País
El sector privado perdió 130 mil puestos de trabajo
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16 de agosto de 2024
Los puestos de trabajo privados destruidos entre enero y junio alcanzaron los 130 mil, de acuerdo con las estadísticas del SIPA, elaboradas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que publica el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).
Solo entre mayo y junio desaparecieron 17.500 empleos privados. La novedad fue que esta vez la construcción no encabezó la lista, como en meses anteriores, sino la industria manufacturera, que desde que asumió Javier Milei envió a la calle a 22.750 empleados.
De acuerdo con el cuadro efectuado por CEPA, de 6.361.283 trabajadores que contabilizaba el sector privado en noviembre, se llegó a mayo con 6.243.213, a los que habría que restar los 12.498 puestos desafectados para junio, es decir, que quedaron 6.230.715 en pie para encarar la segunda mitad del año.
El contexto es una retracción de la actividad económica durante este 2024 proyectada en -3,5%.
CEPA también publicó un informe sobre destrucción de empleo y cierre de empresas, en base a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que arrojó los siguientes datos:
- Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, se redujo la cantidad de empleadores en 7.860 casos.
- En el mismo período, se perdieron 170.695 puestos de trabajo registrados (- 1,73%).
- Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros cinco meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,5% del total de los casos (7.820 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,5% (40 casos).
- Cuando se analiza la caída del empleo registrado por tamaño de empresa surge que durante los primeros meses de la gestión de Milei la expulsión de trabajadores se concentró en las empresas de mayor porte: 74% de la pérdida de empleo (-126.244 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores.
- En cambio, en los cinco meses que van entre noviembre de 2023 y abril de 2024, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue sensiblemente menor: 44.451 casos, explicando el 26% el total.
En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 2,64% (de 4.782.973 a 4.656.729), las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 0,88% (de 5.074.200 a 5.029.749).
Estos datos resultan consistentes con el relevamiento efectuado desde CEPA de los despidos y suspensiones en el sector privado, que ascienden a 177.657 casos.
En el relevamiento de CEPA se desagregó la cantidad de despidos y suspensiones por grandes ramas de actividad.
La construcción es el sector con mayor cantidad de desvinculaciones, como consecuencia de la decisión de paralizar totalmente la obra pública, con 100.000 despidos estimados por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
Lo sigue en importancia el sector industrial, con 76.311 casos, producto de la caída del consumo tras la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos a partir de la devaluación y la desregulación de amplios sectores de la economía.
Por último, los servicios acumulan 1.346 casos en este primer semestre.
Estos despidos en el sector privado se suman a las 29.604 desvinculaciones relevadas por CEPA en el sector público, principalmente en el Estado Nacional, ya sea en la Administración Central como en las Empresas de Capital Estatal como Correo Argentino o Radio y Televisión Argentina SE. (DIB)
País
Portada digital del día 16/8/2024
País
Diputados dio luz verde al proyecto que declara la esencialidad educativa
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La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial", con el objetivo de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas y evitar la pérdida de días de clases debido a paros docentes.
El proyecto recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones. Fue apoyado por partidos como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, y algunos bloques aliados del oficialismo. Por otro lado, fue rechazado por la mayoría de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
La ley busca proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, asegurando un ciclo lectivo completo. Establece que el Estado Nacional y las provincias deben garantizar el derecho a la educación durante los días de clase afectados por huelgas docentes y no docentes, mediante un sistema de guardias mínimas obligatorias.
Guardias mínimas: si una huelga dura entre uno y dos días, se deberá implementar una guardia mínima del 30% del personal. Si la huelga se extiende más de tres días, se requerirá una guardia del 50% del personal.
Comunicación obligatoria: al inicio del ciclo lectivo, cada colegio deberá informar a las autoridades el sistema de guardias que implementará para garantizar el dictado de clases.
La vuelta de un grande
Debate
Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): "Hay dos derechos en pugna: el derecho a huelga y el derecho de los niños a la educación. Este proyecto reafirma la prioridad de los estudiantes".
Alejandro Finocchiaro (PRO): "Este proyecto beneficia a toda la sociedad, poniendo a los chicos en el centro del debate educativo. Buscamos equilibrar el derecho a la educación y el derecho a huelga".
Julio Cobos (UCR): "Respaldamos el proyecto para asegurar que se cumpla con el calendario académico de 180 días".
Vanina Biasi (Frente de Izquierda): "Defenderemos el derecho a la protesta y la calidad educativa. Quienes buscan prohibirlo son los verdaderos responsables de la crisis educativa".
Carla Carrizo (UCR): "Esta ley no está en contra de nadie, sino a favor de los derechos de la infancia. Invitamos a los sindicatos a mejorar la educación".
Héctor Stefani (PRO): "El derecho preferente en Argentina es la educación de nuestros hijos."
Pablo Carro (Unión por la Patria): "Este proyecto es inconstitucional y demagógico. El derecho a huelga está consagrado en la Constitución".
