El gobierno nacional rechazó el reclamo presentado por las cámaras empresarias y confirmó la reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través del decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida confirma el decreto 196/2025 que introdujo las modificaciones en la reglamentación de la Ley de Tránsito 24.449.

La novedad de estos cambios que se introducen está en los nuevos plazos y condiciones del sistema de revisión técnica vehicular, ya que este decreto mantiene que los autos cero kilómetro tendrán un plazo de cinco años desde el patentamiento hasta realizar la primera RTO (antes se realizaba al tercer año).

En tanto, para los vehículos de hasta diez años de antigüedad, la misma pasará a ser renovada cada dos años. Cabe destacar que este planteo había sido realizado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (Catrai), la cual reúne a los centros de control técnico de todo el país.

Desde la Catrai cuestionaron que la extensión de los plazos podría aumentar los riesgos. Al respecto, desde el Ejecutivo justificaron que estos cambios responden a la evolución tecnológica del parque automotor, por la cual mediante estudios indicaron que la mayoría de los siniestros viales están vinculados a errores humanos y no a fallas mecánicas.

La medida tiene como objetivo simplificar el sistema, reducir los costos para los usuarios y generar mayor competencia en el mercado de la revisión técnica, habilitando a más talleres que funcionen en cada jurisdicción, así como también a las concesionarias o talleres mecánicos que cumplan con los requisitos. Los precios del servicio de la RTO quedarán sujetos a la libre competencia entre los prestadores.

A su vez, desde el gobierno indicaron que la extensión de los plazos de la primera revisión a cinco años permitirán poner el foco en los controles técnicos sobre los vehículos más antiguos, que representan mayores riesgos.

Cuándo hacer la VTV

- Autos 0 km: a los 5 años.

- Vehículos de hasta 10 años: cada 2 años.

Se aproxima el próximo fin de semana largo en Argentina, que se ha establecido para durar cuatro días, aunque no todos los trabajadores podrán disfrutar de este beneficio.

De acuerdo al cronograma del gobierno nacional, el fin de semana extra largo se llevará a cabo el sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo. 

A pesar de esto, hay que tener en cuenta que el lunes 23 ha sido declarado como día no laborable con fines turísticos, lo que significa que muchos empleadores pueden optar por hacer trabajar a sus empleados sin obligación legal de otorgarles descanso, y además, no recibirán pago doble por ello.

En contraste, el 24 de marzo es un feriado inamovible debido al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

Argentina atraviesa una etapa clave en la transformación de su sistema eléctrico. Las nuevas reglas que comienzan a implementarse buscan reintroducir señales económicas, ordenar incentivos y atraer inversión privada, sin alterar los compromisos contractuales vigentes. Se trata de una transición estructural que podría redefinir el funcionamiento del mercado energético en los próximos años.

El tema fue analizado en el webinar “Mercado Eléctrico: ¿qué hay de nuevo?”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, realizado en el marco de la presentación de la nueva Diplomatura en Sector Eléctrico que impulsa la institución.  El encuentro fue moderado por Oscar Medina y contó con la participación de las especialistas María Fernanda Martínez y Nadia Sager, quienes analizaron el proceso de cambios que atraviesa el sector en el marco de la nueva normativa energética.

Durante el encuentro se explicó que el país se encuentra en una etapa de “normalización adaptada”. El proceso no implica romper con los contratos existentes, pero sí modificar de manera significativa la lógica de funcionamiento del sistema eléctrico, con el objetivo de recuperar señales de mercado y mejorar la eficiencia del sector.

Los mercados eléctricos modernos -con Europa como referencia conceptual- distinguen claramente entre actividades competitivas, como la generación y la comercialización de energía, y aquellas que constituyen monopolios naturales, como el transporte y la distribución. Mientras las primeras pueden operar bajo esquemas de competencia, las segundas continúan bajo regulación estatal.

Este modelo se apoya en dos pilares fundamentales: contratos de largo plazo que permitan financiar inversiones y un mercado spot que funcione como señal coyuntural de escasez o abundancia. En la experiencia internacional, ningún sistema eléctrico se sostiene únicamente con precios diarios para expandir su capacidad. Los contratos de abastecimiento, como los PPA, son considerados una condición necesaria para que los proyectos energéticos puedan financiarse de manera sostenible.

En el caso argentino, el mercado comienza a volver gradualmente a una lógica marginalista, aunque con un esquema de “costo marginal adaptado”. Actualmente, el precio spot proyectado ronda los 50 dólares por MWh, un valor inferior al de años anteriores. Esta situación genera una tensión en el sistema: mientras la demanda observa precios relativamente bajos y posterga la firma de contratos, los generadores requieren valores más altos para justificar nuevas inversiones.

Según los especialistas, esta brecha constituye uno de los principales desafíos de la transición energética. Si las señales económicas no se alinean adecuadamente, el riesgo no es inmediato, pero sí estructural: una menor inversión en generación que podría traducirse en tensiones de abastecimiento hacia el final de la década.

En cambio, si el proceso logra consolidarse, Argentina podría avanzar hacia un mercado eléctrico más competitivo y transparente, con la participación de nuevos actores -como comercializadores, sistemas de almacenamiento y grandes usuarios más activos- y con distribuidoras que asuman un rol más dinámico dentro del sistema.

Otro punto relevante del proceso es el papel de la CAMMESA. Durante la transición, el organismo mantiene funciones contractuales y de administración, aunque el objetivo de mediano plazo es que recupere principalmente su rol técnico-operativo como entidad responsable del despacho eléctrico, reduciendo su papel como gestor comercial centralizado.

La experiencia internacional muestra que ningún marco regulatorio permanece inalterado. Incluso Europa debió introducir ajustes tras la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el principio general se mantiene: competencia en la generación, regulación en las redes, contratos para financiar la expansión y precios que reflejen los costos reales del sistema.

En este contexto, el período de transición entre 2026 y 2029 será determinante para el futuro del sector eléctrico argentino. Lo que hoy aparece como un ajuste técnico podría convertirse, en la práctica, en una redefinición estructural del sistema energético del país.

El mercado ya comenzó a moverse. Ahora resta que las señales terminen de alinearse.