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Celulares en el aula: Colegios privados ante un desafío cada vez más complejo
14 de mayo de 2025
El celular se volvió una extensión del cuerpo para millones de chicos y chicas en Argentina. En muchos casos, el vínculo empieza antes de los diez años y se intensifica en la adolescencia. La escuela, mientras tanto, todavía busca recetas: ¿permitirlos, regularlos, prohibirlos?
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) indagó en cómo están abordando las escuelas el uso del celular en las aulas. El resultado: hay colegios que aplican restricciones, otros que delegan la decisión en los docentes, y quienes buscan integrar los dispositivos de forma pedagógica.
“En AIEPA nos preocupa el acceso temprano de chicos y chicas al celular, su uso irrestricto y el impacto que pueden tener en los entornos de aprendizaje. Estamos viendo que, sin una regulación adecuada, las aulas pierden foco y calidad educativa. Por eso impulsamos espacios de intercambio entre instituciones para compartir experiencias y buenas prácticas”, señaló Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad.
Un informe Kids Online Argentina 2025, elaborado por UNICEF y UNESCO sostiene que el 95% de los chicos entre 9 y 17 años tiene su propio celular con acceso a internet, y el 88% se conecta todos o casi todos los días desde ese dispositivo. La edad promedio de acceso al primer celular es de apenas 9,6 años. Si bien el 61% lo usa todos los días para estudiar y la mitad dice haber aprendido algo nuevo online, solo un 60% considera saber identificar si una fuente de información es confiable.
“Son datos que vemos día a día en nuestras escuelas: chicos que llegan con el celular como una extensión de su mano, con dificultades para sostener la atención o el diálogo cara a cara. No hay una única solución, pero sí un consenso: el tema no puede ser ignorado”, agregó Zurita.
“El uso irrestricto del celular interrumpe el acto pedagógico”, advirtió Tamara Iuso, vicedirectora del nivel secundario del Complejo Educativo Rubén Darío, en Villa Ballester. “Por más que parezca una distracción menor, cada vez que los estudiantes miran una notificación, se produce un corte en la atención que cuesta varios minutos recuperar”. En su escuela, el uso del celular fue regulado, no en la búsqueda de demonizar la tecnología, sino con el objetivo de generar un espacio donde prime la atención plena.
Con la pandemia quedó instalada la idea de que todo se puede hacer a través de una pantalla, pero la escuela no es solo transmisión de contenidos. Es, además, vínculo, convivencia y cuerpo presente. El celular se entromete y rompe la dinámica natural del aula.
En el Instituto Avellaneda, Sandra Fernández, directora del nivel secundario, apuesta por una incorporación provechosa de los dispositivos. “Soy profesora de informática, así que la tecnología en el aula siempre fue fundamental para mí”, comentó. Al principio, fue prueba y error hasta encontrar el modo más conveniente, pero siempre pensó que prohibirlo no era el camino.
¿Qué estrategias adoptan las escuelas?
El Colegio Asunción de la Virgen, de Olivos, decidió que desde el inicio de este ciclo lectivo los alumnos deben dejar sus celulares apagados en un box dentro del aula al ingresar. Solo podrán usarlos con fines pedagógicos, y únicamente cuando el docente lo indique. El objetivo es reducir el impacto negativo del uso constante del celular en la atención, la comprensión lectora y otras habilidades cognitivas. “Es necesario volver a fortalecer capacidades como la imaginación, la organización y el pensamiento complejo”, señalaron en una comunicación que hicieron llegar a las familias.
La directora, María Gimena Venditti, explicó que la medida fue bien recibida por los padres.
Como parte del nuevo procedimiento, se incorporaron carteles para señalar cuándo el uso de tecnología está autorizado. Si el docente necesita proyectar un video o utilizar recursos digitales, coloca un cartel en la puerta que dice “Estamos usando la tecnología” y lo retira al finalizar la clase. Esto permite visibilizar el uso intencional de los dispositivos dentro del marco pedagógico.
Al principio, algunos alumnos mostraron resistencia y ansiedad al dejar sus celulares, relató Venditti. Sin embargo, con el tiempo, la práctica se naturalizó.
En el Complejo Educativo Rubén Darío, definieron una regla clara: el celular solo puede usarse cuando el docente lo indica con un fin pedagógico específico. “No es una prohibición ni una sanción: es una invitación a construir otro tipo de presencia”, dijo Iuso, su directora. Muchos alumnos, según contó, incluso sintieron alivio con la regulación.
La medida mejoró el clima escolar. Durante años, muchos docentes sentían que estaban en una “batalla desigual”. Pero al consensuar normas claras con toda la comunidad, se redujo la ansiedad digital, se favoreció una atención más sostenida y vínculos más genuinos en el aula.
