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Gobierno reglamenta el arancelamiento para extranjeros en las universidades

3 de octubre de 2024

El Gobierno avanzará en las próximas horas en el arancelamiento para los extranjeros que concurran a las universidades públicas. La medida será oficializada en las próximas horas y fue confirmada por los principales dirigentes de La Libertad Avanza. Se da un día después de la multitudinaria marcha que reclamó que se garanticen los fondos para las casas de altos estudios.

Se conoce también, luego de que el presidente Javier Milei confirme el veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.

“Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo. Por algo vienen para acá, en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ante la consulta por la decisión que tomó el Gobierno.

La posibilidad de avanzar en el cobro para los estudiantes extranjeros es una potestad que Poder Ejecutivo había planteado en el texto inicial de la Ley Bases, pero que fue excluida durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso.

Fuentes del oficialismo subrayaron que el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes, destacando que el texto de la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior para los extranjeros.

Fuentes oficiales recordaron los principales ejes que planteó inicialmente la norma para introducir reformas en el sistema educativo. A saber:

  • Examen al finalizar la educación secundaria: fortalecimiento de la política de evaluación Aprender.
  • Liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, de forma adicional a la educación presencial obligatoria.
  • Garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico.
  • Evaluación a docentes en un período no mayor a 4 años y fortalecimiento de la formación continua.
  • Aprobar la educación secundaria para poder ingresar a la enseñanza de grado en el nivel superior.
  • Universidades deben ofrecer cursos de nivelación o exámenes de ingreso, pero no deben tener un carácter selectivo excluyente.
  • Determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades.
  • Universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
  • Evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas). Repetirse cada 10 años.
  • Incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y OSC.
  • Educación técnica: duración equivalente o máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción.

Qué decía el artículo de la Ley Bases sobre las Universidades

Durante el inicio del debate de la ley que el gobierno consideró fundacional, el objetivo fue modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, para que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales puedan “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para aquellos estudiantes que no sea “ciudadano argentino nativo o por opción” y para todo extranjero que no cuente con residencia permanente en el país.

“No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas, en caso en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios del párrafo siguiente. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”, se aclaró en aquella oportunidad. Sin embargo, este punto fue excluido durante el duro proceso que culminó en la aprobación del proyecto.

La gestión Milei tenía decidido avanzar tanto en el veto de la ley de financiamiento universitario como en la reglamentación de la facultad concedida por la Ley Bases. No obstante, las medidas luego de una evaluación del impacto de la segunda Marcha Federal Universitaria.

Aunque la movilización fue masiva, el oficialismo unificó su respuesta al asegurar que las motivaciones fueron estrictamente políticas. Para sostener ese argumento expuso la participación de los principales líderes de la oposición.

Por otro lado, tanto el presidente Milei como los principales referentes del oficialismo sostienen que la intención del gobierno no es desfinanciar el sistema, si no obligar a las máximas autoridades de las universidades a que rindan más exhaustivamente el uso que les dan a los fondos que reciben.

118 mil estudiantes extranjeros

Desde 2015, la cantidad de estudiantes extranjeros que eligen carreras de grado o posgrado en la Argentina ha ido en aumento. De acuerdo a las cifras oficiales disponibles, la mayoría de quienes vienen desde el extranjero a estudiar en la Argentina son jóvenes latinoamericanos que valoran la calidad y accesibilidad de la educación argentina, la conveniencia económica con respecto a sus países y la cultura amigable y abierta del país.

Las cifras publicadas en la última Síntesis de Información Estadísticas Universitarias, elaborada oportuname nte por el ministerio de Educación de la Nación, mostraban que en 2021 se registró un total de 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas sobre un total de 2.730.754 estudiantes.

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APARECIÓ SANA Y SALVA


El final más esperado llegó este jueves a la ciudad de Cosquín. Luego de casi 24 horas de una búsqueda frenética que movilizó a fuerzas federales y provinciales, la pequeña Esmeralda, de 2 años, fue encontrada con vida.

