JUDICIALES
Causa Vialidad: José López se entregó para cumplir la condena
17 de junio de 2025
José López, exsecretario de Obras Públicas, se entregó al Tribunal Oral Federal N°2 para comenzar a cumplir su condena en la causa Vialidad, luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia.
López fue condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la investigación sobre la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, que favoreció al empresario Lázaro Báez.
Su presentación ante la justicia coincide con el rechazo de la fiscalía al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también condenada en la misma causa. Se espera que en las próximas horas se determine el establecimiento penitenciario donde López cumplirá su condena y las condiciones de su detención. López ya cumple otra condena por enriquecimiento ilícito, tras ser detenido en 2016 intentando ocultar millones de dólares en un convento.
Ahora el Tribunal deberá decidir si le concede la domiciliaria o lo traslada a alguno centro carcelario.
López fue excarcelado en 2021 en el expediente que lo investigó por enriquecimiento ilícito luego de ser descubierto con bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez.
En la Causa Vialidad, es uno de los nueve condenados en la investigación confirmada la semana pasada por la Corte Suprema, al rechazar los planteos contra el fallo de la Cámara de Casación, que confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
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López llegó este lunes a la Ciudad de Buenos Aires desde la provincia de Santa Cruz, para cumplir con la orden judicial que lo intimó a presentarse en los tribunales de Comodoro Py, tras quedar firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
López entrando los bolsos al convento de General Rodríguez
La condena en el caso Vialidad
La semana pasada, la Corte Suprema dejó firme la condena en la causa Vialidad, en la que también fueron sentenciados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, entre otros condenados. A partir de esa resolución, el Tribunal Oral Federal N°2 ordenó que todos ellos se presenten en Comodoro Py en un plazo máximo de cinco días hábiles.
López fue excarcelado en abril de 2021 en la causa en la que se lo juzgó por enriquecimiento ilícito, tras pagar una fianza de 85 millones de pesos. Desde entonces, permaneció en Río Gallegos. En la causa por la que ahora volverá a quedar detenido fue juzgado por el direccionamiento de obras públicas en favor de las empresas de Lázaro Báez durante el kirchnerismo.
En 2016, el exfuncionario fue detenido luego de que se conociera una filmación en la que se lo veía tratando de ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento en General Rodríguez. Dos años más tarde, en 2018, fue aceptado como imputado colaborador en la causa de los Cuadernos de las coimas.
Pedido del defensor
López pidió cumplir la detención en un domicilio de Río Gallegos y puso como garante a María Amalia Díaz, su pareja. Díaz fue juzgada como presunta testaferro de López en la causa por los bolsos millonarios. Díaz había sido condenada a dos años de prisión, pero la Corte decidió que se dicte un nuevo fallo.
En el pedido de prisión domiciliaria, la defensa oficial de López señaló que el ex funcionario tiene problemas psiquiátricos que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades. También argumentó que no puede ir a prisión por una cuestión de seguridad ya que es arrepentido en la causa de los «cuadernos de la corrupción».
La defensa señaló que su vida corre riesgo si vuelva a prisión. El TOF 2 tendrá en cuenta la opinión de los peritos médicos para definir su lugar de detención.
Imagen: José López con chaleco antibalas y casco es trasladado a la cárcel desde los Tribunales de Comodoro Py por la causa Vialidad. Foto Santiago Garcia Díaz
JUDICIALES
Con el ‘Chiqui’ Tapia en la mira, investigan supuesto lavado ligado
Tras varias horas, la Policía Federal sigue allanando la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por el delito de lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.
Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos: una de ellas es la sede de Banfield y otra una oficina de Adrogué.
En base a la información, los investigadores creen se armó un fideicomiso para blanquear dinero vinculado al rol de Urzi como deportista.
En este sentido, según el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador al Fútbol Club Juárez de México.
La fiscalía que lleva adelante la causa indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.
Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.
En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.https://d-32163133784092842641.ampproject.net/2510081644000/frame.html
De este modo, la fiscalía considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.
La Justicia investiga a Sur Finanzas
Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisión de sus deberes como agente de liquidación.
Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo.
También se analizan movimientos de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol, como los casos de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociación Civil, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación Civil, Club Atlético Defensores de Glew y Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña. (Fuente: TN).
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Justicia restringe régimen de visitas durante prisión domiciliaria
Las visitas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su casa de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria, fueron restringidas por la Justicia. Así lo informó la misma mandataria que apuntó contra el "bestiario mediático" y al poder Judicial.
La titular del Partido Justicialista (PJ) adjudicó la medida judicial a la última foto que difundió en sus redes sociales sobre una encuentro que mantuvo con nueve economistas este lunes. "No es la foto… es la Economía estúpido", cuestionó.
Además, cuestionó que "el bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque" y defendió la reunión con los economistas en su prisión domiciliaria: "Me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI".
"¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró sobre el aviso previo que debe dar a la Justicia antes de recibir visitas.
Luego, continuó: "¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran 'muchas personas' y que, además, estaba 'haciendo política'." Al respecto, argumentó que "el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto" y agregó que "seis de ellos dirigentes de la FES y la UES". "¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA!", sostuvo sobre los encuentros en los que divulgó las fotos por redes sociales.La Justicia restringió el régimen de visitas a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria
Además, afirmó que Argentina "desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo". Al respecto, agregó que "entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día". "En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas", acotó y sostuvo que "más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día durante lo que va del gobierno de Milei".
"Hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes… tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei, en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas", interpretó la expresidenta.
Por último, completó: "Esto de 'bajar la inflación' (hasta ahí nomás porque hoy sigue siendo más alta que a fines del 2015) con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'".
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Vialidad: ordenan decomisar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados
El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.
Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez.
Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.
Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental.
También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.
El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.
“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.KAKAEiCL0gBEVJ55zLkQeA
Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al TOF 2 que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares). NA
