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Récord de pasajeros en vuelos en 2024
20 de enero de 2025
La Secretaría de Transporte de Argentina anunció un nuevo récord histórico en el transporte aéreo, con 2.850.356 pasajeros registrados durante diciembre de 2024, un 10% más que los 2,5 millones registrados para el mismo mes de 2018, la mayor marca hasta el momento.
De los pasajeros, 155.679 viajaron al extranjero sin pasar por Buenos Aires, lo que representa un aumento del 30% respecto al mismo mes de 2023.
Las rutas más destacadas para estos vuelos internacionales fueron las que conectaron Mendoza con Santiago de Chile, Bariloche con la capital chilena y Córdoba con Panamá, con un 47%, 29% y 25% de los vuelos, respectivamente.
En cuanto a los vuelos internacionales, se registró un total de 1.311.680 pasajeros, un aumento del 12% en comparación con noviembre de 2024 y del 10% respecto al mismo mes del año anterior.
Además, se destacó que todos los meses de 2024 superaron las cifras de 2023, reflejando una clara tendencia de crecimiento en el transporte aéreo del país.
El año pasado viajaron 29,3 millones de pasajeros, una cifra que supera los 29,1 millones transportados en 2023.
Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, compartió su satisfacción en las redes sociales al conocer los números reportados por la ANAC. Comenzó su mensaje resaltando: ‘El sector aéreo no para de crecer’.
A continuación, hizo hincapié en el fuerte crecimiento, al mismo tiempo que cuestionó las intervenciones previas en el sector: «En cabotaje, la recuperación fue sostenida, impulsada por la estabilización económica del país, en un mercado aerocomercial más transparente, sin subsidios como el preViaje ni el ‘plan platita’ que distorsionaban el sistema«.
El secretario también mencionó el papel del sector privado en este auge, destacando que Aeropuertos Argentina calificó diciembre de 2024 como un hito histórico.
Finalmente, Mogetta reafirmó el impacto positivo de la política de Cielos Abiertos y las múltiples desregulaciones del sector: «La apertura del mercado aerocomercial y estas reformas crearon las condiciones para que el transporte aéreo crezca más que nunca«.
Tras un exhaustivo análisis por parte de organismos internacionales, la ANAC llevó a cabo una serie de ajustes regulatorios en el ámbito de la aviación, con el objetivo de alinearse con los estándares globales.
Estos cambios fueron formalizados a través de la Resolución 46/2025, que introduce diversas enmiendas en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Las modificaciones más destacadas incluyen la incorporación de las enmiendas 49, 41 y 25 al Anexo 6 del Convenio de Chicago, que abordan aspectos clave como las definiciones generales, las reglas de operación y los requisitos técnicos.
Estas enmiendas afectan directamente las operaciones regulares e irregulares, tanto en el ámbito nacional como internacional, que están reguladas por las Partes 91, 121 y 135 de las RAAC.
Además, se procederá a la actualización de las normas locales en cuanto a equipamiento mínimo, reglas de vuelo sobre altamar, número mínimo de tripulantes exigidos y los sistemas de alerta de tránsito y colisión (TCAS/ACAS), lo que garantizará una mayor conectividad y eficiencia en las operaciones del sector.
Un punto importante de la resolución es la implementación de la versión 7.1 del TCAS/ACAS, una actualización que había sido postergada durante años, pero que finalmente se establece como obligatoria.
Esta versión debía haberse adoptado en 2017 para cumplir con los estándares internacionales, ya que las aeronaves que operan según la normativa argentina aún utilizan la versión 7.0, que se basa en tecnología de más de 20 años de antigüedad.
La resolución también introduce cambios en los ensayos de validación y demostración en vuelo para aeronaves de transporte aéreo no regular.
Estas modificaciones permiten flexibilizar los requisitos de horas de vuelo en situaciones de bajo riesgo operativo, lo que tiene como objetivo no penalizar a los operadores y fomentar el crecimiento de la industria aerocomercial.
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