La noticia, que trajo alivio tras una jornada de máxima tensión, fue adelantada por Cadena 3, Juan Federico, quien detectó el movimiento de un móvil policial que daba cuenta del hallazgo en plena zona de rastrillaje.

El fiscal General Manuel Delgado confirmó: “Apareció hace minutos, está a resguardo de la fiscalía y se harán los chequeos médicos y los trámites de rigor para ver que ha sucedido en términos reales con esta chiquita”.

La niña en brazos del fiscal (gentileza Cadena3)


El operativo, que incluía drones térmicos y más de 110 efectivos, dio sus frutos cerca de la zona de la Costanera, apenas a 400 metros del domicilio en el barrio San José Obrero donde la niña había sido vista por última vez.

Al escuchar el alerta por frecuencia radial, el jefe de la Policía de Córdoba se desplazó de urgencia al lugar para supervisar el rescate. Desde la fiscalía a cargo de Silvana Pen, confirmaron rápidamente la información más importante: Esmeralda está viva y en buen estado de salud general, aunque será sometida a los controles médicos de rigor para evaluar su condición tras pasar la noche a la intemperie.

Crónica de una desaparición que activó al país
La pesadilla había comenzado el miércoles por la tarde, cuando su madre, Tania López, la perdió de vista en un "segundo" mientras realizaba tareas domésticas. Lo que siguió fue un despliegue sin precedentes para la región:

Alerta Sofía: El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Alejandra Monteoliva, activó el protocolo de emergencia nacional, blindando las salidas de la provincia con controles "auto por auto" en la autopista Córdoba-Carlos Paz, la Ruta 38 y el Caminos al Pan de Azúcar.

La sospecha criminal: La familia siempre mantuvo la hipótesis de que la niña no se había ido por sus propios medios. Su tía, Valeria, fue tajante al afirmar que "se la llevaron del frente de la casa", dado que la menor nunca se alejaba del perímetro familiar.

La pista del circo: Durante la madrugada, la atención se centró en un circo que se retiró de la zona justo el miércoles, y que los vecinos habían intentado inspeccionar sin éxito ante la falta de una orden judicial.

Un operativo cerrojo exitoso
Del rastrillaje participaron dotaciones de Bomberos de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda y Santa María, junto a unidades especiales del ETAC y la división canes. La presión del operativo cerrojo y la difusión masiva del perfil de la menor —tez trigueña, pelo castaño claro y su característico body gris— fueron claves para mantener la zona bajo vigilancia extrema.

A esta hora, la justicia cordobesa mantiene el secreto de sumario para determinar las circunstancias exactas de cómo llegó la niña hasta el lugar del hallazgo y si efectivamente existió la intervención de un tercero, como denunciaba su entorno. Por ahora, el barrio San José Obrero celebra el milagro de haber recuperado a su vecina más pequeña. (Gentileza Cadena3)

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A 50 AÑOS DE GOLPE

En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un mensaje en el que renueva su “compromiso con la memoria”, rechaza de manera contundente “toda forma de violencia institucional” y convoca a “fortalecer una democracia fundada en la justicia, la dignidad humana y el bien común”.


El documento, titulado "’Nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘siempre más’ a una democracia justa", propone una reflexión sobre el período marcado por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En ese sentido, los obispos subrayan que la memoria no puede ser fragmentaria ni selectiva, sino "íntegra y luminosa", como escribió el papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti.

Así, el texto del Episcopado afirma: “Tengamos bien presente que mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores. Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor, capaz de iluminar el presente y prevenir la repetición de los errores del pasado”.

Sin “vuelta de página”
Se advierte sobre el riesgo de "dar vuelta la página": “Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”.

Recordar implica reconocer “el dolor de los familiares que enfrentan la muerte violenta de un hijo o pariente, sabiendo que ese dolor se multiplica si se trata de un ‘desaparecido’, al no poder tocar su cuerpo, ni llorar ante él”.

“La libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”, continúa el texto.

Asimismo, los obispos reconocen que este proceso de memoria “exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos”.

Inclusión y dignidad
En otro tramo del mensaje, el Episcopado reafirma que la democracia debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. En esa línea, advierte que "la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera". “Una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno”, afirma.

