JUDICIALES
NO FUE FEMICIDIO
14 de febrero de 2025
La Justicia consideró que el crimen de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que fue abusada y asesinada el 9 de octubre de 2016 en Mar del Plata, no fue un femicidio.
La resolución, que corresponde al Tribunal de Casación Penal integrado por los jueces Victor Violini y Florencia Budiño, determinó que no hay una responsabilidad penal en el fallecimiento de la víctima.
Así, lo dispuso el Tribunal Oral Criminal N° 2 de Mar del Plata que fijó una nueva pena, ahora por el delito de «abuso sexual», pero no por su muerte. Así, los magistrados dieron lugar parcialmente al planteo de la defensora de Matías Farías, Laura Solari, y los asesores de Pablo Offidani, César Sivo y Romina Merino.
En este contexto, los jueces dictaminaron que existía un contexto asimétrico entre Lucía Pérez, quien «tenía un consumo problemático de estupefacientes, y Farías, de 23 años, que se dedicaba al narcomenudeo pero no consumía».
De acuerdo al fallo, se demostró el contexto de violencia de género y el control que Farías tenía del encuentro con la damnificada, al tiempo que remarca que el culpable buscaba «chicas para venderles» y que no pensaba comercializar con hombres. Violini y Budiño consideran que esto «permite inferir que era intencional programar encuentros con objetivos sexuales».
EL FALLO
«Debo concluir que en el caso deviene irrelevante en tal contexto de situación, corroborar si, efectivamente, pudo haber existido de parte de la víctima la exteriorización de un consentimiento expreso o tácito para mantener relaciones sexuales con el encausado, puesto que conforme el cúmulo de indicadores de violencia de género, el mismo jamás hubiera podido tenerse por válido, en virtud del elocuente entramado de vicios que de existir lo afectarían, y consecuencia de ello, importa la ausencia de toda eficacia jurídica a los fines de convalidar cualquier acto de índole sexual», sostiene el escrito.
Con respecto al femicidio, los jueces creen que «existen dudas» sobre el dolo homicidio de Farías, mientras que «los argumentos técnico-jurídicos expresados por el Tribunal N° 2 para sustentar su decisión en la temática no gozan de amplia aceptación en la doctrina nacional y extranjera».
LOS ACUSADOS
En noviembre de 2018, el Tribunal Criminal N°1 de Mar del Plata condenó a Farías y a Offidani por «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo». Pero los absolvió por el delito de abuso sexual y ni siquiera contempló la posibilidad del femicidio.
En 2020, tras la revisión de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal bonaerense, se solicitó el inicio de un nuevo juicio y en 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata sentenció a la pena de prisión perpetua a Farías por ser autor material del femicidio y a ocho años de cárcel a Offidani por considerarlo partícipe secundario.
Esta resolución de Casación Penal se da a conocer en el día del cumpleaños de Lucía Pérez. Este viernes 14 de febrero se realizarám ademásm la apertura del Cuarto de Lucía -desde las 18 en Alvarado 4579-, un espacio que será emblema para la lucha contra la violencia de género.
JUDICIALES
Con el ‘Chiqui’ Tapia en la mira, investigan supuesto lavado ligado
Tras varias horas, la Policía Federal sigue allanando la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por el delito de lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.
Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos: una de ellas es la sede de Banfield y otra una oficina de Adrogué.
En base a la información, los investigadores creen se armó un fideicomiso para blanquear dinero vinculado al rol de Urzi como deportista.
En este sentido, según el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador al Fútbol Club Juárez de México.
La fiscalía que lleva adelante la causa indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.
Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.
En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.https://d-32163133784092842641.ampproject.net/2510081644000/frame.html
De este modo, la fiscalía considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.
La Justicia investiga a Sur Finanzas
Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisión de sus deberes como agente de liquidación.
Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo.
También se analizan movimientos de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol, como los casos de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociación Civil, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación Civil, Club Atlético Defensores de Glew y Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña. (Fuente: TN).
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Justicia restringe régimen de visitas durante prisión domiciliaria
Las visitas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su casa de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria, fueron restringidas por la Justicia. Así lo informó la misma mandataria que apuntó contra el "bestiario mediático" y al poder Judicial.
La titular del Partido Justicialista (PJ) adjudicó la medida judicial a la última foto que difundió en sus redes sociales sobre una encuentro que mantuvo con nueve economistas este lunes. "No es la foto… es la Economía estúpido", cuestionó.
Además, cuestionó que "el bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque" y defendió la reunión con los economistas en su prisión domiciliaria: "Me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI".
"¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró sobre el aviso previo que debe dar a la Justicia antes de recibir visitas.
Luego, continuó: "¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran 'muchas personas' y que, además, estaba 'haciendo política'." Al respecto, argumentó que "el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto" y agregó que "seis de ellos dirigentes de la FES y la UES". "¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA!", sostuvo sobre los encuentros en los que divulgó las fotos por redes sociales.La Justicia restringió el régimen de visitas a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria
Además, afirmó que Argentina "desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo". Al respecto, agregó que "entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día". "En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas", acotó y sostuvo que "más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día durante lo que va del gobierno de Milei".
"Hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes… tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei, en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas", interpretó la expresidenta.
Por último, completó: "Esto de 'bajar la inflación' (hasta ahí nomás porque hoy sigue siendo más alta que a fines del 2015) con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'".
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Vialidad: ordenan decomisar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados
El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.
Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez.
Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.
Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental.
También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.
El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.
“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.KAKAEiCL0gBEVJ55zLkQeA
Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al TOF 2 que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares). NA
