La plaza bursátil de Argentina operaba mayormente en terreno negativo este miércoles por manifiestas dudas inversoras, en medio de selectivas compras de oportunidad, una dinámica que imprimía volatilidad a la rueda de negocios, como respuesta a una serie de medidas monetarias que buscan sanear la economía.

“En términos de estrategia, consideramos atractiva la deuda ‘hard dólar’ con un ‘view’ de mediano plazo, en un contexto donde el Gobierno logre mantener la agenda de reforma, y avance en la normalización y desregulación de la economía”, reportó CMA Research.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1,8%, a 1.500.000 puntos a las 13:50 horas. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street se extienden las pérdidas, encabezadas por los papeles del sector bancario hasta por un 6 por ciento.

Las acciones bancarias operaban en baja por el arrastre de su tenencia de deuda soberana en cartera, también con tendencia declinante y en una semana en la que se definirá la eliminación de los “puts”, la última canilla de emisión monetaria latente que quedaba todavía sin cerrar tras el anuncio de que se congelará la Base Monetaria. A través de la Comunicación B 1284, el Banco Central convocó a los bancos a presentar hasta el jueves sus ofertas para rescindir estas garantías sobre bonos soberanos, es decir contratos que aseguraban la liquidez a las entidades financieras.

A través de la operación, el Central recomprará esos instrumentos a los bancos. Según acordó con ellos tras las negociaciones que se llevaron adelante en las últimas jornadas, el precio al que se rescindirá cada contrato reconocerá un valor equivalente a la prima en pesos pactada oportunamente, proporcional a la cantidad de días remanente hasta la finalización de cada contrato, e incrementado conforme la variación del índice CER desde la fecha en que fue abonada esa prima hasta la liquidación de la rescisión. Así lo establece el texto de la norma publicada anoche.

La contracara social del superávit fiscal anunciado al cerrar el primer semestre fue que el recorte recayó sobre las jubilaciones, en un 28,9%, la obra pública 21,9% y los salarios (10,6%), principalmente.

El cálculo lo realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la base de datos recabados en la Oficina Nacional de Presupuesto y del INDEC.

El otro ítem que aportó el 16,2% al ajuste fueron los subsidios económicos, que implicaron una mayor carga tarifaria para los usuarios de servicios públicos.

Sin embargo, el mayor peso porcentual en términos reales de junio último fue para las transferencias a universidades (-95,1%), subsidios a la energía (-81,2%) y obra pública (-74,4%).

En relación con el Producto Interno Bruto (PIB), el superávit fiscal primario de enero a junio resultó del 1,1%,  tras reportar en junio el sexto mes consecutivo de excedente primario financiero, según informó hoy el Ministerio de Economía.

"El sector público nacional registró seis meses consecutivos de excedente financiero por primera vez desde el 2008, acumulando en el año un superávit luego de intereses equivalente a aproximadamente 0,4% del PIB (...), de esta forma se continúa consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno", informó la cartera económica a través de un comunicado.

El ministro de Economia, Luis Caputo, tuiteó que el superávit financiero se logró, además, atendiendo a los más vulnerables. Y comparó: "en 2023, déficit fiscal, emisión monetaria y ajuste bestial en jubilaciones y AUH; en 2024, superávit financiero récord y con aumentos reales en jubilaciones y AUH.

Otra versión del ajuste. Los números que extrajo CEPA de las cuentas oficiales dan otra versión del ajuste en el primer semestre: recayó en 28,9% sobre las jubilaciones. Otro 21,9% es explicado por el recorte de la obra pública y 16,2% se debió al recorte de subsidios (transporte, luz, agua y gas), lo que se tradujo en un incremento de lo que pagan los usuarios.

El diario norteamericano Los Angeles Times destacó que "la desaceleración de la inflación y el superávit financiero son el inevitable resultado de una caída del consumo y de la licuación de ingresos de jubilaciones y salarios por las medidas de ajuste".

Y mencionó las proyecciones de los expertos, que dan cuenta de un aumento de la pobreza y de la desocupación en la primera parte de este año.

En ese aspecto, sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) referida a la Seguridad Social, el instituto económico de orientación peronista toma la cantidad de empleadores y empleados entre noviembre del año pasado, mes en el que se celebró el balotaje, y abril de este, ya bajo el mandato de Javier Milei, y extrae como conclusión que se perdieron 7860 empresas y 170.675 trabajadores registrados en este lapso.

