En medio del último recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena se vivió un inesperado momento cuando gran parte del público empezó a cantar contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El cántico repetía la frase “Chiqui Tapia botón”, una frase habitual en el ámbito futbolero, y que estalló en los últimos días tras el título “de escritorio” otorgado a Rosario Central.

El show transcurría con normalidad hasta que el estadio comenzó a acompañar el cántico, que se extendió por varios segundos. El artista no hizo referencia directa al episodio, pero la situación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Luego del recital, asistentes y usuarios compartieron videos del canto en plataformas como X e Instagram, donde el fragmento se viralizó con miles de visualizaciones en pocas horas.

Los cánticos futboleros en recitales no son algo nuevo, pero el hecho de que surgiera en un concierto de Andrés Calamaro llamó la atención. La frase dirigida a Tapia se ha vuelto recurrente en distintos eventos masivos y reflejó el clima de tensión que rodea a la dirigencia del fútbol argentino.

(Fuente: Agencia DIB)

El abogado y especialista en derecho informático, Matías Altamira, analizó la denuncia de Estudiantes de La Plata, que sostiene que el protocolo que obliga a los equipos a realizar el "pasillo" a los campeones fue modificado digitalmente por la AFA luego del partido frente a Rosario Central. 

El "Pincha" afirma que el documento difundido por la entidad fue redactado el lunes, un día después del encuentro, y no en febrero, como sostiene la organización.

Altamira aclaró que el caso, tal como se plantea, no encuadra como un ciberdelito. "No hubo una intrusión externa para adulterar un documento. Lo que habría es una modificación hecha desde la propia organización", explicó en diálogo con Cadena 3. 

Según dijo, en ese escenario no se trata de un ataque informático, sino de un eventual "abuso de autoridad" o de incumplimiento de normas internas por parte de quienes elaboraron o alteraron la resolución.

El abogado platense remarcó que, si la AFA utilizara una versión modificada del documento para sancionar a Estudiantes, los involucrados podrían enfrentar responsabilidades penales y funcionales. "Si se quiere sancionar con una norma que no existía, es gravísimo", advirtió. Añadió que, en cualquier institución, las resoluciones quedan registradas en protocolos que no pueden alterarse, igual que una ley, un decreto o una sentencia judicial.

Altamira sostuvo que la evidencia técnica será central para determinar la secuencia real de los hechos. "Toda la información que se genera en un documento queda registrada en los metadatos: quién lo creó, quién lo modificó, cuándo se hizo cada cambio y cuál era el texto original", señaló. Según explicó, esa huella digital permitió a Estudiantes detectar que la versión presentada por AFA habría sido editada.

Pero advirtió que la clave no es sólo el análisis técnico, sino también la gestión adecuada de la prueba digital. "Es la parte más débil de los procesos cuando interviene la informática. Debe preservarse correctamente para que tenga validez judicial", puntualizó.

Al ser consultado sobre las consecuencias que tendría la fecha real del documento, Altamira fue claro. Si el protocolo fue efectivamente redactado en febrero, la AFA estaría en condiciones de sancionar al club por no cumplirlo. Pero si se prueba que fue modificado el 23 de noviembre —como sostiene Estudiantes— entonces la entidad habría manipulado una norma inexistente al momento del partido. "En ese caso, la defensa de Estudiantes es válida: no se puede castigar a nadie por algo que no estaba previsto", afirmó.

El abogado recordó que, además del análisis digital, será clave la firma de los dirigentes que integran los órganos resolutivos. "Quien firmó una resolución en febrero puede acreditar si ese texto original incluía o no la obligación específica del pasillo", indicó.

Altamira concluyó que, si se confirma la manipulación, habrá consecuencias institucionales y posiblemente penales para quienes hayan intervenido en la modificación. "Se trata de resoluciones que impactan en terceros, y usarlas para sancionar a alguien es muy grave", señaló.

El Gobierno nacional, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), presentó una denuncia penal contra la empresa Sur Finanzas PSP S.A., propiedad del empresario Ariel Vallejo, quien mantiene fuertes lazos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y maniobras de evasión tributaria que podrían superar los 3.300 millones de pesos.

