País
Gobierno reglamenta el arancelamiento para extranjeros en las universidades
3 de octubre de 2024
El Gobierno avanzará en las próximas horas en el arancelamiento para los extranjeros que concurran a las universidades públicas. La medida será oficializada en las próximas horas y fue confirmada por los principales dirigentes de La Libertad Avanza. Se da un día después de la multitudinaria marcha que reclamó que se garanticen los fondos para las casas de altos estudios.
Se conoce también, luego de que el presidente Javier Milei confirme el veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.
“Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo. Por algo vienen para acá, en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ante la consulta por la decisión que tomó el Gobierno.
La posibilidad de avanzar en el cobro para los estudiantes extranjeros es una potestad que Poder Ejecutivo había planteado en el texto inicial de la Ley Bases, pero que fue excluida durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso.
Fuentes del oficialismo subrayaron que el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes, destacando que el texto de la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior para los extranjeros.
Fuentes oficiales recordaron los principales ejes que planteó inicialmente la norma para introducir reformas en el sistema educativo. A saber:
- Examen al finalizar la educación secundaria: fortalecimiento de la política de evaluación Aprender.
- Liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, de forma adicional a la educación presencial obligatoria.
- Garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico.
- Evaluación a docentes en un período no mayor a 4 años y fortalecimiento de la formación continua.
- Aprobar la educación secundaria para poder ingresar a la enseñanza de grado en el nivel superior.
- Universidades deben ofrecer cursos de nivelación o exámenes de ingreso, pero no deben tener un carácter selectivo excluyente.
- Determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades.
- Universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
- Evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas). Repetirse cada 10 años.
- Incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y OSC.
- Educación técnica: duración equivalente o máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción.
Qué decía el artículo de la Ley Bases sobre las Universidades
Durante el inicio del debate de la ley que el gobierno consideró fundacional, el objetivo fue modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, para que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales puedan “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para aquellos estudiantes que no sea “ciudadano argentino nativo o por opción” y para todo extranjero que no cuente con residencia permanente en el país.
“No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas, en caso en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios del párrafo siguiente. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”, se aclaró en aquella oportunidad. Sin embargo, este punto fue excluido durante el duro proceso que culminó en la aprobación del proyecto.
La gestión Milei tenía decidido avanzar tanto en el veto de la ley de financiamiento universitario como en la reglamentación de la facultad concedida por la Ley Bases. No obstante, las medidas luego de una evaluación del impacto de la segunda Marcha Federal Universitaria.
Aunque la movilización fue masiva, el oficialismo unificó su respuesta al asegurar que las motivaciones fueron estrictamente políticas. Para sostener ese argumento expuso la participación de los principales líderes de la oposición.
Por otro lado, tanto el presidente Milei como los principales referentes del oficialismo sostienen que la intención del gobierno no es desfinanciar el sistema, si no obligar a las máximas autoridades de las universidades a que rindan más exhaustivamente el uso que les dan a los fondos que reciben.
118 mil estudiantes extranjeros
Desde 2015, la cantidad de estudiantes extranjeros que eligen carreras de grado o posgrado en la Argentina ha ido en aumento. De acuerdo a las cifras oficiales disponibles, la mayoría de quienes vienen desde el extranjero a estudiar en la Argentina son jóvenes latinoamericanos que valoran la calidad y accesibilidad de la educación argentina, la conveniencia económica con respecto a sus países y la cultura amigable y abierta del país.
Las cifras publicadas en la última Síntesis de Información Estadísticas Universitarias, elaborada oportuname nte por el ministerio de Educación de la Nación, mostraban que en 2021 se registró un total de 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas sobre un total de 2.730.754 estudiantes.
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Malvinas: ‘No puede haber decisiones unilaterales’
El canciller Pablo Quirno se pronunció sobre la intimación argentina al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas y detalló por qué se fijó un plazo de dos semanas. La medida está vinculada con el proyecto Sea Lion, impulsado en el área en disputa, y con la decisión oficial de llevar el caso ante una instancia internacional.
En una entrevista con A24, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que el Gobierno actuó por instrucción del presidente Javier Milei. “Con mucho entusiasmo, hemos tomado la instrucción del presidente”, expresó. También destacó que el país presentará por primera vez ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar la controversia por las actividades hidrocarburíferas británicas.
