Luego de que los principales sindicatos aceptaran la última oferta de incremento salarial que hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof llegó a un acuerdo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. “Alcanzamos una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026″, informó este viernes el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

El aumento contempla 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero, según detalló el funcionario a cargo de la cartera. Incluye también la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) que a partir de febrero del corriente año tendrá un incremento adicional del 22,7%. Esto acumularía al mes de abril una mejora del 36,4%.

“En la gestión de Axel Kicillof sostenemos el compromiso con quienes cuidan a los bonaerenses. En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, informó el ministro Alonso en su cuenta de X.

El radicalismo bonaerense dio un paso clave para buscar normalizar el partido y decidió adelantar la elección interna para el 7 de junio, tres meses antes que la fecha original, que era el 6 de septiembre. Ese día se elegirán las nuevas autoridades del Comité Provincia.

El quórum para votar la moción de adelantamiento de las elecciones se consiguió gracias a la participación de siete de los diez dirigentes que debían definir este tema en La Plata. También se avanzó con el armado de una junta promotora.

El sector que buscaba avanzar con esto es el liderado por el senador nacional Maximiliano Abad, contra la posición del espacio que comanda su exsocio político y actual presidente del Comité, Miguel Fernández. En esta jugada, acompañan a Abad Martín Lousteau, Daniel Salvador y Gustavo Posse, entre otros dirigentes con espacios internos.

Abad, el expresidente del comité provincial, sostiene que el radicalismo bonaerense debe resolver rápidamente su crisis de conducción para encaminarse a recuperar presencia y competitividad pensando en 2027. Su espacio considera que para defender a los intendentes radicales y construir una alternativa sólida es indispensable avanzar cuanto antes hacia una nueva conducción.

La crisis institucional en el radicalismo se disparó con la irresuelta elección de 2025 y, ante la inminencia de la elección general del año pasado, entró en una tregua con un esquema de conducción de emergencia (el Comité y la Convención provisorios) integrados por todos los sectores pero con un esquema de alianza y afinidades internas que desde entonces mutó.

La dirigencia radical cree que es necesario adelantar el reordenamiento partidario para prepararse mejor a un eventual adelantamiento de las elecciones generales del año que viene, producto de un nuevo desdoblamiento electoral en provincia de Buenos Aires. Fuente: Agencia DIB

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) presentó un documento ante el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) donde advierte sobre presuntos incumplimientos de distribuidoras eléctricas que operan en nuestra provincia sin cumplir plenamente con la obligación legal de contar con un representante técnico Ingeniero que se encuentre habilitado para ejercer la profesión en Buenos Aires.

El planteo de la entidad que preside Jorge Castellano, al igual que ya lo hiciera en el año 2025,  pone el eje en el cuidado de la seguridad pública, argumentando que la intervención formal de un Ingeniero electricista debidamente matriculado no es un requisito burocrático sino una garantía concreta de control sobre instalaciones que, por su propia naturaleza, implican riesgo permanente.

En la presentación ante el ente de contralor se menciona el caso de cooperativas como las de Orense, Pigüé, Claromecó y Coronel Pringles, que ante intimaciones del Colegio argumentaron que la participación de los Ingenieros que ejecuten la tarea de “Representante técnico” no sería obligatoria dentro de la normativa específica del sector eléctrico. Según el CIPBA, esa interpretación desconoce la vigencia de la ley provincial que regula el ejercicio profesional de la ingeniería, norma de orden público que exige que toda empresa que ejecute trabajos propios de la disciplina cuente con respaldo técnico habilitado.

Desde el Colegio explicaron además que el visado previo de los contratos profesionales permite verificar que el ingeniero interviniente posea título habilitante, matrícula vigente, incumbencia adecuada y que no registre sanciones disciplinarias. Ese control, además, asegura la correcta registración previsional de los honorarios y evita situaciones de ejercicio ilegal de la profesión.

Más allá del debate jurídico, el punto central del planteo es el impacto sobre la calidad y seguridad que estos prestadores del servicio le brindan, y por el cual le cobran, a sus usuarios. La distribución eléctrica es una actividad considerada riesgosa por la jurisprudencia y por el propio marco regulatorio nacional y provincial. Las instalaciones en la vía pública, el mantenimiento de redes, transformadores y líneas aéreas requieren supervisión técnica especializada para prevenir fallas que puedan derivar en incendios, electrocuciones o daños materiales.

El sistema regulatorio impone estándares de calidad, confiabilidad y seguridad. Para el CIPBA, esos estándares resultan imposibles de sostener si no existe responsabilidad técnica claramente identificada y sujeta a control profesional. La ausencia de un representante técnico formalmente designado debilita la trazabilidad de las decisiones técnicas y diluye responsabilidades ante eventuales siniestros, remarca el mensaje ante el OCEBA.

La entidad advirtió que las Cooperativas reconocen que han contratado profesionales matriculados solo a los fines de la obtención inicial de una licencia para operar, pero que los Ingenieros que deben contratar como Representantes técnicos no son necesarios para el mantenimiento continuo de las condiciones de seguridad en la prestación del servicio. Desde la entidad colegial argumentan que la supervisión periódica, la detección de anomalías y la corrección de fallas requieren conducción técnica idónea y registrada que por la necesidad de formación específica debido a la peligrosidad que conllevan son actividades reservadas por ley a los Ingenieros.

En ese contexto, el Colegio pidió al organismo de control que requiera a las distribuidoras la identificación de los ingenieros que les hayan prestado servicios en los últimos diez años, que se informe sobre los convenios que estas pudieran haber suscripto con profesionales de la Ingeniería para que se verifique el cumplimiento de la contratación que les impone la concesión y que la gran mayoría de las distribuidoras del interior provincial habrían incumplido. También solicitó que se revisen las condiciones técnicas consideradas al otorgar licencias.

El CIPBA remarcó que su intervención no persigue un fin corporativo sino el cumplimiento de una función pública delegada por ley: gobernar la matrícula y controlar el ejercicio profesional en resguardo del interés general. Desde esa perspectiva, el control técnico adecuado constituye una barrera preventiva frente a riesgos que pueden afectar directamente la vida, la integridad física y los bienes de miles de usuarios bonaerenses.

La advertencia es clara: en materia eléctrica no hay margen para interpretaciones laxas porque las concesiones de estos servicios establecen obligaciones de carácter técnico para obtener una compensación económica, porque la calidad se debería anteponer al beneficio en entidades como las cooperativas mencionadas que deben comprender que dicha calidad y seguridad del servicio dependen, en última instancia, de que cada decisión técnica esté respaldada por profesionales habilitados y sometidos a control, pero por sobre todo que relajar los estándares de calidad de operación implica asumir un riesgo innecesario que la sociedad no debería tolerar.