El texto también pone énfasis en la protección de los más vulnerables, particularmente niños, adolescentes y jóvenes frente a problemáticas como el consumo problemático y la trata de personas.

Para los obispos, una democracia auténtica se construye desde la inclusión: “La democracia tiene que acertar con su finalidad última que es el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana”.

También destacan “el valor central del trabajo como eje de la cuestión social”, no sólo como fuente de sustento, sino como ámbito de realización personal y de contribución al bien común: “Permite que cada ciudadano ‘ponga el hombro’ en la construcción de una patria de hermanas y hermanos”.

Rechazo a la violencia y llamado al diálogo
En un contexto social atravesado por tensiones y polarización, el Episcopado alerta sobre el crecimiento de actitudes autoritarias y discursos que promueven la confrontación. En ese sentido, advierte sobre los riesgos de una cultura que naturaliza la agresión, tanto en el ámbito político como en las redes sociales y la vida cotidiana.

“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”, resalta el texto.

Y señala que “frente a esto, es necesario rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable. Para ello, es imprescindible recuperar el diálogo sincero, desinteresado y honesto al servicio de una verdadera amistad social”.


El documento retoma el anhelo de "ser Nación" como una tarea pendiente que requiere compromiso, unidad y una visión compartida de futuro. Para ello, reclaman “una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación plena en la vida de la comunidad”.

En ese marco, reafirman el valor de la Constitución Nacional como base de la vida democrática: “Si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran las obligaciones que ésta manda, todos viviríamos con mayor dignidad”. Y destacan: “En la Carta Magna está la base de todo proyecto de Nación que se precie de tal”.

Señalan la necesidad de “un proyecto estratégico de desarrollo”, que “abra un horizonte de mayor dignidad, paz social, trabajo y prosperidad, privilegiando a las puntas de la vida: los ancianos y los niños”. Este proyecto “daría lugar a la esperanza activa y la no violencia que tanto necesitamos”.

En el final del texto los obispos elevan una oración: “Con todo cariño pedimos al Señor que bendiga nuestra patria y a la Virgen de Luján que no nos suelte de la mano en la búsqueda del bien común y la solidaridad con los más débiles”.

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Vuelven los créditos de ANSES

Un nuevo proyecto de ley busca reactivar los créditos de ANSES, pero con un enfoque diferente al de programas anteriores. El objetivo central de esta propuesta es el "desendeudamiento" de los sectores más vulnerables, cubriendo un vacío legal tras la baja de normativas previas y apuntando a ofrecer una alternativa formal frente a los prestamistas informales.

La medida alcanzaría a más de diez millones de personas, incluyendo a titulares de AUH y AUE, jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A a la D.

Una de las novedades más importantes de este proyecto es que los fondos no llegarían directamente a las manos de los titulares. Para garantizar que el dinero se utilice exclusivamente para saldar deudas y no para consumo discrecional, la ANSES transferiría el monto solicitado directamente a los acreedores indicados por el beneficiario, ya sean entidades bancarias, emisoras de tarjetas de crédito o financieras.

El trámite se plantea como un proceso 100% digital a través de la plataforma "Mi ANSES", sin necesidad de gestores ni intermediarios. Los solicitantes deberán registrar sus deudas y el sistema realizará auditorías automáticas y cruces de información con el sistema financiero para validar la operación.

Montos, tasas y plazos

El proyecto establece condiciones específicas para proteger el ingreso de los beneficiarios:

  • Tope máximo: Los créditos serían de hasta $1,5 millones, monto que se actualizaría automáticamente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
  • Límite de cuota: Los descuentos mensuales en los haberes no podrán superar el 30% del ingreso neto del solicitante.
  • Tasa de interés: Se busca que el costo financiero esté por debajo del promedio comercial para facilitar la regularización de las obligaciones pendientes.

Debido a que se trata de un proyecto de ley, la iniciativa debe ser debatida primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Los impulsores del programa estiman que, de obtener el respaldo legislativo necesario, los créditos podrían estar operativos durante el segundo semestre de 2026. El debate principal se centrará en el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar esta medida.

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