Los haberes jubilatorios cuyo pago está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán en agosto un reajuste de 4,58%. Y quienes perciben los ingresos más bajos del sistema volverán a recibir un bono de hasta $70.000.

A través de las Resoluciones 389 y 390/2024 publicadas este martes en el Boletín Oficial, se dispuso un aumento del 4,58% el próximo mes a partir de fórmula de movilidad que ajusta por inflación con dos meses de rezago. En este caso se toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo.

De esta manera, la jubilación mínima llegará a $225.540,61, a lo que se sumará un bono de $70.000, totalizando $295.540.

Ningún jubilado podrá cobrar menos de esa cifra, por lo que aquellos beneficiarios cuyo haber sea mayor al mínimo cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar ese piso.

En tanto, la jubilación máxima alcanzará los $1.517.094,80, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), $180.363,54 y la Prestación Básica Universal (PBU), $103.135,11;

A su vez, la ANSES confirmó los nuevos montos de las asignaciones familiares: la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de 81.010 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, 263.791 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, 40.505 pesos para el primer rango de ingresos (hasta $627.230, por grupo familiar).

Cabe destacar que en la resolución publicada este martes, se dispone que “la percepción de un ingreso superior a $1.660.759 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

Jubilaciones a la baja

Pese al bono de $70.000 que viene aplicando el Gobierno de Javier Milei, en los primeros seis meses de este año, las jubilaciones con haberes mínimos o por debajo del mínimo, perdieron frente a la inflación.

Entre enero y junio la inflación fue del 79,8%, de acuerdo al INDEC. Mientras que la jubilación y pensión mínima, más el bono, subió de $ 160.713 a $ 276.931. Un incremento de 72,31%. Son 7,5 puntos menos.

En lugar de integrar el bono a los haberes corrientes, el Gobierno insiste en mantenerlo separado y congelado como un refuerzo no remunerativo hasta que la inflación lo termine reduciendo a una proporción mínima y en determinado momento quede definitivamente anulado. El bono además no computa para el pago del aguinaldo.

El G6 aseguró que su postura en la mesa tripartita por el decreto reglamentario de la reforma laboral será opuesto al de la CGT.

En las últimas horas los empresarios del Grupo de los seis (G6) aseguraron que su postura en la mesa tripartita a la que convocó el secretario de Trabajo, Julio Cordero el próximo miércoles sobre el decreto reglamentario de la reforma laboral será diametralmente opuesto al que pueda llegar a plantear la Confederación General del Trabajo (CGT) que conduce, Héctor Daer.

En rigor, el G6 está compuesto por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).-

En este sentido, los integrantes del Grupo de los seis almorzaron el  jueves en la Sociedad Rural, pero no definieron la agenda que van a llevar a la reunión con Cordero, dado que el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se fue antes del encuentro para participar de la reunión del Consejo del Salario, que no llegó a buen puerto y el Gobierno nacional dictó el aumento por decreto.

De todos modos, los empresarios del G6 informaron que mantendrán un encuentro en la antesala al cónclave con la CGT, anticiparon que respaldan los cambios promovidos por el Gobierno de Javier Milei en materia laboral y manifestaron sus cuestionamientos por las objeciones que hicieron los sindicalistas.

En efecto, el Grupo de los seis apuntan que la versión original de la reforma laboral que está incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Milei era más “abarcativa y profunda” que la que aprobaron los legisladoras en la Ley Bases, y que esa reducción fue producto de la presión que aplicó la CGT para recortar 42 artículos.

Por caso, los empresarios reconocieron que la reforma laboral de la Ley Bases colaboró con quitarles de encima la “espada de Damocles, en que se transformó gran parte de la legislación del trabajo” y valoraron todo el articulado que elimina las multas por trabajo no registrado o por la demora en el pago de las indemnizaciones.-

En torno a la reunión, el planteo que generaría más rispideces es sobre el bloqueo a las empresas, que según los sindicalistas dejaría expuestos a los trabajadores a los despido con causa por el solo hecho de estar en la puerta de la empresa mientras se lleve a cabo el impedimento del ingreso o egreso de la compañía en reclamo sobre alguna medida.

En contraposición, Funes de Rioja defendió públicamente el artículo de la reforma laboral que penaliza los bloqueos al destacar que un “tema en discusión son los límites al derecho a la huelga que deben tener en cuenta la figura del acoso y violencia del convenio de la (Organización Internacional del Trabajo) OIT, ya ratificado por Argentina“.

