distintos sectores, con el objetivo de que el Congreso nacional suspenda el decreto 70/2023, que concierne una serie de desregulaciones, entre ellas, la ley de tierras.
Asimismo, indicaron que ese día se leerá un documento para expresar el rechazo al "destrato constante del gobierno nacional". Este viernes, el juez que entiende en la causa, Martín Cormick, hizo lugar a la apelación del gobierno nacional contra el fallo que avaló la ley de financiamiento universitario, aunque sostuvo el cumplimiento de la cautelar que obliga al Ejecutivo nacional a cumplir con la normativa.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 concedió el pedido de las autoridades y ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que definirá si confirma o revoca la resolución de primera instancia.
Desde Coad consideraron que la Cámara de Apelaciones fallará a favor del CIN y que eso derivará en una nueva elevación del gobierno nacional a la Corte Suprema, organismo que no tiene plazos para responder. Con lo cual, la "cuestión de fondo" y los fondos que necesitan las universidades para funcionar seguirán en riesgo.
Con vistas al nuevo plenario de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a realizarse el 22 de 23 de octubre, el titular de Coad, Federico Gayoso, confirmó que volverán a presentar la propuesta de paro por tiempo indeterminado.
Se trata del mismo mandato que desde el gremio local llevaron a la asamblea nacional, aunque al final decidieron realizar un paro de semana completa del 28 de septiembre al 3 de octubre coordinado con los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
"Se cumplió el plazo para que el gobierno pague. El primer fallo declara la inconstitucionalidad del decreto de Milei, o sea que el gobierno tiene que cumplir. Necesitamos el dinero porque el sistema universitario está trabajando con la última gota de nafta que le queda", aseguró Gayoso.
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YPF producirá combustible sustentable para aviones
La petrolera de mayoría estatal YPF marcó un punto de inflexión en la industria energética local al confirmar que comenzará a fabricar en la Argentina el denominado Combustible de Aviación Sostenible (SAF), el insumo estrella que revoluciona el transporte aéreo global.
A través de un comunicado oficial, la compañía anunció la firma de un contrato de compraventa a largo plazo con la multinacional francesa TotalEnergies, la cual adquirirá de forma anticipada la totalidad de la producción orientada a la exportación.
El acuerdo estratégico incluye además un derecho de preferencia en favor de la compañía sobre los volúmenes de producción remanentes.
El desarrollo estará a cargo de Santa Fe Bio, una alianza igualitaria entre YPF y Essential Energy. La iniciativa requerirá más de 400 millones de dólares para transformar el complejo de San Lorenzo en Santa Fe, inactivo desde 2017, y aprovechar su ubicación sobre la Hidrovía.
Se prevé una producción cercana a 170.000 toneladas anuales de combustible de aviación sostenible (SAF) y aceite vegetal hidrotratado (HVO).
El pacto con TotalEnergies minimiza también el riesgo financiero y facilita el acceso al project finance, además de posicionar al complejo para adherirse al RIGI.
El SAF disminuye hasta un 80 % las emisiones aéreas frente a los combustibles fósiles. Ante la alta demanda externa por normativas ambientales, el complejo podría exportar por un valor anual estimado entre 300 y 1000 millones de dólares.
Las obras se dividirán en dos etapas: una planta de pretratamiento con un 30 % de avance actual y la biorrefinería final, cuyo inicio operativo se proyecta para fines de 2029. (NA)
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La construcción se derrumbó un 4,4% interanual en agosto 2026
La actividad de la construcción volvió a registrar cifras desfavorables durante agosto. Según los datos oficiales presentados por el Indec, la actividad del sector sufrió una contracción del 4,4% interanual.
En la medición desestacionalizada respecto del mes anterior, el indicador registró un moderado repunte del 0,4%. Pese a romper dos meses consecutivos de bajas, este movimiento no resultó suficiente para modificar la tendencia del rubro.
El consumo de insumos para la construcción reflejó un panorama dispar con un marcado predominio de retrocesos en la comparación interanual. Solo el rubro de tuberías, grifería y cristales junto con las placas de yeso mostraron variaciones positivas durante el mes.
Entre los materiales que registraron caídas severas se ubicaron el asfalto con una merma del 18,4% y las cales con un 13%. Las ventas de cemento, ladrillos huecos y estructuras de hierro cayeron cerca del 8% interanual.
En el balance de los primeros ocho meses del año, el sector acumula un leve margen positivo del 0,8% en relación al período previo. Este registro convive con un escenario frágil que mantiene al rubro entre las actividades más afectadas del mercado interno.
Asimismo, insumos clave como el hormigón elaborado y las pinturas finalizaron el período en terreno negativo. La falta de dinamismo en la obra pública y la cautela en la privada explican el comportamiento dispar del mercado.
La situación del empleo registrado y las expectativas de los empresarios
El mercado laboral privado dentro de la actividad tampoco mostró variaciones significativas durante las últimas mediciones oficiales. Los puestos de trabajo formales registraron una baja del 0,3% interanual, ubicándose en un contexto de virtual estancamiento.
Los empresarios del sector aguardan una estabilización de los costos directos para reactivar nuevos desarrollos. En tanto, la evolución de los insumos continúa marcando el ritmo de la actividad en las distintas provincias.