José Luis Espert (La Libertad Avanza): "Es crucial que logremos sancionar la educación como un servicio esencial para igualar oportunidades y priorizar el derecho de los chicos a estudiar".
Daniel Arroyo (Unión por la Patria): "Es evidente que más horas de clases mejoran la educación, pero recortar el derecho a huelga no es la solución".
Blanca Osuna (Unión por la Patria): "Este proyecto solo busca regular el derecho a huelga. El verdadero problema es la crisis alimentaria y nutricional que afecta a los estudiantes".
País
HAMBRE INFANTIL
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De cara al día de las infancias, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió por “los preocupantes índices de pobreza y la emergencia alimentaria” en la Argentina, en un duro comunicado firmado junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
“Ser pobre implica ser invisible a toda la sociedad. Ser un niño pobre, es ser aún, más invisible”, afirman en este documento.
En clara defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, destacan entre los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, enunciados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los que adhiere nuestro país, el “Fin de la pobreza”, “Hambre cero”, “Salud y bienestar”, “Educación de calidad”, “Igualdad de género”.
El presente y el futuro de ese grupo de argentinos, advierten, “es hoy más incierto y preocupante”. Para lograr el hambre cero, una buena salud y bienestar para todos, eje de las proyecciones deseables para 2030, aseguran que “se debe afrontar seriamente la carga de las inequidades sociales, educativas y de salud de la niñez y adolescencia en Argentina”.
Proteger a las infancias más vulnerables, señalan, “lamentablemente no está en la agenda de las políticas públicas desde hace años”. Con el trabajo del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la SAP, en convenio con Unicef, y el del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, que acaban de publicar sus respectivos análisis, aseguran que “las cifras están” y que se deben planificar las acciones en consecuencia.
Marcan a la pobreza como el eje que genera una profunda vulneración a los derechos de la niñez, y por eso debe ser una prioridad en la agenda nacional. “Quienes viven en situación de pobreza no gozan de manera plena del ejercicio de sus derechos y, por ende, no cuentan con igualdad de oportunidades para acceder a la salud, educación, vivienda, seguridad social u otras prestaciones esenciales para tener una vida digna”, detalla el texto.
La pobreza infantil en el tercer trimestre de 2023 se estima en 55% (con jurisdicciones que superan el 80%) y la indigencia en 15,7% con cifras estimadas en aumento para 2024. Más de la mitad (51,4%) de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son pobres.
La carencia de red de cloacas afecta a casi el 38% de los hogares en el país, 15% no dispone de agua corriente y más de la mitad reside en viviendas sin acceso a la red de gas. En las estadísticas que expresan promedios, señalan, “se ocultan cifras más contundentes de la desigualdad de oportunidades”.
La pobreza impacta en los vínculos familiares, en el juego y en el acceso a la escolaridad, exponiendo a padecer adversidades tempranas asociadas a deficiencias posteriores en el aprendizaje, comportamiento, bienestar físico y mental, efectos que se profundizan mientras mayores sean las carencias.
Según el decreto 108 del Poder Ejecutivo Nacional, la emergencia alimentaria existe en nuestro país desde 2002. “Una alimentación inadecuada repercute en el crecimiento, el desarrollo y la salud integral. Hoy en la Argentina, la inseguridad alimentaria afecta al 64,5% de niños, niñas y adolescentes, con un aumento sostenido desde 2004. Esta situación requiere de acciones inmediatas y sostenibles en el tiempo. El hambre en general y en especial de un niño es inadmisible”, remarcan los pediatras.
En un subtítulo sobre vacunas, la SAP marca como preocupante que, a pesar de observarse una lenta recuperación pos pandemia, las vacunas aplicadas en lactantes para completar el esquema primario, sigan siendo iguales o inferiores al 80%, 15 puntos por debajo de la meta óptima del 95% necesaria para alcanzar una cobertura universal o de rebaño. Cifras oficiales muestran que, para fines de 2023, 112.000 niños de 0 a 5 años no habían recibido ninguna vacuna y 37.000 tenían el esquema incompleto.
“Esta brecha representa un riesgo significativo para la salud pública en general y para los niños en particular, con consecuencias directas en el aumento de casos de enfermedades prevenibles por vacunación, como la meningitis bacteriana”.
Igual preocupación describen en la carta sobre el embarazo adolescente, los primeros 1000 días de vida y la salud mental de los más jóvenes.
El impacto de la pobreza y la exclusión social, ejes del informe tanto de la SAP y Unicef como del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, cierran, “se agiganta cuando se pone la mirada en la infancia y su incidencia en la educación. Las políticas educativas actuales no logran garantizar la continuidad escolar y es preocupante la calidad de la educación primaria y secundaria en un entorno de pobreza y marginalidad, en la que muchos de los niños, niñas y adolescentes del país hoy se encuentran”. (DIB)