En plena tensión en la interna partidaria, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó hoy que el macrismo deje realizar “amenazas” al Gobierno con retirarle la colaboración.

Ocurre luego de que el flamante titular de la Asamblea Nacional del PRO, Martín Yeza, advirtiera que si el PRO dejaba de colaborar con el Gobierno, "se podría poner peligrosa la Argentina".

"El que no colabora con este Gobierno es porque no quiere ver crecer al país", disparó la funcionaria nacional.

Y agregó: “Y no es por amenazas, no es diciendo ´si no colaboramos se cae´ porque no…este Gobierno no se cae, porque este Gobierno está basado en la conducción” de Javier Milei.

El mensaje del ex intendente de Pinamar tenía que ver con la presión coordinada que el macrismo en pleno ejerció sobre el Gobierno nacional para que devuelva a la Ciudad de Buenos Aires los recursos de coparticipación que le había recortado la gestión de Alberto Fernández.

El conflicto se trasladó también a la reunión del PRO en la que Mauricio Macri puso en práctica una jugada artera para desplazar a Bullrich del cargo que tenía apalabrado.

La jefa de la cartera de Seguridad había aceptado que el fundador del PRO volviera a presidir el partido de centroderecha con la condición de que ella fuera ungida luego como presidenta de la Asamblea.

El desenlace fue distinto y el bullrichismo se levantó de la cumbre del PRO escupiendo fuego por la boca, aunque aclaró que no iba a romper el partido ni tampoco el bloque de diputados nacionales.

“El PRO colabora con el Gobierno, acá estoy yo, soy ministra de Seguridad y soy del PRO”, afirmó Bullrich, diferenciándose de sectores del macrismo a los que considera más especulativos en su apoyo al oficialismo libertario.

“El que quiere colaborar, que colabore y el que no quiere colaborar que no colabore”, concluyó la ministra.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó la Nueva Historia Criminológica, una reforma del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que apunta a mejorar la reinserción en la sociedad de los presos y, a la vez, evitar "largar asesinos a la calle".

"El SPF da un paso crucial hacia la modernización y la mejora de nuestras prácticas penitenciarias. La modificación de la historia criminológica es un instrumento fundamental que transformará la forma en que gestionamos y tratamos a las personas privadas de libertad. Este avance no solo es esencial para aumentar la efectividad de las intervenciones del tratamiento de la pena, sino también para contribuir a la seguridad pública y proteger a nuestra sociedad frente al delito", explicó la titular de la cartera de Seguridad.

Enfatizó: "Nosotros no vamos a largar asesinos a la calle. Es una decisión y una instrucción concreta que hemos dado para que esta historia criminológica permita a los que tienen condenas cortas poder volver a la sociedad y no volver a cometer un delito".

"La historia criminológica es el legajo de los internos, donde a través de diferentes intervenciones interdisciplinarias, iversos profesionales van construyendo la historia de esa persona y diseñan un tratamiento. No solo se aplica ese tratamiento, sino que se va midiendo su efectividad, para que ustedes entiendan que el tratamiento penitenciario tiene como función central la reinserción de ese individuo en la sociedad", explicó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi.

Con este sistema, “se va a separar a los presos que no pueden salir de las personas privadas de la libertad que tienen la posibilidad de corregirse en la vida, para que los que han cometido delitos más livianos puedan no reincidir”.

Bullrich destacó que se trata de un "cambio estratégico para el futuro de la sociedad y de la seguridad" que tiene que brindar el servicio penitenciario a la sociedad, "no largando presos que vuelvan a reincidir, porque ese es su gran objetivo, y este instrumento es fundamental para ese sentido".

La nueva historia criminológica se basará en la evidencia y en un juicio profesional estructurado, integrando de manera organizada los factores asociados a la reincidencia y los factores 
protectores. 

La nueva metodología asegura la participación activa de todas las áreas de tratamiento en la recolección y análisis de información. 

Junto a Bullrich en la sede del Ministerio estuvieron los secretarios de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Alejandra Monteoliva y Julián Curi, y el Director del SPF, Fernando Martínez.

El Gobierno oficializó este viernes el aumento de 4,18% en las asignaciones familiares, en sintonía con el dato de inflación de mayo, al igual que con las jubilaciones y pensiones.

La medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue tomada a través de la Resolución 327/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El mismo incremento, que se aplicará en el mes de julio, rige también para los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

Los incrementos se aplican mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese sentido, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $77.462; la AUH por Hijo con Discapacidad, $252.238, y la Asignación Familiar por Hijo, $38.731 para el primer rango de ingresos (hasta $599.760 por grupo familiar).

En el artículo 4° de la resolución publicada esta madrugada, Anses aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $1.588.027 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

Quiénes pueden solicitar la AUH

-Los padres deben estar desocupados, ser trabajadores no registrados (sin aportes) o ser trabajadores del servicio doméstico.

-Los hijos no deben tener trabajo, estar emancipados, ni recibir alguna de las prestaciones previstas en la ley de asignaciones familiares.

-Los hijos y sus progenitores deben ser argentinos y residir en el país. Si son extranjeros o naturalizados deben tener 2 años de residencia en el país.

-Se debe cumplir con los controles sanitarios y de vacunación de los hijos hasta los 4 años de edad.

-Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los controles de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos públicos. (DIB)