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Justicia definió que el Nación no se puede privatizar por decreto
25 de septiembre de 2024
La Justicia Federal de La Plata resolvió que el directorio del Banco Nación (BNA) no puede avanzar con la privatización de la entidad a través del DNU 70/23, ya que esa transformación solo puede ser tratada en el ámbito del Congreso.
El gobierno de Javier Milei encontró el primer obstáculo para avanzar con la privatización del Banco Nación. “El DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del B.N.A. no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria”, señala la resolución de la Justicia.
El fallo fue emitido por Alejo Ramos Padilla, juez federal de primera instancia de La Plata. Allí, se detalla que la privatización “solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional”.
El magistrado observó “la Resolución de Directorio 348/2024 del BNA por la cual se contrató y se encomendó a un estudio jurídico brindar asistencia jurídica integral para llevar adelante el proceso de restructuración del BNA en Sociedad Anónima, agotó su cometido según lo informado por la entidad bancaria en el plazo conferido”.
El juez consideró además que la actitud del directorio de la entidad bancaria “se sustentaba en una interpretación del art. 48 del DNU 70/2023 que en el contexto actual y luego de ser sancionada la ‘Ley Bases’ no resulta sostenible”.
El artículo 48 del megadecreto de Milei establece el paso de sociedades y empresas del Estado a Sociedades Anónimas. Esa normativa abarca “a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”.
Ramos Padilla sostuvo consideró que “queda en evidencia que no es posible que el Directorio del BNA modifique la situación jurídica de la entidad”.
El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Omar Palazzo, celebró la decisión judicial y agradeció “a los compañeros y abogados que llevaron adelante la demanda”.
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ALERTA POR TORMENTAS
De acuerdo a lo anticipado por el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan tormentas para este lunes y martes, en gran parte del territorio bonaerense.
El Sistema previó dos alertas amarillas por tormenta. Uno para la madrugada, mañana y noche de este lunes 16; y la otro para la madrugada, mañana y tarde del martes 17.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden excederse de manera puntual.
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Las boletas de agua llegan con aumento
La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) comunicó a los usuarios que comenzó a emitir la facturación de abril con los ajustes previstos, de acuerdo a la resolución 66/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Provincial, y el Decreto 127/2026 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el caso de las personas usuarias residenciales, se suman los montos retroactivos que no pudieron incorporarse en las facturas de febrero y marzo, y que impactan en las facturas de abril y mayo, tal cual fue comunicado oportunamente.
En ese sentido, se advierte que, en los meses de junio y julio, los importes a abonar serán menores, ya que no tendrán el impacto de lo facturado por retroactividad (integrados en la facturación de abril y mayo, correspondientes a febrero y marzo).
Asimismo, se recuerda que el nuevo marco habilita a ABSA a acompañar la evolución inflacionaria a través de actualizaciones tarifarias bimestrales que comenzarán a aplicar el próximo mes de junio. Las mismas tendrán anclaje en el Índice de Salarios y en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de la "Energía Eléctrica" y las "Sustancias y Productos Químicos".
La aplicación de este mecanismo permitirá sostener el valor vinculado a los efectos de los aumentos de los insumos críticos que capta la fórmula. Al mismo tiempo, se mantienen los beneficios de la Tarifa de Interés Social (TIS) y de la Tarifa de Interés Social Institucional (TISI).
Aún con la futura aplicación de esta fórmula polinómica, las facturaciones estarán por debajo de los montos advertidos en abril y mayo.
A modo de ejemplo, se expone el caso sobre la facturación de una persona usuaria residencial con servicio de agua y cloaca de un rango 5:
- Febrero / Marzo (facturación anterior a las resoluciones): $15.347,28;
- Abril / Mayo (facturación actualizada + retroactivo): $27.623,88 ($21.485,88 actualización, $6.138 retroactivo);
- Junio / Julio (facturación actualizada): $21.485,88;
- Junio / Julio + polinómica (facturación estimada): $22.368,06.
Boletas digitales
Asimismo, se recuerda a los usuarios que dejarán de recibir las boletas en formato papel: los períodos cuyos vencimientos tienen fecha en abril y mayo serán los últimos en los que se enviará la factura física a los domicilios.
A partir del próximo ciclo de facturación, con vencimientos en junio en adelante, ABSA dejará de hacerlo en virtud de lo establecido por la Ley 15.557, por lo que se requiere que las personas usuarias constituyan y mantengan actualizado un domicilio electrónico, donde se remitirán las facturas digitales del servicio.
En ese sentido, quienes aún no lo hayan hecho deberán comunicar su dirección de correo electrónico al Centro de Atención Telefónica de la empresa: 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. O bien, acercándose a los Centros de Atención Personalizada de ABSA.
Provincia
Piden fortalecer la seguridad química y la gestión ambiental
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El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación ante la situación ambiental expuesta recientemente en el marco de la resolución judicial que dispuso un embargo superior a los 157.000 millones de pesos contra la Provincia, en la causa vinculada a la contaminación del sistema hídrico integrado por el arroyo El Gato, el río Santiago y el Río de La Plata.
Según la información difundida públicamente, el proceso judicial pone en evidencia problemas estructurales asociados a la descarga de efluentes cloacales e industriales, así como a la falta de ejecución de obras de saneamiento necesarias para revertir procesos de degradación ambiental que afectan a amplios sectores del territorio provincial, particularmente en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
Al respecto, desde la entidad profesional señalaron que “este escenario constituye una señal de alerta que invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la gestión ambiental, la prevención de riesgos y la seguridad química en la Provincia de Buenos Aires”.
En este sentido, el Consejo advirtió que, en distintos puntos del territorio provincial, “se han registrado en los últimos años episodios vinculados a accidentes industriales, incidentes con sustancias peligrosas y eventos de contaminación que evidencian la complejidad de los desafíos asociados a la gestión de procesos químicos”. Estos antecedentes, indicaron, “reflejan escenarios de elevada vulnerabilidad en materia de seguridad química”.
Frente a este panorama, la institución consideró fundamental avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de control, prevención y fiscalización relacionados con el manejo de sustancias químicas y con los procesos industriales que las involucran. Asimismo, destacó “la importancia de promover el cumplimiento efectivo de las normativas vigentes y la participación de profesionales debidamente capacitados y matriculados en aquellas actividades que requieren conocimientos técnicos específicos”.
Además, se subrayó que “la planificación y ejecución de obras de saneamiento, el adecuado tratamiento de efluentes y la consolidación de sistemas de gestión ambiental eficaces constituyen herramientas indispensables para revertir procesos de contaminación y prevenir daños ambientales de gran escala”.
A su vez, se destacó que la articulación entre el Estado, los organismos técnicos, el sector productivo y los profesionales del área “resulta clave para avanzar hacia esquemas de gestión que permitan proteger el ambiente, resguardar la salud de la población y promover prácticas industriales seguras y responsables”.
Finalmente, desde el Consejo Profesional de Química informaron que, ante las problemáticas planteadas, la entidad realizó numerosos contactos con distintas carteras ministeriales sin haber obtenido respuesta hasta el momento. No obstante, reiteraron su disposición a “colaborar con las autoridades provinciales y con los organismos competentes, aportando conocimiento técnico y experiencia profesional para contribuir al desarrollo de políticas que fortalezcan la seguridad química y la gestión ambiental en la Provincia de Buenos Aires”.