En esta línea, el titular de la UIA aseguró que los bloqueos en forma de manifestación por parte de los trabajadores “violan” los derechos constitucionales de la propiedad, de ejercer toda industria lícita la libertad de tránsito y de trabajo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, corroboró el envío de una parte de las reservas de oro argentino a instituciones bancarias en el extranjero, sin revelar a donde o cuanto fue enviado, afirmando que el movimiento busca obtener beneficios por los activos del Banco Central. Ya días antes, el diputado y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, había advertido sobre el movimiento a través de una petición de información al Gobierno.

En una entrevista con el diario La Nación, el ministro Capto confirmó la decisión del Banco Central de enviar una parte del oro argentino resguardado en las arcas estatales al exterior, explicando la decisión como una movida financiera para "maximizar el retorno" de los activos argentinos, ya que, si están dentro del país, no generan beneficios, dijo el funcionario.

"Es una movida muy positiva del Central. Porque hoy tienes oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio: no lo puedes usar para nada. En cambio, si tienes ese oro afuera, puedes sacarle un retorno", mencionó Caputo este 19 de julio, añadiendo que "es negativo para el país" tener el oro inmóvil dentro del Banco Central.

Aunque el ministro de Economía del Gobierno encabezado por Javier Milei no ahondó en los detalles de la operación, sin revelar la cantidad ni el destino de los activos metálicos argentinos, medios locales especulan que la transferencia sería por unos 450 millones de dólares.

El movimiento del oro argentino al exterior no es nuevo. En 2017, el país giró 11.000 kilos del metal precioso por unos US$ 450 millones para generar rentabilidad alquilándolos.

Buenos Aires también tiene certificados de oro en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza, utilizados para hacer ciertas movidas financieras.

Pero tras la confirmación de Caputo, algunos expertos critican la salida de las reservas de oro argentinas, debido a la dificultad del Estado argentino por acumular reservas en los últimos años.

El reciente envío de oro argentino al exterior había sido advertido días atrás por Sergio Palazzo, diputado y líder de Asociación Bancaria, sindicato que agrupa a los trabajadores de entidades bancarias argentinas, quien publicó una carta enviada al Gobierno el pasado 15 de julio, pidiendo detalles sobre la operación que, hasta ese momento, solo se especulaba que el Banco Central habría realizado.

En la carta, Palazzo pidió acceso a la información sobre supuestos movimientos del oro argentino en los días 7 y 28 de junio, cuestionando si el oro fue transportado por la empresa de seguridad Lumil desde el Banco Central hasta el aeropuerto, y si el recurso salió del país en un vuelo de British Airways. Medios locales especulan que el oro argentino habría salido en dirección a Londres.

Por ley, el Gobierno argentino tiene 15 días para responder a las dudas expresadas formalmente por Palazzo.

Argentina cuenta con 1,98 millones de onzas de oro, equivalentes a unos 4.500 millones de dólares, según información del Banco Central. Según medios locales, la mayor parte del oro argentino se encuentra resguardado en el país, mientras que otra parte está repartido en instituciones bancarias en Reino Unido y Suiza.

Después de tres días de silencio por parte de las autoridades argentinas, por fin se confirmó el envío del oro al extranjero, sin embargo, la falta de detalles oficiales extraña a un sector del gremio bancario.

Tras la confirmación de Caputo, el propio Palazzo subrayó que no se sabe la naturaleza del movimiento, "si es un préstamo" o "si es venta del activo oro para cambiarlo por el activo dólar", dijo, y cuestionó a su vez la tesis del gobierno de que es más conveniente para el país sacarlo del Banco Central para enviarlo a otros lugares donde se le pueda obtener rentabilidad.

"Si fuera tan fácil, ¿por qué no se llevó todo el oro? Si lo tienes en el (Banco Central), no te genera rendimiento. Es cierto. Pero al menos sabes que tienes la solidez del oro. Si fuera la operación de compra y recompra de oro, creo que la tasa anualizada es 0,25%, y hay que ver costos del traslado", dijo el diputado en una entrevista con la radio local R10.

Además, otros expertos en economía avisan sobre los efectos contraproducentes de la salida de activos nacionales en oro al extranjero, conceptualizando al oro como un "recurso estratégico" que cada vez más países mantienen dentro de sus territorios en caso de una eventual crisis financiera global.

"Si Argentina tuviera pensamiento estratégico, tendría que cuidar y aumentar estos activos dentro del territorio nacional, y ocuparse de obtener más ingresos por la vía de potenciar nuestras exportaciones y reducir nuestro endeudamiento", mencionó Ricardo Aronskind, economista argentino, para el diario Ámbito.

Por: Maximiliano P. Gallardo