Hay escuelas que apuestan por estrategias más flexibles basadas en acuerdos. “Cada docente fue encontrando su modalidad: algunos pedían que los celulares estén guardados o en silencio, y otros los permitían en ciertos momentos”, explicó Fernández, directora del Instituto Avellaneda, que da libertad a los profesores de aplicar la estrategia que consideren más adecuada. A medida que se consolidan normas claras en cada materia, se logra un uso más responsable entre los estudiantes.
Desde la institución también se trabaja activamente la concientización sobre el uso de la imagen digital y los riesgos de compartir contenido en redes sociales. “No se permiten redes ni grabaciones a compañeros o docentes”, subrayó Fernández.
Estas experiencias de las distintas escuelas muestran un panorama heterogéneo, que no ofrece recetas mágicas, pero que también vislumbran que es posible encontrar un equilibrio: ni un aula desconectada del mundo digital ni un espacio dominado por las notificaciones.
Prensa AIEPA
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Buscan garantizar la atención médica de los monotributistas
La Superintendencia de Servicios de Salud publicó en el Boletín Oficial la Resolución 492/2026, que crea una sección especial en el Registro de Agentes de Salud destinada a entidades dispuestas a recibir afiliados monotributistas provenientes de obras sociales o prepagas dadas de baja por el organismo.
La inscripción en esta sección implica el compromiso expreso de incorporar a estos afiliados, garantizando la continuidad de su cobertura. Podrán inscribirse los Agentes del Seguro de Salud que se encuentren activos en el sistema, registrados conforme al artículo 69 bis del Decreto N° 1/2010 y que no estén sujetos a procedimientos de crisis.
La medida se enmarca en los criterios establecidos por el Decreto 1400/2001, que regula la distribución de beneficiarios cuando una entidad es dada de baja, y fija los parámetros para su reasignación entre los agentes que acepten incorporarlos.
Es importante destacar que esta disposición aplica exclusivamente a monotributistas. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, se mantiene el derecho a ejercer la opción de cambio a través de la web de la Superintendencia, pudiendo elegir libremente entre las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS).
El objetivo central es garantizar que los afiliados no pierdan en ningún momento su cobertura de salud. En este sentido, la Superintendencia continúa avanzando en el ordenamiento del sistema, promoviendo la competencia, la transparencia y la libertad de elección.
La medida incorpora controles operativos e informáticos para que la reasignación de afiliados se realice de manera automática y segura, evitando interrupciones en la cobertura. El nuevo esquema de gestión, impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud, exige el cumplimiento estricto de los requisitos legales antes de admitir nuevos afiliados y promueve herramientas de auditoría para monitorear el sistema.
La resolución destaca que, hasta ahora, el esquema vigente dificultaba la reasignación de afiliados monotributistas frente a situaciones de incumplimiento, liquidación o crisis en las entidades. Con este reordenamiento, el objetivo es que ningún monotributista quede sin servicios médicos en caso de baja de su agente de salud.
El establecimiento de este registro busca fortalecer la competencia entre las obras sociales, que deberán mejorar la calidad de sus prestaciones para mantener y atraer afiliados. Los usuarios, en tanto, contarán con mayor información y alternativas, lo que incrementa su seguridad ante eventuales cambios en la estructura de la cobertura médica en Argentina.
La medida representa un avance en la transparencia y el ordenamiento del sistema, garantizando que los monotributistas no pierdan en ningún momento su derecho a la atención sanitaria, según lo señalado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la normativa publicada.
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APARECIÓ SANA Y SALVA
El final más esperado llegó este jueves a la ciudad de Cosquín. Luego de casi 24 horas de una búsqueda frenética que movilizó a fuerzas federales y provinciales, la pequeña Esmeralda, de 2 años, fue encontrada con vida.
La noticia, que trajo alivio tras una jornada de máxima tensión, fue adelantada por Cadena 3, Juan Federico, quien detectó el movimiento de un móvil policial que daba cuenta del hallazgo en plena zona de rastrillaje.
El fiscal General Manuel Delgado confirmó: “Apareció hace minutos, está a resguardo de la fiscalía y se harán los chequeos médicos y los trámites de rigor para ver que ha sucedido en términos reales con esta chiquita”.

El operativo, que incluía drones térmicos y más de 110 efectivos, dio sus frutos cerca de la zona de la Costanera, apenas a 400 metros del domicilio en el barrio San José Obrero donde la niña había sido vista por última vez.
Al escuchar el alerta por frecuencia radial, el jefe de la Policía de Córdoba se desplazó de urgencia al lugar para supervisar el rescate. Desde la fiscalía a cargo de Silvana Pen, confirmaron rápidamente la información más importante: Esmeralda está viva y en buen estado de salud general, aunque será sometida a los controles médicos de rigor para evaluar su condición tras pasar la noche a la intemperie.
Crónica de una desaparición que activó al país
La pesadilla había comenzado el miércoles por la tarde, cuando su madre, Tania López, la perdió de vista en un "segundo" mientras realizaba tareas domésticas. Lo que siguió fue un despliegue sin precedentes para la región:
Alerta Sofía: El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Alejandra Monteoliva, activó el protocolo de emergencia nacional, blindando las salidas de la provincia con controles "auto por auto" en la autopista Córdoba-Carlos Paz, la Ruta 38 y el Caminos al Pan de Azúcar.