Quirno sostuvo que el reclamo argentino se apoya en herramientas jurídicas, diplomáticas y pacíficas. “Todas herramientas jurídicas, legales, diplomáticas y pacíficas”, señaló al describir la estrategia. Según planteó, los recursos que se busca extraer en la Cuenca Malvinas se encuentran en un sector que Argentina considera parte de su plataforma continental.
Al fundamentar la oposición al avance de Sea Lion, el canciller remarcó que “no puede haber decisiones unilaterales como las que están sucediendo”. La intimación exige que Londres suspenda las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona. El Gobierno otorgó dos semanas para que responda antes de avanzar con el procedimiento previsto.
El funcionario explicó que ese período no es arbitrario, sino que responde a los pasos requeridos antes de iniciar un arbitraje. “La parte procesal del llamado al arbitraje indica que se le tenga que dar a la otra parte la posibilidad de que frene”, afirmó. De ese modo, la Argentina ofrece al Reino Unido la opción de detener las operaciones.
Quirno también cuestionó la participación de las compañías involucradas en la iniciativa y afirmó que “las empresas no solo están violando leyes nacionales sino tratados internacionales”. En paralelo, aseguró que la Argentina les ofrece la posibilidad de operar en el país. El planteo oficial busca marcar que el desarrollo petrolero en Malvinas puede derivar en conflictos legales.
Consultado por un encuentro en Punta Arenas entre unas 40 empresas chilenas y firmas vinculadas con Malvinas, Quirno indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Chile. Dijo que el diálogo sobre el tema es intenso y aludió al respaldo expresado por el presidente chileno, José Antonio Kast, al reclamo argentino de soberanía.
La postura de la Cancillería combina la intimación diplomática con la presentación del caso ante un tribunal internacional. Quirno insistió en que la explotación petrolera en Malvinas no debería avanzar mediante decisiones unilaterales y sostuvo que el plazo otorgado responde al procedimiento previo al arbitraje, mientras continúan las gestiones con Londres y Santiago.
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Milei nombró a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte
El Gobierno le asignó al polista Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y le encomendó con carácter “ad honorem” el cometido de promocionar internacionalmente el deporte argentino.
Así se indicó en el Decreto 1116/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas y en el que se detalló: “Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter “ad honorem”, el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino”.
Asimismo, se añadió: “En particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto”.
En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, se señaló además: “Asígnase al señor Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar”
Cambiaso posee una extensa y destacada trayectoria deportiva que lo sitúa entre los principales referentes del polo argentino en el mundo, a la vez que sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior.
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Malvinas: polémica posición chilena
Las recientes declaraciones de Fernando Barros Tocornal, actual ministro de Defensa de Chile, encendieron las alarmas diplomáticas. El funcionario afirmó abiertamente que el Reino Unido es un país amigo que ejerce soberanía sobre las Malvinas, alineándose con la postura británica y distanciándose del histórico reclamo del Estado argentino.
La polémica postura de Chile sobre el conflicto por las Malvinas
Durante una entrevista concedida a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense del gobierno de José Antonio Kast intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto de su país hacia la Argentina. Barros Tocornal aseguró que, si bien apoyan el reclamo territorial, existe una situación de hecho donde se debe contemplar el derecho internacional "respetando la voluntad e interés de las personas involucradas".
Esta afirmación representa una grave confesión de alineación al mandato colonial. Al condicionar una solución a la voluntad de los isleños, el funcionario abraza directamente el argumento de la autodeterminación que utiliza Londres para eludir las negociaciones, contradiciendo la postura de la ONU.
Asimismo, el influyente abogado corporativo que comanda las Fuerzas Armadas de Chile relativizó los acuerdos firmados por su país en el marco del Mercosur, calificando a dichas declaraciones conjuntas como meros compromisos políticos "no obligatorios legalmente" y de carácter "parcial".
Respaldo a la ruta marítima comercial y desafío al Estado argentino
Lejos de tomar distancia de las polémicas logísticas en el sur del continente, el funcionario chileno blindó la operación mercantil proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. Al respecto, aseveró que la comunidad magallánica tiene "el derecho de ejercer el comercio" y que no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades.
Esta definición oficial evidencia que el Palacio de La Moneda no pondrá obstáculos al primer zarpe previsto para noviembre de 2026 de la naviera Easter Island, el cual busca abastecer las exploraciones petrolíferas en la zona. Con este movimiento, se consolida una estrecha cooperación táctica con la corona británica en desmedro de la legislación argentina que busca sancionar el suministro a las actividades ilegales en el mar austral.
