País
El Gobierno empieza a privatizar AySA
19 de julio de 2025
El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA, según anunció este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.
Adorni anticipó una licitación “ajustada a los más altos estándares nacionales e internacionales”, con el objetivo de “modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio”.
El funcionario informó que el proceso para que AySa funcione a través de un esquema mixto será regulado por la Comisión Nacional de Valores y “combinará una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital a otros inversores”.
Permanencia de empleados como accionistas
Detalló que la propuesta “incluye la permanencia de los empleados como accionistas dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, que representa el 10% del capital social de la empresa”, y cuestionó que desde 2006 la compañía “requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares hasta el año 2023”, mientras que al mismo tiempo “hubo un fuerte deterioro de la infraestructura y la dotación creció un 90%”.
“Solo en la gestión de gobierno anterior se gastaron más de 4.800 millones de dólares en AySA, que funcionó como una plataforma de campaña”, señaló el funcionario y precisó que “de los 200 millones de dólares destinados a obras, el 25% se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva”.
Causa YPF
Por otro lado, el vocero destacó que la Argentina logró que la Cámara de Apelaciones disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF, y “en consecuencia la decisión de la jueza Preska se encuentra temporalmente suspendida”. En esta línea, aseguró que “Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier difusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos”.
En este marco, el vocero presidencial afirmó que el respaldo que obtuvo el gobierno argentino de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es “un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino”.
Acuerdo con Google
En otro tramo de la conferencia, Adorni anticipó que como consecuencia de una reunión que mantuvo el Presidente Milei con el CEO de Google, el Gobierno nacional firmará con la compañía tecnológica estadounidense un “acuerdo de colaboración para diseñar proyectos que mejoren los servicios públicos del país”.
Por último, informó que Miguel Ángel Blanco renunció como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y su lugar será ocupado por el contador público Alejandro Fabián Díaz, quien “cuenta con experiencia en dirección de empresas y desarrolló actividades de auditoría, sindicatura y control gubernamental durante más de 30 años, tanto en el sector público como en el sector privado”.
A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:
– “El Gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA”.
– “Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF. En consecuencia, la decisión de la jueza Preska se encuentra temporalmente suspendida”.
– “Esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el trámite de apelaciones de entrega de las acciones. No hay un plazo determinado para ello”.
– “El gobierno argentino obtuvo el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio”.
– “El Gobierno del Presidente Milei logró que, en menos de un año y bajo dos administraciones diferentes, la de Biden y la de Donald Trump, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa”.
– “El Ministerio de Justicia abrió un canal para denunciar a las sociedades de gestión colectiva que intenten cobrar ilegalmente derechos de autor por música en reuniones privadas. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial se estableció el Protocolo de Actuación Para la Designación de Agentes Encubiertos Digitales”.
– “A partir de este protocolo y gracias a la creación de este cuerpo de élite dentro del Ministerio de Seguridad, habrá agentes especializados realizando tareas de cibervigilancia en los casos que la Justicia lo solicite”.
– “Se creó un Consejo académico Asesor Ad honorem para este cuerpo que establecerá las pautas y el contenido de la capacitación de los agentes, con el fin de maximizar la eficiencia de las investigaciones judiciales”.
– “El Gobierno nacional firmará con la tecnológica estadounidense un acuerdo de colaboración para diseñar proyectos que mejoren los servicios públicos del país”.
✅ “Miguel Ángel Blanco renunció como titular de la Sindicatura General de la Nación. Su lugar será ocupado por el contador público Alejandro Fabián Díaz, quien cuenta con experiencia en dirección de empresas y certificación internacional en ética y compliance”.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
