Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% frente a la misma fecha del año anterior, medidas a precios constantes. A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala. En consecuencia, la tracción generada resultó insuficiente para quebrar la tendencia de estancamiento del mes y consolidar un repunte estructural de la actividad.

El 81,2% de los comercios encuestados adhirieron a acciones promocionales (5,8 puntos porcentuales menos que el año anterior), destacándose con un 55,3% la financiación con tarjeta y con un 46,2% los descuentos en efectivo. El gasto medio por operación se situó en $45.892 en contraste con los $33.736 del año anterior, reflejando una suba en términos reales del 0,8% una vez absorbido el impacto inflacionario.

En términos de desempeño relativo a lo proyectado, los resultados mostraron un panorama ajustado a metas conservadoras. Mientras que un 43,6% de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor). Solo un 14,7% logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7% mejor y 2% mucho mejor), evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual.

La información cualitativa relevada evidencia que el desempeño de las ventas respondió primordialmente a estrategias de tracción de flujo financiero y rotación de mercadería. La absorción de costos de financiamiento y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o levemente inferiores a los del año anterior, aun a costa de comprimir la rentabilidad. En paralelo, el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.

Respecto a la incidencia de la fecha sobre la actividad, el relevamiento refleja que el impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación. Para el 36% de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% señaló una nula incidencia en sus ventas. De este modo, apenas el 9,1% consideró que la celebración resultó clave para dinamizar el mes, confirmando que la jornada operó principalmente como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo pyme.

Análisis sectorial

La totalidad de los cinco rubros relevados registró contracciones interanuales en sus niveles de venta frente a 2025. Las caídas más pronunciadas se observaron en Juguetería (-4,8%) e Indumentaria (-4,1%), seguidas por Calzado y marroquinería (-3,1%). En tanto, Librería (-1,8%) y Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-1%) exhibieron los retrocesos más moderados del período.

Calzado y marroquinería.

En comparación con la misma fecha del año anterior, el rubro presentó una caída del 3,1%. En cuanto al ticket promedio, el mismo se ubicó en $50.680. El sector evidenció una baja tasa de conversión, registrando afluencia de consultas que no se tradujeron en operaciones efectivas debido a la retracción del poder de compra. Frente a este escenario, los comercios adoptaron esquemas comerciales agresivos basados en descuentos directos y planes de financiación para traccionar liquidez, resignando margen de rentabilidad en un mercado altamente competitivo y dependiente de las promociones de última hora.

Equipos de audio y video, celulares y accesorios.

El ticket promedio de compra se ubicó en torno a los $51.136, mientras que, en comparación al Día del Niño del año anterior, las ventas del rubro registraron un descenso del 1%. La demanda se concentró predominantemente en productos complementarios y de menor valor unitario, como accesorios y parlantes portátiles, observándose una menor tracción en artículos principales como celulares. La operatoria comercial dependió casi exclusivamente de opciones de financiamiento en hasta tres cuotas, limitadas por los comercios para preservar márgenes ante el costo financiero, y con una marcada dispersión en los resultados según la gama de productos ofrecida.

Indumentaria y accesorios.

El ticket de compra promedio se ubicó en $42.344, con una caída en la variación interanual del 4,1%, siendo el segundo descenso más pronunciado de la medición. El desempeño del rubro estuvo condicionado por un cambio de hábito donde la indumentaria pierde prioridad frente a otros rubros específicos de la fecha, sumado a la competencia con ferias y canales informales. Para hacer frente a la caída de actividad previa y obtener liquidez, los comerciantes aplicaron descuentos. Eso permitió sostener los volúmenes en niveles similares o levemente inferiores al año anterior, aunque en un marco de márgenes acotados y moderada afluencia.

Juguetería.

El ticket promedio se ubicó en $45.038, con una variación interanual negativa del 4,8%. De este modo, fue la caída más pronunciada del relevamiento. El desempeño del sector estuvo condicionado por una marcada disparidad en el acceso a herramientas crediticias: mientras algunos locales lograron traccionar operaciones mediante acuerdos específicos y cuotas, otros señalaron una insuficiente oferta de financiamiento por parte de las entidades bancarias. La demanda se inclinó preferentemente hacia artículos de menor costo y compras de último momento, en un contexto de intensa competencia frente a bazares con opciones de bajo precio, plataformas electrónicas, productos importados y ferias informales.

Librería.

El ticket promedio se ubicó en $38.279, con una variación interanual que reflejó una baja del 1,8%. El segmento experimentó un flujo comercial de activación tardía, concentrando la mayor parte de las operaciones durante la jornada del sábado. Para equiparar los volúmenes del período anterior, los comercios recurrieron a esquemas de descuentos y promociones especiales, con una salida orientada casi exclusivamente a títulos de menor formato y bajo costo unitario. Asimismo, se manifestó una pérdida de relevancia relativa del libro como opción de obsequio frente a otros rubros tradicionales de la fecha.

Dos proyectos de ley que comenzaron a debatirse en la Cámara de Diputados buscan habilitar la siembra en las áreas aledañas a las rutas nacionales (banquinas), algo hoy prohibido. La idea, que también en la provincia de Buenos Aires viene generando debate, permitiría sembrar unas 50.000 hectáreas al costado de estas vías.

