País
Autorizan a municipios a cobrar tasas en facturas de luz y gas
16 de julio de 2025
La Justicia autorizó a los municipios a cobrar tasas en facturas de luz y gas
Fue un fallo de la Cámara de San Martín avaló un reclamo del municipio de Escobar, pero que involucra a otros distritos. Revés para el Gobierno.
La “cruzada” del ministro Luis Caputo que buscó aplicar un golpe a los intendentes bonaerenses al prohibir que se incluya impuestos y tasas en facturas de servicios públicos de luz o gas, recibió un duro revés. Tras idas y vueltas, declaraciones cruzadas y denuncias en la Justicia, ahora la Cámara Federal de San Martín ratificó la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía.
La decisión adoptada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández ratificó un fallo de primera instancia del Juzgado Federal de Campana que declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 267/2024, dictada por la secretaría de Comercio, que prohíbe a los municipios cobrar impuestos en los servicios públicos por considerarlos “conceptos ajenos”. Si bien el falló es a favor del municipio de Escobar, beneficia a otros distritos que habían hecho diversas presentaciones.
El dictamen se consideró que Caputo excedió sus facultades al intentar eliminar las tasas de las boletas de luz y gas y ratificó la autonomía de los gobiernos locales, amparados por las constituciones Provincial y Nacional. Si bien el tribunal admitió la propuesta de Caputo persigue un “propósito plenamente legítimo”, alertó que la misma búsqueda podría hacerse por otros medios, sin poner en riesgo las finanzas comunales y respetando los convenios suscriptos oportunamente entre los municipios y las empresas que actúan como agentes de percepción de esos tributos.
“La decisión de ‘prohibir’ impacta directamente sobre el derecho con el que cuentan los municipios de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña, ya que se estaría desnaturalizando el mandato constitucional de asegurar su autonomía”, consideraron los jueces.
Además, sostuvieron que “el procedimiento para el cobro de las tasas (de alumbrado público y distribución de gas) se ve sustentado por la normativa provincial, los convenios suscriptos entre las empresas prestatarias de los servicios públicos y los municipios, así como por las autorizaciones oportunamente otorgadas por las entidades de control”.
La polémica se instaló en septiembre de 2024, cuando la Secretaría de Industria y Comercio emitió la resolución que establece límites para que las empresas de servicios públicos puedan incluir en sus facturas “sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”,lo que alcanzó desde las tasas viales que cobran algunos municipios en las estaciones de servicio, hasta las “ecotasas” que cobran los hoteles en zonas turísticas.
En los últimos años, se volvió una práctica común que en las boletas de electricidad se incluya el cobro de otros servicios, como el pago de seguros de vida o créditos. De este modo, el Gobierno prohibió todas las tasas que se cobran de manera directa a los usuarios y que no tienen relación con el consumo del bien o servicio adquirido. Pero ahora, y tras la fuerte presión de los intendentes del conurbano con presentación judiciales, la Cámara Federal de San Martín le aplicó un duro revés a la gestión libertaria. (DIB)
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
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Los aumentos de febrero
El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:
Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).
- Alquiler inicial: $ 400.000.
- Ajuste anual: 34,6%.
- Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.
- Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
- Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
- Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.
A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.
En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB
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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU
El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.
De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.
La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.
Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.
Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.
Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.
El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.
El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.