La sospecha criminal: La familia siempre mantuvo la hipótesis de que la niña no se había ido por sus propios medios. Su tía, Valeria, fue tajante al afirmar que "se la llevaron del frente de la casa", dado que la menor nunca se alejaba del perímetro familiar.
La pista del circo: Durante la madrugada, la atención se centró en un circo que se retiró de la zona justo el miércoles, y que los vecinos habían intentado inspeccionar sin éxito ante la falta de una orden judicial.
Un operativo cerrojo exitoso
Del rastrillaje participaron dotaciones de Bomberos de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda y Santa María, junto a unidades especiales del ETAC y la división canes. La presión del operativo cerrojo y la difusión masiva del perfil de la menor —tez trigueña, pelo castaño claro y su característico body gris— fueron claves para mantener la zona bajo vigilancia extrema.
A esta hora, la justicia cordobesa mantiene el secreto de sumario para determinar las circunstancias exactas de cómo llegó la niña hasta el lugar del hallazgo y si efectivamente existió la intervención de un tercero, como denunciaba su entorno. Por ahora, el barrio San José Obrero celebra el milagro de haber recuperado a su vecina más pequeña. (Gentileza Cadena3)
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A 50 AÑOS DE GOLPE
En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un mensaje en el que renueva su “compromiso con la memoria”, rechaza de manera contundente “toda forma de violencia institucional” y convoca a “fortalecer una democracia fundada en la justicia, la dignidad humana y el bien común”.
El documento, titulado "’Nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘siempre más’ a una democracia justa", propone una reflexión sobre el período marcado por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En ese sentido, los obispos subrayan que la memoria no puede ser fragmentaria ni selectiva, sino "íntegra y luminosa", como escribió el papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti.
Así, el texto del Episcopado afirma: “Tengamos bien presente que mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores. Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor, capaz de iluminar el presente y prevenir la repetición de los errores del pasado”.
Sin “vuelta de página”
Se advierte sobre el riesgo de "dar vuelta la página": “Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”.
Recordar implica reconocer “el dolor de los familiares que enfrentan la muerte violenta de un hijo o pariente, sabiendo que ese dolor se multiplica si se trata de un ‘desaparecido’, al no poder tocar su cuerpo, ni llorar ante él”.
“La libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”, continúa el texto.
Asimismo, los obispos reconocen que este proceso de memoria “exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos”.
Inclusión y dignidad
En otro tramo del mensaje, el Episcopado reafirma que la democracia debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. En esa línea, advierte que "la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera". “Una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno”, afirma.
El texto también pone énfasis en la protección de los más vulnerables, particularmente niños, adolescentes y jóvenes frente a problemáticas como el consumo problemático y la trata de personas.
Para los obispos, una democracia auténtica se construye desde la inclusión: “La democracia tiene que acertar con su finalidad última que es el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana”.
También destacan “el valor central del trabajo como eje de la cuestión social”, no sólo como fuente de sustento, sino como ámbito de realización personal y de contribución al bien común: “Permite que cada ciudadano ‘ponga el hombro’ en la construcción de una patria de hermanas y hermanos”.
Rechazo a la violencia y llamado al diálogo
En un contexto social atravesado por tensiones y polarización, el Episcopado alerta sobre el crecimiento de actitudes autoritarias y discursos que promueven la confrontación. En ese sentido, advierte sobre los riesgos de una cultura que naturaliza la agresión, tanto en el ámbito político como en las redes sociales y la vida cotidiana.
“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”, resalta el texto.
Y señala que “frente a esto, es necesario rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable. Para ello, es imprescindible recuperar el diálogo sincero, desinteresado y honesto al servicio de una verdadera amistad social”.
El documento retoma el anhelo de "ser Nación" como una tarea pendiente que requiere compromiso, unidad y una visión compartida de futuro. Para ello, reclaman “una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación plena en la vida de la comunidad”.
En ese marco, reafirman el valor de la Constitución Nacional como base de la vida democrática: “Si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran las obligaciones que ésta manda, todos viviríamos con mayor dignidad”. Y destacan: “En la Carta Magna está la base de todo proyecto de Nación que se precie de tal”.
Señalan la necesidad de “un proyecto estratégico de desarrollo”, que “abra un horizonte de mayor dignidad, paz social, trabajo y prosperidad, privilegiando a las puntas de la vida: los ancianos y los niños”. Este proyecto “daría lugar a la esperanza activa y la no violencia que tanto necesitamos”.
En el final del texto los obispos elevan una oración: “Con todo cariño pedimos al Señor que bendiga nuestra patria y a la Virgen de Luján que no nos suelte de la mano en la búsqueda del bien común y la solidaridad con los más débiles”.