Los principales afectados por la reducción de casos de empleadores, en los primeros cinco meses de la gestión de Milei, han sido las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,5% del total de los casos (7.820 empresas menos).

Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,5% (40 casos).

En términos relativos, se redujo 2,22% la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as, mientras que disminuyó 1,53% la cantidad de empleadores de hasta 500 trabajadores/as.

Cuando se analiza la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que durante los primeros meses de la gestión de Milei la expulsión de trabajadores se concentró en las empresas de mayor porte: 74% de la pérdida de empleo (-126.244 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores.

Del desglose surge un notable desbalance en la distribución de empleadores y puestos de trabajo, ya que en los cinco meses que van entre noviembre de 2023 y abril de 2024, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue sensiblemente menor: disminuyeron sus puestos de trabajo en 44.451 casos, explicando el 26% el total.

Mayor porcentaje de alza en entradas que en salidas. En el sexto mes de año, los ingresos del sector público mejoraron 216,6% interanual, contra un incremento del gasto primario del 140,7% interanual.

La mayor recaudación tributaria determinó un 226,7% de aumento, principalmente por efecto de los aportes a la seguridad social y a la variación del Impuesto Pais, tributo aplicado a la compra de divisas, importaciones de algunos servicios y pagos en el exterior.

Las erogaciones se explican en que más de 207% de las prestaciones de la seguridad social fueron como consecuencia del impacto de la fórmula jubilatoria, que adecuó estos ingresos a la evolución de la inflación en el país, aunque sin recuperar el saque inicial que causó la devaluación en los haberes. (NA)

En el barrio porteño de Balvanera, una Trafic blanca convertida en coche bomba estalló contra la entrada del edificio de la AMIA, cuando faltaban siete minutos para las diez de la mañana del lunes 18 de julio de 1994, jornada que a partir de ese momento se convirtió en una de las fechas más negras de la historia argentina.

Desde entonces, 30 años han pasado sin que la investigación judicial ni las acciones de los distintos gobiernos hayan arrojado resultados satisfactorios para los familiares de los 85 muertos y los 300 heridos, que provocó ese ataque terrorista.

En total, 77 víctimas estaban dentro de la sede de la mutual judía y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños al momento del atentado, cuyos responsables siguen impunes.

Aunque la comunidad judía de la Argentina es la más numerosa de América latina y una de las principales del mundo, el atentado fue tomado por la colectividad, la Justicia y los gobiernos como un ataque a la sociedad argentina toda.

La iniciativa del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner para acordar con Irán el interrogatorio en Teherán a los acusados terminó rodeada de polémica, rechazo, inconstitucionalidad y resultados nulos.

Ahora, el gobierno del presidente Javier Milei intenta implementar el juicio en ausencia para avanzar con el proceso que apunto a los iraníes.

El 17 de marzo de 1992, la comunidad judía ya había sido objeto de otro atentado, cuando una camioneta Ford F-100 explotó frente a las puertas de la Embajada de Israel, que entonces se ubicaba en el barrio porteño de Retiro, y como consecuencia de lo cual murieron 27 personas y más de 100 resultaron heridas.

Dos años después, la Asociación Mutual Israelita Argentina se encontraba organizando los preparativos para el festejo del primer centenario de su creación.

La organización había sido fundada grupos de inmigrantes judíos y tenía por objetivo brindar ayuda y asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en el país.

El viernes 15 de julio de 1994, tres días antes de la explosión, una Traffic blanca fue estacionada en la playa de estacionamiento Jet Parking, a tres cuadras de la sede de la mutual, ubicada en Pasteur 633 e inaugurada en 1945. 

A las 9:53 del lunes 18, ese vehículo, cargado con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal, se estrelló contra el edificio de la calle Pasteur.

La explosión produjo un cráter de seis metros de profundidad y daños materiales por 15 millones de pesos/dólares, mientras que la onda expansiva dejó sin agua y sin luz a las manzanas vecinas y destruyó decenas de propiedades de la cuadra.

Desde ese momento, sin novedades judiciales a la vista, sobre el atentado a la AMIA se produjeron miles de artículos periodísticos y decenas de libros, ensayos y videos, así como 
centenares de testimonios orales, expresiones artísticas, imágenes y actividades educativas.

Cada 18 de julio a las 9.53 en la reconstruida sede de Pasteur 633 se hace sonar la sirena que buscar fortalecer la memoria y redoblar el reclamo de justicia. (DIB)