Provincia
Transparencia fiscal: Gral Pueyrredón con puntaje ideal
7 de julio de 2025
Un nuevo relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) expuso el nivel de transparencia fiscal alcanzado por los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires durante el primer trimestre de 2025. Si bien 49 distritos alcanzaron el puntaje ideal en la publicación de sus cuentas públicas, casi un tercio mantiene un desempeño bajo, regular o directamente nulo. El informe advierte sobre la necesidad de fortalecer el acceso ciudadano a la información presupuestaria como parte esencial de una democracia representativa.
El Índice de Transparencia Fiscal Municipal (ITFM) clasifica a los distritos según el cumplimiento en la publicación de seis componentes clave: presupuesto, situación económico-financiera, ejecución trimestral de recursos y gastos, clasificación funcional del gasto, deuda pública y facilidad de acceso en la web.
El puntaje máximo posible es 100, y se considera “cumplimiento estricto” a aquellos municipios que logran la totalidad de los ítems con actualización trimestral y accesibilidad en sus portales oficiales.
Según los resultados, 49 municipios alcanzaron los 100 puntos, entre ellos La Plata, Vicente López, GENERAL PUEYRREDÓN , San Isidro y Luján. Otros ocho distritos se ubicaron en el grupo de “alto cumplimiento”. Por su parte, 24 municipios mostraron un nivel medio, mientras que 31 fueron clasificados como de bajo o regular desempeño. Los 23 municipios restantes no publicaron información relevante o lo hicieron de forma tan desactualizada que no alcanzaron ni cinco puntos.
Entre los aspectos más críticos, el informe destaca que solo el 50,4% de los municipios publicó su presupuesto 2025 completo. En cuanto a la situación económico-financiera, 68 distritos lo hicieron con datos al primer trimestre, pero 27 ni siquiera incluyeron esa información. Además, más del 45% no presentó ejecución presupuestaria actualizada, ni informó el estado de su deuda.
El informe también remarca una evolución positiva en el tiempo: en 2019 apenas dos municipios alcanzaban el nivel más alto de transparencia, mientras que hoy son 49. No obstante, se advierte que el 40% de los gobiernos locales aún exhibe un bajo o nulo compromiso con la apertura de sus cuentas.
La consolidación de estas buenas prácticas, concluye el documento, no debería depender de la voluntad política del momento sino ser parte estructural de la gestión pública local.
La Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal establece criterios y plazos para la publicación de estos datos, aunque actualmente varios de sus artículos están suspendidos y algunos municipios no están formalmente adheridos. Sin embargo, ASAP sostiene que esas prácticas son fundamentales para una gestión transparente, ordenada y abierta al control ciudadano.
Bajo o regular cumplimiento
Exaltación de la Cruz, General Arenales, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Chacabuco, Dolores, Ensenada, Ezeiza, Florencio Varela, General Alvear, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Rodríguez, Ituzaingó, José C. Paz, Lezama, Maipú, Pehuajó, Punta Indio, Quilmes, Roque Pérez, Salliqueló, San Antonio de Areco, San Vicente, Suipacha, Tres Lomas, Zárate, Campana, Daireaux, Patagones.
Nula exposición de datos
General Paz, Hurlingham, Leandro N. Alem, Mar Chiquita, Marcos Paz, Merlo, Navarro, Pergamino, San Fernando, Tordillo, Cañuelas, Castelli, La Costa, Esteban Echeverría, Guaminí, Lomas de Zamora, Pila, Pilar, Presidente Perón, Puan, Ramallo, San Nicolás y Villa Gesell.
¿Qué es ASAP?Según se explica en la web oficial, ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) “es un organismo no gubernamental creado en 1975 y consolidado dos años después. Desde entonces se trabaja en pos de mejorar el sistema de Administración Financiera Pública en general y de presupuesto en particular, profundizar el debate en torno del rol del Estado, generar instancias asociativas de cooperación y pensar herramientas para ampliar los conocimientos y promover la accesibilidad y la comprensión sobre las cuentas públicas”.
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Legislatura trataría proyectos sobre endeudamiento de las familias
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires trataría este martes cuatro proyectos destinados a abordar el sobreendeudamiento de las familias y la situación de quienes registran deudas. Las iniciativas avanzaron en las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor y quedaron habilitadas para llegar al recinto.
Los cuatro proyectos contemplan diferentes herramientas frente a la morosidad. Entre ellas aparecen el respaldo legal a los deudores, la incorporación del concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios, la prohibición de prácticas abusivas por parte de los bancos y la creación de un régimen judicial para reestructurar deudas de consumo.
En principio, las iniciativas se aprobarían durante la sesión del martes en la Cámara baja bonaerense. El tratamiento previo también generó diferencias entre sectores del oficialismo provincial alrededor de uno de los proyectos.
