El Gobierno   exigió a todo el personal de la administración pública que inicie trámites jubilatorios, que tiene por objetivo pasar a retiro a unos 10.000 empleados, según informaron fuentes oficiales.

Esta decisión, que afecta a empleados de 65 años que acrediten 30 años de servicios con aportes, fue anunciada a través de la resolución 3/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, publicada en el Boletín Oficial.

“Instrúyase a los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias a intimar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”, afirma el texto.

Este “inciso a y c” del artículo 8° de la Ley 24.156 al que refiere la resolución implica a los empleados de la Administración Nacional, conformada por la Administración Central, los Organismos Descentralizados y Entes Públicos.

En sus considerandos, el Gobierno argumentó que el objetivo de la resolución es lograr una "gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

La resolución recomienda la misma medida a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

El secretario general de ATE Capital, Daniel 'Tano' Catalano, cuestionó esta medida al señalar que se trata de "laburantes esenciales" que con su ausencia "solamente se destroza al Estado" y "se deja a la gente sin atención de lo cotidiano". "Son laburantes que son esenciales en las sedes donde están trabajando", indicó Catalano en declaraciones a Radio Red.

En esa línea, el secretario general de ATE enmarcó esta decisión con el reciente anuncio de disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el despido de más de 3.000 empleados. "Es una sumatoria de conflictos. Ayer la AFIP y hoy con esto", señaló y agregó que Milei "quiere seguir exprimiendo lo poco que queda del Estado".

La canciller Diana Mondino afirmó que es "absolutamente falso" que desde esa cartera haya salido un comunicado en el que las Islas Malvinas fueron mencionadas como "Falklands" y lo atribuyó a una "versión maliciosa publicada en la web del Gobierno".

"Estamos identificando al responsable para despedirlo. Vamos a ir a fondo contra cualquiera que, guiado por la ideología de izquierda, atente contra los intereses de los argentinos. Las Malvinas son, fueron y serán siempre argentinas, estamos trabajando para recuperarlas", sostuvo Mondino desde sus redes sociales.

La aclaración de la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores radica en la redacción de un documento oficial donde el Gobierno relata un encuentro entre Mondino y el vicepresidente del Comité de la Cruz Roja, Gilles Carbonier, reunión que tenía por objeto apuntalar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Malvinas.

El texto original, que fue borrado de la página web oficial, usaba la denominación "Falklands" en referencia a las Islas Malvinas. Fuentes oficiales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas calificaron el error como "grosero".  

El texto había sido publicado en el sitio del Ministerio de Defensa, pero ni esa cartera, que conduce Luis Petri, ni Relaciones Exteriores se responsabilizaron del asunto. La Cancillería se encuentra en el ojo de la tormenta desde el inicio de la gestión de Javier Milei por los reiterados pasos en torno a la Cuestión Malvinas, entre otros temas.

El error diplomático se coló en la tarde de este miércoles en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que sesionaba en el momento que se conoció ese texto oficial.

El senador fueguino de la UCR Pablo Blanco volvió la solicitar la presencia de Mondino en la Cámara alta, por quien ya existe un pedido de exposición por parte de los integrantes de esa comisión.      

Con amplio respaldo, la Cámara de Diputados avanzó hoy con la firma del dictamen del proyecto que propone implementar el juicio por jurados para delitos federales con penas mayores a los cinco años de prisión o reclusión.

En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Justicia, hubo luz verde para la iniciativa que busca implementar en todos los tribunales federales y nacionales del país este instrumento de participación ciudadana para la elaboración de las sentencias judiciales, cuya aplicación implicaría un cambio drástico en el sistema de administración de Justicia.

La premisa básica del proyecto, que ha sido objeto de debate durante décadas, es que un grupo de ciudadanos sin formación jurídica elegidos por sorteo público pueda determinar la culpabilidad o inocencia de acusados de delitos graves de acuerdo a propio prisma de apreciación moral.

La iniciativa plantea la conformación de jurados populares de12 integrantes y dos suplentes, con paridad de género, que tienen que estar presentes durante todo el proceso, con la tutela y orientación de un juez que se encarga de emitir condena.

El veredicto lo dicta el jurado y es inapelable, y sus deliberaciones son secretas y no se hacen públicas.

Tanto que el monto de la pena como la resolución de planteos que puedan hacer las partes durante la causa (como pedidos de nulidad, libertades, detenciones, etcétera) recaen en el magistrado federal.

Una curiosidad: el proyecto incluye la obligación de que los jueces conduzcan las audiencias con toga y martillo, a la vieja usanza.

De esta manera, se busca dar cumplimiento a unmandato constitucional de la Carta Magna de 1853, ratificada por la Convención Constituyente de 1994.

El objetivo es acercar la Justicia a la gente y dotar de una fuente de legitimidad a los fallos que resultan del proceso judicial.

En tanto, el sistema de juicio por jurados garantiza la imparcialidad de los fallos, dado que de su veredicto no dependen ni sus ascensos, ni sus carreras judiciales.

El acusado también se beneficia por el hecho de ser juzgado por pares y no por el Estado propiamente dicho, muchas veces colonizado por intereses corporativos.

El sorteo público, a cargo de la Cámara de Casación Penal, se realiza sobre la base de los padrones que confecciona laCámara Nacional Electoral(CNE) cada dos años, y es una carga pública para aquellos ciudadanos que salen sorteados, los cuales deben ser de la misma circunscripción territorial en la que se hubiera cometido el delito.

Esto significa que no cumplen con alguna de las incompatibilidades detalladas en la normativa, no pueden excusarse y están obligados a comparecer, bajo apercibimiento de sanción.

Para ser jurado, el ciudadano debe tener entre 18 y 70 años, dos años de residencia en la jurisdicción del hecho, saber leer y escribir y tener aptitudes físicas y psíquicas.

Quedan excluidos funcionarios de los tres poderes del Estado, abogados, escribanos, profesores de Derecho, como también condenados por delitos de lesa humanidad y deudores morosos.

El juicio por jurado ya existe en muchos países del mundo y también se implementa en la Justicia de 12 provincias: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Neuquén.

El despacho de mayoría recibió la rúbrica de los bloques mayoritarios, en tanto que los diputados de Encuentro Federal Fernando Brügge y Alejandra Torres presentaron un dictamen alternativo.

“Si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”, celebró el presidente de la comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar.

Al comienzo de la reunión, expusieron especialistas, entre ellos el juez de Cámara electoral Alberto Dalla Via, quien aclaró que el juicio por jurados "es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del Juez en el proceso”, ya que “el jurado solo toma una decisión política y no jurídica”. 

“Desde la creación de la Nación los constituyentes quisieron adoptar el modelo que tenía la Constitución de Estados Unidos porque era la más democrática en su momento y con mayor apertura”, comentó.

Para Dalla Via, “incorporar el jurado es incorporar la participación ciudadana al proceso judicial”.

En tanto, el director general de la oficina de juicio por jurado de CABA, Gastón Blanchetiére, reparó en que “debe ser considerado si o si la capacitación de los operadores en materia de audiencias preliminares.

A su turno, Martín Sabelli, ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE.UU, consideró que “este sistema mejora la calidad de la Justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”.

En este sentido, consideró que en Argentina hay “una profunda desconfianza en el sistema judicial y la única forma de mejorar eso es volver a la Constitución y establecer un sistema en todos los delitos los juicios por jurados”.

Por su parte, el diputado de la UCR Fernando Carbajal (UCR) ponderó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia”. (Fuente NA)