País
‘No hay recursos para financiar el aumento de las jubilaciones’
5 de junio de 2025
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el gobierno de Javier Milei vetará los proyectos de ley aprobados con media sanción en la Cámara de Diputados, que incluyen un aumento del 7,2% de emergencia en las jubilaciones, la suba del bono de $70.000 a $120.000 y la extensión por dos años de la moratoria previsional.
Francos, quien se encontraba en la Feria Agroindustrial, defendió la postura del Ejecutivo nacional frente a la iniciativa legislativa en la Cámara baja y advirtió sobre sus consecuencias económicas.
«El presidente Milei lo explicó con claridad: esperamos que el Senado reconsidere esta media sanción. Si se convierte en ley, la vamos a vetar porque no tenemos los recursos para financiarla», afirmó Francos en diálogo con Cadena 3.
El funcionario subrayó que el Gobierno tiene dos objetivos centrales: la lucha contra la inseguridad, liderada por la ministra Patricia Bullrich, y la reducción de la inflación. «Es un esfuerzo colectivo de todos los ministerios. Venimos de una inflación del 56% en diciembre y ahora estamos en torno al 2% en mayo, algunos dicen 1 y pico. Eso no se logra solo, requiere un esfuerzo enorme del Estado para reducir el gasto», destacó.
Francos criticó duramente la decisión de Diputados, calificándola como una «irresponsabilidad que amenaza el equilibrio fiscal». Explicó que el sistema jubilatorio argentino, basado en el reparto, enfrenta un desequilibrio estructural. «Hoy tenemos un activo y medio por jubilado, cuando lo mínimo para sostener el sistema son cuatro trabajadores activos por jubilado».
Según datos del Ministerio de Economía, de los 5.774.000 jubilados, 1.862.000 aportaron durante al menos 30 años y reciben un haber promedio de $872.000, mientras que 3.900.000 se jubilaron por moratorias, con un haber promedio de $320.000 más el bono. «No es justo para los que aportaron que se abran nuevas moratorias para quienes no lo hicieron. Esto no es un sistema jubilatorio, es una joda», sentenció, atribuyendo esta práctica a políticas del kirchnerismo.
El jefe de Gabinete propuso que la solución pasa por formalizar la economía para incorporar a los trabajadores informales, que hoy igualan en número a los formales. «Hay que generar más inversión privada con reformas laborales y tributarias que reduzcan impuestos. La baja de la inflación ya está impulsando un crecimiento del PBI del 6 al 8% según el trimestre», señaló.
Sin embargo, advirtió que la aprobación de gastos sin financiamiento, como los propuestos por Diputados, podría revertir estos logros. «Ayer (por el miércoles), cuando se abrió la sesión en Diputados, las acciones argentinas en el mundo cayeron un 5%. El mundo nos mira, y si el Congreso actúa con irresponsabilidad, destruirá la economía otra vez», alertó.
Francos también vinculó la media sanción a un contexto político-electoral. «Estamos en un año electoral, y la política tradicional ve que el presidente Milei, un presidente no convencional con enorme popularidad, tiene chances de ganar en octubre. Entonces, usan estos métodos para horadar nuestra política de baja inflación», afirmó.
En este sentido, señaló que los gobernadores, algunos aliados del Gobierno, permitieron que sus diputados votaran a favor de la iniciativa como parte de un reclamo por fondos, especialmente para infraestructura y anticipos del Tesoro. «No tiene sentido volver a lo mismo de siempre: emitir billete, aumentar el déficit, seguir con los curros de la obra pública. La gente dijo basta en diciembre de 2023», remarcó.
Al ser onsultado sobre la situación de los jubilados, que enfrentan haberes insuficientes, Francos reconoció la gravedad del problema, pero insistió en la necesidad de un sistema sostenible. «No podemos agravar el problema con más moratorias. El Estado está fundido, y estamos poniendo las cuentas en orden, lo que nos ha ganado reconocimiento internacional. Hay que reformar el sistema, y el presidente lo propondrá en su momento», aseguró.
DIPUTADOS
La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones el proyecto que otorga un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones gestionadas por la ANSES (excepto regímenes especiales) y eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualizaciones futuras atadas a la inflación.
También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.
La iniciativa, impulsada por bloques opositores, desató un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, que ya anticipó el veto presidencial si el Senado ratifica la medida, alegando un impacto adverso en el superávit fiscal.
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Petovello en medio del conflicto con UTHGRA: ‘No es correcto mentir ni presionar’
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello denunció que es víctima de presiones y hostigamiento en medio de la disputa por el reconocimiento de las autoridades de la UTHGRA. En un mensaje publicado en X, afirmó que el conflicto electoral debe dirimirse en los tribunales y adelantó que evalúa presentar una denuncia para proteger su integridad moral y física.
“No es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar”, escribió la funcionaria este sábado. Pettovello afirmó que el proceso por las autoridades del sindicato gastronómico está judicializado y que recibió pedidos para que el Ministerio desistiera del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema.
La ministra planteó que la decisión sobre la certificación debe quedar en manos de la Justicia y no depender de presiones externas. También vinculó el clima de tensión con una movilización anunciada frente a la cartera de Capital Humano, a la que le adjudicó intereses particulares y no reclamos vinculados con los derechos de los trabajadores.
La disputa por la certificación sindical
El expediente está relacionado con la acreditación de las autoridades electas de la UTHGRA, que encabeza Luis Barrionuevo. En septiembre, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había ordenado a la Secretaría de Trabajo emitir una certificación provisoria en un plazo de cinco días. El Gobierno apeló esa resolución ante la Corte Suprema.
