El Gobierno de Javier Milei prohibió el cobro de tasas municipales en servicios públicos, una medida que hizo escalar la tensión de la administración nacional con los intendentes, quienes advierten que se trata de un mecanismo para “ahogar” a los municipios. Sin embargo, desde el Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba) se dejó en claro que en la provincia de Buenos Aires, al menos en una parte de ella, las empresas distribuidoras están habilitadas a incluir conceptos ajenos al de electricidad en las liquidaciones mensuales.

¿Por qué pasa esto? En principio porque se aduce que una resolución de una secretaría nacional no puede ir por encima de una ley provincial. Y eso es lo que marcan en la gestión de Axel Kicillof para asegurar que, al menos, las prestadoras y cooperativas del interior bonaerense van a poder seguir cobrando esos “plus” que aparecen en la boleta. Los que no podrían seguir adelante son los intendentes del conurbano, que ya elevaron sus reclamos.

La resolución nacional 267/2024 publicada el miércoles en el Boletín Oficial restringe la posibilidad de aplicar recargos en las liquidaciones que envían las empresas de servicio a sus clientes. Y el objetivo, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, es que “las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor”.

Así, quedan afuera conceptos como pueden ser la tasa de alumbrado público, de seguridad e higiene o alguna relacionada con los bomberos que aparecen en las boletas y sirven para inversiones locales. No obstante, el Oceba aclaró ahora que la resolución 267 no puede primar sobre la Ley provincial 11.769, que regula la inclusión de conceptos ajenos en las facturas.

Es decir, Nación podría regular aspectos reglamentarios a las empresas que tienen concesión nacional como Edenor y Edesur. Y ahí sí impactaría en la caja de los intendentes del conurbano. Pero no sobre el interior, donde quien tiene injerencia es la Provincia. A través del Oceba regula los contratos con las compañías Eden (norte bonaerense); Edes (sur); Edea (municipios de la costa y Mar del Plata) y Edelap (Capital bonaerense y la región). Y a eso se suman las más de 200 cooperativas eléctricas que operan en el interior bonaerense.

Cabe destacar que en electricidad, la ley 10.740 de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 1991, habilita a los municipios a convenir con las distribuidoras la percepción de la tasa de alumbrado en las facturas de luz. “Sin dejar de considerar que la norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción, corresponde indicar que el régimen provincial contempla expresamente la regulación en los conceptos ajenos, sin que ello vulnere los principios de la Ley de Defensa del Consumidor”, lanzó el Oceba en un comunicado.

En este sentido, el presidente del organismo, Diego Rozengardt, reiteró que existe un marco regulatorio desde los años 90. Por ejemplo, “el alumbrado público tiene una ley específica y será una discusión que se deba dar en la Legislatura”, dijo a FM La Cielo. Y aclaró que la factura que mostró Caputo en la red social X es del Partido de la Costa y están diferenciados los conceptos que se pagan por la luz y esas tasas extras que denuncia.  

“Las cooperativas brindan otros servicios, como agua, sepelios, etc. Tiene que tener discriminado el servicio extra que se cobra y con código de barras diferenciado, tal como lo prevé la regulación. Si uno no paga sepelio, por ejemplo, no se le tiene que cortar la luz”, agregó Rozengardt. (DIB)

El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba) que llevó al corte del servicio en once distritos podría extenderse a otros municipios si no hay un entendimiento entre las partes. En el medio, los afiliados volverán a sufrir un paro de 48 horas este jueves y viernes.

Tal como viene informando agencia DIB, todo comenzó a fines de agosto cuando la entidad que preside Homero Giles decidió poner fin a su relación con la Federación en once ciudades como respuesta a una serie de irregularidades detectadas en la prestación de servicios médicos a aproximadamente 80 mil afiliados.

IOMA detectó el cobro indebido de prestaciones, la escasez de profesionales y las demoras excesivas en la obtención de turnos en Junín, Alberti, Bragado, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Colón y Rojas. Y eso llevó a romper con Femeba en esos distritos pero lanzar una advertencia en otros.