La denuncia fue radicada este martes 25 de noviembre en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

La DGI, mediante la Dirección Regional Sur, inició la investigación en abril de 2024. Los investigadores detectaron que la empresa Sur Finanzas PSP, que ofrece servicios de billetera virtual, movió $ 818.000.000.000 (818 mil millones de pesos) a través de transferencias realizadas por su plataforma. Las cifras y las maniobras detectadas:Presunta Evasión Tributaria: La DGI sostiene que Sur Finanzas PSP S.A. no detrajo de las transferencias de sus clientes el Impuesto de Créditos y Débitos, un tributo que las personas jurídicas deben pagar. El fisco reclama por este concepto una suma que asciende a $ 3.327.267.047,93.

Lavado de finero y fondos de origen sospechoso: Se acusa a la empresa de presunto lavado de activos debido al movimiento de los más de $800 mil millones. Según la denuncia, entre los sujetos que movieron esta cifra multimillonaria se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas (no confiables) y “sujetos no categorizados” que no tienen “impuestos activos”.

Por ello, Arca (la DGI) señaló en su presentación judicial el “presunto origen sospechoso de los fondos”. Del total operado, el 31% corresponde a sujetos no categorizados, y dentro de este grupo, el 9% son apócrifos y el 27% son monotributistas de escasa capacidad económica.

La investigación reveló que para abrir las cuentas se utilizaron personas de “bajos recursos”, a las que los investigadores se refieren como un ejército de “soldaditos”.

Uno de los casos es el de un monotributista categoría “D” que emitió facturas en 2024 por $ 4.937.394, pero recibió transferencias por más de $ 230 millones. Este mismo individuo tiene movimientos en billeteras virtuales por $ 87.000 millones, y en julio de 2025 compró un automóvil de lujo (BMW M240i) por casi $ 99 millones, el cual exhibe en sus redes sociales.

Otro caso es el de un monotributista categoría “A”, que en apenas cuatro meses de 2024 registró movimientos en billeteras virtuales por $ 7.000 millones, a pesar de no poseer propiedades a su nombre.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es conocido por su gran cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol, incluyendo a Tapia y decenas de dirigentes.

De hecho, Sur Finanzas se autodenomina “la billetera del futbol” y cuenta con una fuerte presencia en el deporte.

Por citar unos ejemplos, la Copa de la Liga Profesional lleva su nombre desde 2023: “Copa Sur Finanzas”. La financiera además fue auspiciante en las camisetas de varios clubes, incluyendo Banfield, Racing, Atlanta, Deportivo Morón, Platense y Barracas Central (el club de Tapia).

Vallejo y sus empresas enfrentan múltiples investigaciones por movimientos financieros sospechosos, entre las que se encuentran, por ejemplo, la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Causa Andis: Recientemente, Sur Finanzas fue allanada en el marco de una causa de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La empresa habría sido utilizada para blanquear fondos, ya que en mensajes de uno de los acusados se mencionaba invertir dinero en criptomonedas a través de la aplicación “Neblockchain”, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP

Investigación previa por lavado: Vallejo y su constructora, Construcciones TAR SA, están involucrados desde el año 2024 en otra causa por lavado de dinero. Esta compañía recibió más de $ 6.000 millones en sus cuentas entre septiembre de 2022 y julio de 2023, cifras que no se correspondían con su actividad. Una parte de ese dinero fue derivado a Centro de Inversiones Concordia, una casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020.

El Banco Central (BCRA) también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la normativa sobre tenencia de moneda extranjera.

En paralelo a la nueva denuncia de la DGI, la justicia en lo Penal Económico ya había levantado el secreto fiscal y bancario de Maximiliano Ariel Vallejo, su madre y otras empresas vinculadas para investigar todo su patrimonio por presunto lavado de dinero.

La DGI ha reclamado que se tomen medidas urgentes, como allanamientos, embargos y la inhibición general de bienes, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Clarín y La Nación