La certificación permitiría a Barrionuevo ser reconocido formalmente como representante del gremio y realizar gestiones sindicales, entre ellas participar en negociaciones salariales. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la Secretaría de Trabajo no debe intervenir mientras siga abierta la controversia por el resultado electoral, cuestionado por la lista Gris/Naranja que lidera Dante Camaño.
Capital Humano basa su postura en el decreto 342, dictado en 2025, que limita la intervención estatal en elecciones sindicales. La norma prevé la designación de un funcionario por hasta 120 días hábiles cuando una organización carece de autoridades y su estatuto no establece cómo resolverlo. Según la cartera, las disputas deben tramitarse en el fuero laboral. Radio Mitre
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Un sismo de magnitud 4.4 se registró en San Juan
Un sismo sismo de magnitud 4,4 se sintió durante la noche del viernes 13 de noviembre en la localidad peruana de San Juan de Marcona, ubicada en la provincia de Nasca, de acuerdo con lo informado por el Centro Sismológico Nacional (Censis), organismo dependiente del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Por el momento, las autoridades locales no reportaron daños materiales ni personas afectadas por el episodio telúrico.
El movimiento comenzó a las 22:21 (hora local) y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, exactamente a 108 kilómetros al oeste de Marcona, con una profundidad focal de 31 kilómetros. De acuerdo con el informe técnico oficial, la Red Sísmica Nacional asignó al evento una alerta de color verde, categoría reservada dentro de su escala preventiva para temblores leves de hasta 4,4 grados obtenidos mediante sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento.
La dinámica tectónica detrás de la sismicidad en Perú
Que este nuevo episodio se haya producido en la costa de Ica se explica por la ubicación geográfica del Perú dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica de unos 40.000 kilómetros donde se concentra aproximadamente el 80% de los terremotos más potentes del planeta y alrededor del 75% de sus volcanes activos.
Debajo del territorio peruano, la placa tectónica de Nazca se desplaza de forma constante y subduce por debajo de la placa Sudamericana. Esa fricción permanente entre ambas masas continentales acumula enormes niveles de energía que, al liberarse de manera repentina, desencadenan sismos recurrentes y sostienen una intensa actividad volcánica en toda la región andina.
Antecedentes históricos de terremotos destructivos
A lo largo de su historia contemporánea, el territorio peruano atravesó catástrofes sísmicas de enorme impacto humano y estructural, encabezadas por el trágico terremoto de Áncash del 31 de mayo de 1970. Aquel sismo de magnitud 7,9 provocó un gigantesco aluvión que sepultó la ciudad de Yungay, dejando un saldo estimado por el Instituto Nacional de Defensa Civil de 67.000 víctimas fatales y 150.000 heridos.
Otros episodios severos dejaron huellas profundas en el país, tales como el sismo de Lima en 1974 (magnitud 8 y 252 fallecidos), el movimiento de 1990 con 77 muertes, y el terremoto del sur en 2001 que generó un destructivo tsunami. Asimismo, sobresalen el devastador terremoto de Pisco en 2007, que causó 596 muertos, y el sismo registrado en Loreto en 2019, que afectó a más de 2.500 habitantes.
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Casi el 70% de los hogares no llega al 20 del mes con sus ingresos
El presupuesto mensual rinde cada vez menos para la mayoría de los hogares argentinos, ya que “el 67,7% no supera el 20 del mes con sus ingresos”, lo que significa que dos de cada tres personas se quedan sin dinero 10 días antes que finalice el mes.
Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que expone que el 14,9% de los encuestados agota su dinero antes del día 10, mientras que el 35,3% lo hace a más tardar el día 15. En el otro extremo de la pirámide, “solo el 31,1% llega a fin de mes”, de los cuales apenas un 7,5% reporta capacidad de ahorro.
En este marco, el informe sostiene que “la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza”, reafirmando los datos relevados, que anteriormente ya fueron cuestionados por el presidente Javier Milei.
Al respecto, el mandatario se había preguntado: “¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, desestimando la posibilidad de que dicha situación sea una realidad mayoritaria en el país.
El reporte expone que el nivel del deterioro económico se acentúa según el rango socioeconómico y la edad. En la clase baja, el impacto es severo, ya que el 82,4% no supera el día 20 con sus ingresos, el 43,8% no pasa del día 15 y ningún encuestado de este estrato declaró capacidad de ahorro.
En el caso de la clase media, el trabajo detalló que concentra la mayor aceleración del deterioro en la comparación intermensual. La proporción que no supera el día 20 ascendió del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre.
En cuanto al segmento joven, compuesto por los menores de 40 años, aportó que constituyen otro grupo fuertemente vulnerado, precisando que el 75% no supera el día 20 con sus ingresos y solo el 2,1% logra ahorrar.
Ante ingresos que se agotan en forma anticipada, el endeudamiento actúa como paliativo de emergencia. El 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses. Lejos de destinarse a la compra de bienes durables o al consumo suntuario, el financiamiento se orienta a cubrir necesidades primarias.
Entre quienes se endeudaron, “el 57,7% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 18,3% para pagar tarifas y servicios”. Es decir, tres de cada cuatro endeudados (76%) recurrieron al crédito para sostener la subsistencia del hogar.
Con respecto a la percepción sobre el poder adquisitivo del salario, el informe reveló que “el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación”. Esta mirada es compartida tanto por votantes opositores (95,2%) como por un 59% de quienes respaldan al oficialismo.
En paralelo, se observa una marcada brecha de credibilidad respecto de las estadísticas públicas, ya que “el 69,6% cree que el dato de inflación que publica el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana”.
El informe explica que esta diferencia responde, entre otros factores técnicos, a que el índice oficial mantiene ponderaciones basadas en la estructura de gasto de 2004/05, subestimando el peso real que insumen hoy las tarifas y los servicios en los presupuestos familiares. (NA)