De hecho, el directorio de IOMA en su resolución 2882 indicó que ante la grave situación detectada se vio obligada a tomar esa medida en varios municipios de la región Junín, y lanzó una advertencia sobre otros de la región Saladillo y Pergamino para que se encuentre una solución a las denuncias de los afiliados.

“La medida puede extenderse a otros municipios. Depende de Femeba ya que desde hace tiempo venimos reclamando que los recursos no llegan a los médicos y los afiliados no reciben la atención adecuada”, le dijo días atrás Giles a agencia DIB. Y esta semana, en una reunión entre él y dirigentes de la Federación se los volvió a marcar.

“Se charlaron varias cosas sobre la problemática en general y respecto a que los equipos quedaron en seguir trabajando para resolver la problemática de cobro indebido, déficit de atención médica, supuestas deudas, demoras en los tiempos de pagos, cuestiones que queremos evitar que sucedan en otras regiones”, explicó Giles.

Y ante la consulta por parte de la Femeba de si la misma situación que se da en la región de Junín puede replicarse en otras localidades, el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof dijo que “esto depende de la Federación y de su voluntad de resolver los problemas que hemos planteado muchas veces antes de llegar a la instancia de prescindencia”.

Frente a este panorama, IOMA decidió ampliar su red de prestadores profesionales, y mientras negocia con otros intermediarios abrió una convocatoria para que, aquellos médicos que deseen prestar sus servicios de forma directa, puedan hacerlo. Desde el otro lado, Femeba, que tiene representación en 120 de los 135 distritos bonaerenses, comenzó con una serie de paros de 48 horas para reclamar una marcha atrás de la Obra Social pero también para pedir por una deuda de más de 7.000 millones de pesos.

Sin embargo, desde la Provincia hablan de “supuesta deuda” y aducen que mientras ellos pagan a los 30 días, Femeba no solo le retiene entre el 25% y 30% al médico sino que liquidan los fondos a los profesionales a más de dos meses. “Actualmente, pagamos a los 30 días, pero los médicos no cobran en ese plazo, por eso le cobran de más a los afiliados”, dijo Giles.

El gobernador Axel Kicillof se sumó a la protesta contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria, que se realiza en inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, mientras que en la Cámara de Diputados se debate si se convalida o se rechaza la medida firmada por el presidente Javier Milei.

“Lo único que quiero decir es que los recursos de esta ley, lo que vetó Milei, es equivalente a los impuestos que le perdonó a los más ricos de la Argentina cuando cambió bienes personales. O el otro día cuando cambió el Impuesto País. Es decir, que acá no hay un problema de si hay plata o no hay plata, sino para qué se usa y a quién se beneficia”, dijo el gobernador a la prensa.

Kicillof se hizo presente acompañado de varios dirigentes bonaerenses e intendentes, quienes fueron fotografiados levantando una bandera que dice “La patria no se vende”.

Además, son varias las organizaciones gremiales y sociales que convocaron a marchar en apoyo a los jubilados y que ya se encuentran frente al Congreso. Se trata de la Corriente Federal de Trabajadores, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la UTEP, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y ambas CTA.

En el marco del protocolo antipiquete, desde varios gremios denunciaron que un veintena de colectivos que trasladaban a militantes sindicales hacia el Congreso Nacional fueron retenidos en accesos a CABA.

Los operativos estuvieron a cargo de las Fuerzas Federales y se desarrollaron en peajes de la autopista Ricchieri y Dock Sud. A bordo había sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato de Alimentación (CTA) y del Sindicato Unido de trabajadores del Neumático (SUDA).

De acuerdo a las actas de infracción oficiales, los vehículos en los que había bombos y banderas, carecían de seguros, matafuegos y tenían los neumáticos en malas condiciones.

Cabe señalar que las inmediaciones del Congreso cuentan con la enorme presencia de Fuerzas de Seguridad, incluso a varias cuadras a la redonda. Hay personal de Infantería de la Policía Federal, y camionetas y oficiales de Prefectura, además de camiones hidrantes apostados sobre la calle Hipólito Yrigoyen