El Gobierno nacional decretó el asueto administrativo para trabajadores estatales, los días 24 y 31 de diciembre. La medida quedó formalizada a través del Decreto 883/2025, firmado por el propio presidente Javier Milei, en la antesala de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En ese marco, la disposición oficial alcanza a todo el personal estatal nacional, que no deberá cumplir funciones durante ambas jornadas e instruyó a los distintos organismos a garantizar la continuidad de los servicios esenciales, pese al asueto generalizado.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en el carácter social y familiar de las celebraciones. Según el decreto, los días 24 y 31, “se encuentran habitualmente destinados a la realización de los preparativos” y a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar.

En tanto, la definición presidencial también se apoyó en la Ley 27.399, que establece como feriados nacionales inamovibles al 25 de diciembre y al 1° de enero. En ese marco, el Gobierno consideró oportuno facilitar la organización y el descanso en las vísperas de ambas fechas, sin que la medida implique erogaciones adicionales para el Estado nacional.

Por otro lado, la norma sostuvo que el asueto tendrá un impacto positivo en el turismo interno, al favorecer los desplazamientos dentro del país y el aprovechamiento de los días no laborables. Además, el texto oficial aclaró que la medida no afectará el normal funcionamiento de las instituciones bancarias ni de las entidades financieras, que deberán operar con normalidad.

Vale precisar que la decisión oficial se conoció en un contexto de creciente tensión entre la administración nacional y los gremios estatales. En concreto, el conflicto involucra a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que el 9 de diciembre pasado, llevó adelante un paro nacional contra la reforma laboral que impulsa el oficialismo.

En el gremio que conduce Rodolfo Aguiar advirtieron que el Ejecutivo nacional analiza una nueva ola de despidos en el sector público. Según ATE, el Gobierno proyecta un recorte del 10% de la planta estatal a partir del 31 de diciembre, un escenario que mantiene en alerta a los trabajadores.

Finalmente, el gremio ya anunció un nuevo paro para el miércoles de esta semana, en sintonía con la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque la protesta se centra en el rechazo a la reforma laboral, el trasfondo del reclamo también incluye el ajuste sobre el empleo público, lo que anticipa un cierre de año cargado de tensiones.

El primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China zarpó desde la provincia de Santa Fe, marcando un hito en la relación con el país asiático.

Este despacho marca la apertura de un nuevo flujo comercial y consolida a China como un mercado esencial para los granos argentinos, supo la Agencia Noticias Argentinas.

La carga se llevó a cabo en la terminal portuaria de Cofco International en Timbúes, donde el buque MV Shandong Fu Yi inició el proceso para transportar 65.000 toneladas de trigo hacia el país asiático.

El evento contó con la presencia del embajador de China en Argentina, Wang Wei, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, subrayando la relevancia diplomática y productiva del acuerdo.

El ministro Puccini destacó la oportunidad que representa esta exportación, que coincide con "muy buenas cosechas que hemos tenido en la Argentina, principalmente en nuestra región núcleo", lo que permite "estrechar los lazos con la República Popular China" y "pensar también en nuevos desafíos".

Por su parte, Alfonso Romero, director ejecutivo de Cofco International en Argentina, resaltó la "sinergia natural enorme" entre ambas naciones.

"China es uno de los mayores mercados de alimentos del mundo, Argentina es un neto exportador de alimentos... hay una sinergia no solo en granos y oleaginosas, sino en otros productos como frutas, pesca, vino, carne y creo que hay mucho para desarrollar entre estos países hermanos", afirmó Romero.

El gobernador Pullaro, en tanto, enfatizó que la complementariedad con el mercado chino es una base fundamental para profundizar las estrategias comerciales de la provincia, impulsar el perfil productivo e industrial de Santa Fe y generar empleo local. #AgenciaNA 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.

La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.

En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.

El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.

Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.

Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.

La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.

Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.

“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.

Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.

Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.

El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.

El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.

El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.

Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.

En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.