La coparticipación bruta que reciben los municipios bonaerenses cayó en los dos primeros meses de este año un 12% en términos reales, de acuerdo a un estudio de la consultora PPA, que agrega además que las comunas están perdiendo fondos de libre disponibilidad en favor de los que tienen asignación específica.

El estudio de PPA se enfoca en la coparticipación bruta que es el 16,14% de sus recursos totales que la provincia gira automáticamente a las intendencias, antes de detraerle fondos por aportes específicos para el financiamiento de instituciones (IPS o IOMA) y otros fondos compensadores.

El trabajo indica que en enero y febrero hubo una caída de $14.820 millones en las transferencias totales. “Se explica principalmente por una caída del 12% de la coparticipación bruta”, durante ese período, indicó PPA.

Según PPA “la estructura de transferencias muestra un cambio relevante": Caen los recursos de libre disponibilidad. Aumentan los fondos con asignación específica En el primer bimestre: Coparticipación bruta: (-$94.963 millones) Fondo de Financiamiento Educativo: (+$80.005 millones)”, lo que implica una perdida de autonomía relativa de los intendentes.

De hecho, una delegación del Foro de Intendentes de la UCR que encabezó su presidente, Maximiliano Suescún, le pidió al ministro de Gobierno Carlos Bianco hacer de libre disponibilidad el Fondo de Fortalecimiento Municipal, un monto que hoy está en el 70%.

Más allá del promedio, en los dos primeros meses hubo municipios que recibieron más coparticipación bruta mientras que otros recibieron menos.

En ese punto, PPA es que “incluso municipios que mejoraron mucho su coeficiente de reparto en el 2026 (es el coeficiente por el cual se define cuánto del 16,1% que se transfiere le toca a cada uno), en el 2026, no lograron compensar la caída de la masa coparticipable ”.

Pero así y todo hubo ganadores: en el total de transferencias (todos los fondos) 53 municipios tuvieron subas. Se destacan: Carmen de Areco (+14,5%), Lobos (+10,1%), General Rodríguez (+9,8%), Chacabuco (+8,7%), Monte (+8,5%), Campana (+8,1%), Cap. Sarmiento (+7,9%), Pergamino (+7,8%), y Cañuelas (+7%)

Y a la vez , otros registraron caídas superiores al 3%. Se destacan San Isidro (-11,7%), Pinamar (-10,8%), Vicente López (-10,2%), Villa Gesell (-9,2%), Malvinas Argentinas (-9%), Monte Hermoso (-8,9%), Saavedra (-7,8%), General San Martin (-7,8%) y General Viamonte (-7,7%).

Los judiciales bonaerenses realizan una jornada de protesta a partir de las 12 del mediodía que incluye un paro total y retiro de los lugares de trabajo. La medida afecta la actividad en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

La medida implica un cese parcial de actividades en toda la provincia, con retiro de los puestos de trabajo desde el mediodía. Por eso, se estima que la protesta genere demoras en la atención al público, suspensión de audiencias y ralentización de expedientes, especialmente durante el turno tarde. 

La convocatoria que lanzó la AJB se da ante la falta de respuestas del máximo tribunal a una serie de reclamos que el gremio sostiene desde hace meses.

Según indicaron desde la organización sindical, la ausencia de definiciones profundiza un escenario de conflicto vinculado a condiciones laborales, carrera judicial y recomposición salarial. 

“Las trabajadoras y los trabajadores judiciales seguimos en conflicto con la Suprema Corte de Justicia, que continúa sin dar respuestas a problemas estructurales”, sostuvo el secretario General de la AJB, Hugo Russo.

En esa línea, el dirigente remarcó la necesidad de “definiciones políticas concretas” para avanzar en soluciones de fondo. 

Entre los principales planteos, están la implementación de subcategorías para todo el escalafón como una herramienta para mejorar los ingresos y ordenar la carrera judicial.

Asimismo, reclaman la sanción de una ley marco de paritarias que permita discutir en condiciones de igualdad aspectos vinculados al trabajo judicial. 

Una denuncia judicial puso bajo la lupa el funcionamiento del sistema de fotomultas en rutas y municipios de la provincia de Buenos Aires. El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a empresarios, funcionarios y actores del ámbito académico de integrar un entramado destinado a desviar fondos públicos y pagar coimas a cambio de habilitaciones para instalar radares.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de causas que en los últimos meses expusieron irregularidades en el negocio de las multas. Entre ellas, el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos, en una investigación que también analiza maniobras vinculadas a fotomultas y la VTV.

Los acusados por Marijuan son Leandro Camani, dueño de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., proveedoras de la tecnología de fotomultas, y Diego Kampel, Secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señalado como el nexo institucional para facilitar las contrataciones.

Asimismo, el fiscal menciona la presunta connivencia de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y hasta del propio titular de del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Martín Marinucci, quien justamente sucedió a D’Onofrio en el cargo. Todos estarían implicados en la causa por gestionar las autorizaciones para instalar los radares a cambio de coimas.

Camani ya había quedado en el centro de otra causa tras ser denunciado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una presunta maniobra de extorsión vinculada a la instalación de cámaras. El enfrentamiento escaló semanas después, cuando el propio Camani denunció a Tapia por presunto abuso de autoridad.

En paralelo, la investigación de Marijuan avanza sobre un presunto mecanismo sistemático para eludir los controles en la contratación de radares. Según la denuncia, el esquema se apoyaba en convenios entre municipios y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), lo que permitía evitar licitaciones públicas.

A partir de allí, se habría montado una triangulación de fondos a través de una fundación vinculada a la universidad, que luego contrataba de manera directa a empresas privadas. En ese circuito, hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos de los intermediarios, mientras que los municipios recibían una porción menor.

La presentación judicial también menciona la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasma para generar dinero en efectivo, que habría sido destinado al pago de coimas a funcionarios encargados de autorizar los sistemas de control vial.

Según el expediente, al menos una docena de municipios participaron de estos convenios, entre ellos La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Morón y Zárate. Solo en uno de ellos, la recaudación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año.

Ahora, la causa quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien deberá definir las primeras medidas de prueba, entre ellas allanamientos y el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero.

El caso vuelve a poner en foco un sistema que mueve cifras millonarias y que, lejos de limitarse al control del tránsito, aparece cada vez más atravesado por disputas judiciales, denuncias cruzadas y una creciente pelea por el control del negocio.

La denuncia del fiscal federal apunta a un entramado que involucra a empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, y autoridades académicas. El esquema habría permitido la elusión de licitaciones públicas y la triangulación de fondos millonarios. (Mitre)