Uno de los textos fue presentado por el diputado Facundo Tignanelli junto con el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. La propuesta busca brindar respaldo legal a los deudores y recibió reparos de legisladores vinculados al sector del gobernador Axel Kicillof, quienes finalmente se abstuvieron en la votación.
“Tenemos algunas diferencias en cuanto a la autoridad de aplicación. Estoy convencida de que la protección tiene que ser a través de las oficinas municipales de información al consumidor y en articulación con la Dirección de Defensa del Consumidor, porque entiendo que la Defensoría del Pueblo tiene otras competencias”, sostuvo la legisladora Ana Luz Balor.
Pese a esas diferencias, el proyecto consiguió avanzar en comisión. El planteo sobre la autoridad de aplicación marcó el principal punto de discusión durante su tratamiento.
El segundo proyecto incorpora el concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios. La iniciativa busca que las prestadoras de dinero entreguen “información clara” a las personas interesadas en tomar deuda.
Además, contempla la posibilidad de revisar las condiciones de los créditos ante un deterioro de la situación económica general o de las condiciones económicas particulares del deudor.
La tercera propuesta apunta a prohibir las “prácticas abusivas” de los bancos contra los deudores. También busca “prevenir el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales de deuda”.
Por último, otra iniciativa contempla la creación del Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo. Este mecanismo permitirá a los vecinos presentar denuncias ante los Juzgados de Familia y de Paz para agilizar la vía legal de los reclamos sin iniciar previamente un trámite administrativo.
Los cuatro proyectos quedaron así en condiciones de llegar a la Cámara de Diputados bonaerense. Su tratamiento está previsto, en principio, para la sesión del martes.
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Zona Fría: varios municipios sufrirán el recorte de subsidio
El proyecto oficial establece que los beneficios del régimen Zona Fría quedarán limitados a los usuarios que residan en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. De este modo, el mayor impacto se concentraría en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las principales beneficiadas por la ampliación del régimen en 2021.
Si la iniciativa oficial se convierte en ley, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 ciudades bonaerenses, incluyendo a Mar del Plta a y gran prtebde lap rovinica (Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino).
Además, se quedarán sin el beneficio distritos como General Pueyrredón, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, entre otras.
También perderán el beneficio municipios de Santa Fe incorporados en 2021, por ejemplo, Rosario, General López, San Lorenzo y Constitución.
En Mendoza, el único departamento que conservaría el beneficio sería Malargüe. En cambio, quedarían excluidas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Mientras que en San Luis, la capital provincial, Villa Mercedes y Merlo perderán el beneficio de aprobarse la iniciativa oficial junto a las ciudades de Andalgalá, Belén y Tinogasta de San Juan.
Lo mismo ocurrirá en Salta en los departamentos de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Salta Capital. En Catamarca; en Famatina, Chilecito y General Lamadrid, en La Rioja; y en Tafí del Valle, Tucumán. (TN)
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Escapes libres: Habrá multas de hasta $2.281.000
El Senado bonaerense buscará en la próxima sesión avanzar con un proyecto de ley que apunta a terminar con los ruidos molestos generados por motos y autos modificados. La limitación en el uso de los escapes libres, que impactan en la calidad de vida de personas y de animales, podría tener sanción en ese cuerpo el 6 de octubre
La decisión de tratar esta iniciativa se dio tras una reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado, que busca dotar al Estado de herramientas más duras para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio provincial. Las multas, de hecho, podrían llegar a 1000 Unidades Fijas, lo que hoy significaría $2.281.000.
La comisión aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por la legisladora de Hechos, María Emilia Subiza, que tiene el objetivo de “prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en la provincia de Buenos Aires”, especialmente en las motos y los autos que circulan con escapes no autorizados o adulterados.
Según precisó Subiza, el proyecto que tiene una expericia en San Nicolás apunta a que el Estado bonaerense pueda actuar de manera integral frente a una problemática que “afecta el sueño de miles de familias, principalmente de poblaciones vulnerables, tales como adultos mayores, y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.
El texto que plantea un abordaje integral de la problemática, puesto que establece controles y sanciones más allá de las establecidas para los conductores de los vehículos que posean escapes libres, o carezcan del silenciador reglamentario. Es decir, también incluye en las penas a los comercios que trabajan con este tipo de productos.
De esta manera, en caso de prosperar la ley, aquellos comerciantes que la infrinjan, serán sancionados con una multa de hasta 5.000 Unidades Fijas, equivalente hoy a $11.405.000, el decomiso y disposición final del caño de escape antirreglamentario, la clausura preventiva o temporaria del establecimiento.
En tanto, para los conductores de motos o autos con escapes libres, la norma ingresada por la senadora de la Segunda sección electoral contempla multas de 300 hasta 1.000 Unidades Fijas (de $684.300 hasta $2.281.000), la inhabilitación para conducir de tres meses a un año, y la incautación y compactación final del vehículo, caño antirreglamentario y demás elementos en infracción. DIB