Los proyectos pertenecen a los diputados Javier Sánchez Wrba (PRO) y Agustina Propato (Unión por la Patria) apuntan a aprovechar superficies que hoy pueden encontrarse sin uso productivo, a través de permisos precarios y onerosos, manteniendo las condiciones necesarias para la circulación y el mantenimiento de las rutas. Cabe aclarar que no se incluye la posibilidad de sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas de seguridad vial.

Las propuestas buscan revertir la prohibición de producir que hoy rige sobre esos espacios, algo que, "durante años fue una práctica habitual, hasta que una resolución de 2008 dejó sin efecto el régimen que permitía otorgar permisos para la siembra, cultivo y cosecha", contaron desde la Fundación Barbechando.

Según se informó, en la propuesta de Sánchez Wrba “los productores frentistas tendrían prioridad para acceder, mediante el pago de un canon, a los permisos de uso productivo de las franjas adyacentes a la calzada -tierras que hoy en día son de dominio público- para poder producir”.

Barbechando precisó que, respecto al destino de los fondos que se recauden vía el permiso, “solo existe una diferencia instrumental: por parte del PRO el destino es el mantenimiento de la Red Vial Nacional mientras que la propuesta de UXP tiene un fin social y cooperativo”.

“De acuerdo con una estimación incorporada al proyecto, si se consideraran aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal en las zonas productivas y se tomara como referencia una Red Vial Nacional de unos 40.000 kilómetros, el universo potencial podría alcanzar unas 50.000 hectáreas que podrían sumarse a los cultivos anuales”, agregó Barbechando.

La entidad recordó que en distintas jurisdicciones existen normas que permiten compatibilizar el uso vial con determinados usos productivos regulados. “Un caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires, donde la Ley N 10.342, de 1985, habilita a los municipios a otorgar permisos de uso precario sobre franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial. De hecho, existen experiencias municipales en las que se avanzó con este tipo de utilización bajo normativa provincial y local, como el caso de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires”, indicó.

Sin embargo, recientemente un proyecto apunta a modificar esa ley que permite a los intendentes conceder permisos de uso sobre las franjas linderas a las rutas y caminos que integran la red vial bonaerense. No obstante, excluye de manera expresa a las banquinas, es decir, los espacios laterales reservados por la legislación vigente para la seguridad vial, lo que limita las posibilidades de sembrar en esos terrenos.

Ahora, un proyecto impulsado por la diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, propone modificar el artículo primero de la ley para incluir a las banquinas dentro de los espacios susceptibles de ser cedidos en uso, siempre que exista una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense.

Cabe recordar que en febrero de este año, el municipio bonaerense de 9 de Julio puso en marcha una convocatoria dirigida a productores frentistas y actores del sector agropecuario para participar de una licitación pública que permitirá sembrar unas 300 a 350 hectáreas de banquinas ubicadas sobre las diferentes rutas provinciales y caminos como la ruta 65.

El Gobierno flexibilizó dos requisitos clave para acceder a los vouchers educativos ante el crecimiento de la morosidad en las escuelas de gestión privada. La medida suspende la interrupción o cancelación del beneficio a las familias que adeuden cuotas en colegios privados con subvención estatal.

La decisión fue formalizada a través de la resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, y suspende hasta finales de diciembre la aplicación de dos artículos que establecían las condiciones relacionadas con el mantenimiento de la prestación.

“Atento a que el ciclo lectivo se encuentra en curso, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios, la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa propicia la suspensión de la aplicación del citado articulado (artículos 14 y 21 inc. E del Reglamento general del Programa) durante el año 2026”, remarcó la medida.

El programa Vouchers Educativos permite cubrir hasta el 50% de la cuota mensual sobre la jornada simple en instituciones educativas de gestión privada del 75% de aporte estatal o más.

Para acceder al beneficio, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que en agosto equivalen a $2.636.200.

En cuanto a los dos artículos suspendidos por la resolución 505, el número 14 del reglamento general del programa de Vouchers Educativos determinaba que las escuelas debían informar de forma mensual la nómina de beneficiarios que adeudaran cuotas.

“Ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio será suspendido hasta que se regularice la situación”, señalaba el artículo. En ese caso, una vez regularizada la deuda, se permitía el cobro retroactivo. Si la familia acumulaba tres cuotas impagas, el voucher educativo era cancelado.

Mientras que el artículo 21, inciso “e”, establecía el cese de la prestación del beneficio por adeudar tres o más cuotas escolares.

Con la suspensión de ambos artículos, la acumulación de cuotas escolares impagas ya no podrá derivar en la suspensión o cancelación del beneficio hasta finales de diciembre.

La morosidad en los colegios privados alcanzó el 11%

Crece la cantidad de familias que se atrasan en el pago de las cuotas ante la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los servicios que obligan a los hogares argentinos a ajustar cada vez más sus presupuestos.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), Martín Zurita, indicó a TN que la morosidad alcanza el 11% promedio, por encima del 7% registrado el año pasado.

Si bien hay disparidad entre las instituciones educativas de acuerdo a su oferta de servicios, ubicación y público, el sector coincide en que el atraso en las cuotas es una realidad.

“Hay un 11% de morosidad promedio. Hay escuelas que tienen menos y otras que tienen más. Las zonas donde se concentra un mayor porcentaje de mora son la zona sur y oeste del conurbano bonaerense, que en algunos casos llegan al 20%”, afirmó Zurita. (TN)