País
Un llamado a la política
20 de septiembre de 2024
La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó un duro informe en el que hace un fuerte llamado a que el Presidente de la Nación deje de agraviar periodistas y medios en pos de un debate democrático.
“La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático. Se contabilizan más de cincuenta periodistas y medios que han sufrido, en los últimos dos meses, imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes”, dice el informe que presentó el presidente de la Comisión Daniel Dessein al cierre de la 62 Asamblea General Ordinaria de Adepa que se realizó en la ciudad de Posadas.
El documento señala retrocesos preocupantes en materia de acceso a la información y critica las crecientes descalificaciones hacia periodistas por parte de funcionarios públicos nacionales. Además, subraya el rol clave del periodismo en tiempos de polarización y desinformación, destacando la necesidad de garantizar un debate público de calidad para fortalecer la democracia.
Este informe de la Comisión de Libertad de Prensa, presidida por Daniel Dessein, aborda los avances y retrocesos de la libertad de prensa en Argentina desde el retorno de la democracia, destacando tanto los hitos alcanzados como las preocupaciones actuales sobre la erosión de este derecho fundamental.
El informe recuerda que, desde la vuelta de la democracia, Argentina pasó por períodos de fortalecimiento y retroceso en la libertad de prensa. Entre los avances, se destacó la reforma constitucional de 1994, que consagró la protección de las fuentes de información, y la eliminación de la figura del desacato en 1993. Asimismo, la despenalización de las calumnias e injurias en 2009 y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenaron el uso de la publicidad oficial como forma de castigo por la línea editorial de los medios.
Derecho público
El informe también puso la alerta sobre el decreto reciente del Poder Ejecutivo nacional que introduce excepciones en el acceso a la información pública que, según ADEPA, abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a la información por parte del periodismo y la ciudadanía en general.
Estas limitaciones, agrega, «van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales» que promueven la transparencia como regla general y reservan el secreto solo para casos excepcionales y justificables.
En un contexto democrático, ADEPA subraya que la transparencia debe ser la norma, mientras que las excepciones solo pueden justificarse en casos muy específicos. Según el informe, «la transparencia es la regla; el secreto, la excepción», reiterando la importancia de que los funcionarios públicos mantengan un alto grado de visibilidad personal, en especial en aquellos aspectos que puedan afectar su gestión o toquen intereses públicos.
Un ejemplo destacado mencionado en el informe es el fallo de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que revocó una condena contra los editores de la revista Noticias por la publicación de información sobre un hijo no reconocido del entonces presidente. Este caso, explica ADEPA, sentó un precedente para asegurar que los funcionarios públicos estén sujetos a un mayor grado de escrutinio, y que la libertad de prensa no sea vulnerada por decisiones judiciales desproporcionadas.
El informe también destaca el papel crucial de la prensa para garantizar un debate público de calidad. Según el documento, «la calidad de una democracia depende de la calidad del debate público», y la prensa es una pieza fundamental para asegurar que la ciudadanía pueda acceder a información verificada que permita un intercambio de ideas fluido y tolerante, según destaca.
ADEPA advirtió sobre la degradación del lenguaje por parte de algunos funcionarios públicos, señalando que el estilo provocador y ofensivo deteriora la cohesión social y alimenta un clima de agresión y autocensura en el ámbito periodístico.
Era digital
Otro tema relevante del informe es la influencia de las redes sociales en la sociedad moderna. Si bien se reconoce que estas plataformas inicialmente prometían democratizar el acceso a la información y potenciar la libertad de expresión, el informe critica su papel en la amplificación de discursos de odio y noticias falsas.
«Vivimos en sociedades fragmentadas y polarizadas», afirma ADEPA, subrayando que las redes sociales contribuyeron al deterioro de la discusión pública y la salud institucional en varias democracias alrededor del mundo.
En ese sentido, ADEPA reafirma la importancia del periodismo como una herramienta indispensable para oxigenar el debate público en un entorno digital tóxico. La comisión enfatizó que «la vieja función de recabar y chequear información, contextualizarla, interpretarla y jerarquizarla» sigue siendo crucial en un mundo acelerado e impaciente. También se destacó la responsabilidad del periodismo de proporcionar información útil y veraz, que permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas.
El documento de ADEPA hace a su vez un llamado urgente al Gobierno nacional, a los poderes locales y a la clase dirigente a atenuar el clima de confrontación y garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y prensa. En palabras de Arthur G. Sulzberger, citado en el informe, «con la prensa debilitada, los líderes demagógicos pueden guardar secretos, reescribir la realidad y actuar con impunidad, erosionando los cimientos de la democracia”
El informe concluye subrayando la necesidad de un periodismo responsable y moderno como un elemento clave para la defensa de las instituciones democráticas, y ADEPA insta a las autoridades y a la sociedad en general a reconocer el valor estratégico del periodismo y a promover un entorno que permita su desarrollo y sostenibilidad.
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Diez frases claves del informe
- “Desde el regreso de la democracia, la Argentina vivió períodos de avances y retrocesos de la libertad de prensa”
- “Resulta preocupante el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general”
- “La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático; las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física”
- “La libertad de prensa cumple un rol vital para prevenir abusos de poder y asegurar un acceso total a la información gubernamental, fortaleciendo la democracia”
- “El periodismo no es un oficio ejercido exclusivamente por almas puras e infalibles, pero existen estándares éticos, una responsabilidad con consecuencias legales y una validación profesional”
- “Las redes sociales generaron el terreno fértil para la amplificación de discursos de odio, la circulación de noticias falsas y la ruptura de muchos de los consensos sobre los que se construyó la paz social”
- “El periodismo es una de las principales herramientas con las que cuenta la sociedad para oxigenar el ecosistema digital contaminado con diatribas tóxicas”
- “El lenguaje es la principal herramienta de articulación social. Su degradación, a través del estilo provocador y ofensivo de los funcionarios públicos, deteriora la cohesión de la ciudadanía”
- “En las sociedades democráticas desarrolladas, la libertad de prensa es protegida mediante legislaciones que garantizan los derechos de autor de los medios periodísticos y promueven acuerdos justos con las plataformas tecnológicas”
- “Las plataformas tecnológicas globales vulneran de manera sistemática la propiedad intelectual de los medios periodísticos”
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Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
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Los aumentos de febrero
El mes que comienza hoy volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluyen al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.
Los aumentos de febrero impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:
Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).
- Alquiler inicial: $ 400.000.
- Ajuste anual: 34,6%.
- Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.
- Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
- Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
- Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.
La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.
En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.
A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.
Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.
El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.
A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.
En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000. DIB
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Argentina recibiría deportados de otras nacionalidades desde EEUU
El prestigioso diario The New York Times asegura que hay conversaciones avanzadas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino , Javier Milei, para que Buenos Aires acepte inmigrantes que Washington no puede expulsar a sus naciones de origen.
De acuerdo a una investigación publicada este viernes por The New York Times, hay "conversaciones avanzadas" por este tema ya que se busca profundizar el alineamiento geopolítico entre ambas naciones.
La intención sería firmar un acuerdo que permita a la administración de Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia la Argentina.
Ese pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Sin embargo, horas después Milei pareció desmentir esa información al repostear un mensaje del militante de La Libertad Avanza (LLA) Daniel Parisini, quien se hace llamar el Gordo Dan, en el que negaba las tratativas.
Esta nueva iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración de Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.
Para el gobierno de Milei, aceptar esos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local.
El New York Times destaca que esas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.
El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.
