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Ordenan cerrar 81 centros de atención de acceso a la justicia
12 de junio de 2024
La resolución del Ministerio de Justicia que ordena la disolución de 81 Centros de Acceso a la Justicia se publicó en el Boletín Oficial. Quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota lo cual representa un gran retroceso en las posibilidades de acceder a la justicia de los sectores mas vulnerables.
El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido internacionalmente y considerado además como instrumental, es decir, que permite el acceso a otros derechos. Comprende garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, lo que incluye no sólo poder acceder a acciones judiciales si no encontrar respuestas no judiciales, administrativas y alternativas a conflictos que afectan la vida diaria de las personas.
La decisión del Gobierno nacional de disolver 81 Centros de Acceso a la Justicia dejando uno por provincia, provoca un desmantelamiento del sistema de atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas más vulnerabilizadas enfrentan a la hora de acceder a la justicia. Diferentes organizaciones de la sociedad civil se expresaron en desacuerdo con esta medida.
Mediante la Resolución 178/2024 publicada en el Boletín Oficial se instruye a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia a iniciar el plan de ordenamiento y mejoramiento de los Centros de Acceso a la Justicia dependientes de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.
Se le ordena implementar un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles sin que ello implique erogación presupuestaria alguna y se ordena a la subsecretaria de Gestión administrativa de dicho ministerio a tomar las medidas que resulten necesarias para efectivizar lo dispuesto en el artículo 1º de la presente medida, en lo que respecta a los recursos humanos y materiales afectados, e inmuebles correspondientes.
Entre los fundamentos, la resolución señala que se han tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar y reducir el gasto necesario y haciendo foco en los avances tecnológicos y en que, la ciudadanía puede acceder al mismo servicio que ofrecen los CAJ de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal, razones por las cuales se “deviene necesario iniciar un plan de ordenamiento y mejoramiento de los citados CENTROS DE ACCESO A LA JUSTICIA, a los fines de mejorar el servicio con personal capacitado, con una estructura eficiente y una comunicación eficaz a los distintos lugares de las provincias y optimizar los recursos existentes”.
Se pretende reforzar los canales de atención no presenciales actualmente disponibles en el ámbito de esta cartera, sin que ello implique erogación presupuestaria alguna, por la cual se estima establecer un CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA por cada provincia con una reducción sustancial del número actualmente existente.
En este sentido, se reforzará la atención de las líneas telefónicas 137 y 149, así como de las casillas de correo electrónico que a tal efecto se implementen, atendidas por un equipo de profesionales (abogados y psicólogos que se encuentran prestando funciones actualmente en el organismo), que oriente y brinde un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía en materia de Acceso a la Justicia en articulación con los diferentes organismos.
Repudio a la medida
Las organizaciones ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales, FUNDEPS, Capibara, Xumek, RAAC – Red Argentina de Abogacía Comunitaria, Curas Villeros, Andhes – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales, Observatorio de justicia sanitaria y climática expresaron un repudio a la decisión nacional advirtiendo el grave retroceso.
“Desde hace 15 años, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se extienden como una política federal a lo largo de todo el país que acerca respuestas a toda la ciudadanía, pero en particular a los grupos más vulnerabilizados de la sociedad” señala el informe firmado por las organizaciones civiles.
“Es la primera línea de atención, situada en los territorios, que permite remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren” y junto a esto señalan que “Las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan —o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos— de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades más necesitadas. Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompañar a las personas integralmente en la resolución de las necesidades que atraviesan es fundamental”.
Según datos de la página web del propio Ministerio, desde el 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de 1.300.000 consultas.
“Lo primero que hay que decir es que no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace mención el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ. Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el número correcto, correspondería solo al 0.01% del gasto público. En términos comparativos, equivale, por ejemplo, al 8% de los beneficios fiscales que se le otorgaron a la empresa Mercado Libre en 2023 o al 0,18% de lo que Argentina pagó en servicios de la deuda externa hasta el momento”, expresa el pronunciamiento.
“La preocupación por la situación actual es transversal. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio. En la actual situación de crisis socioeconómica estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia” concluye el comunicado de las organizaciones firmantes.
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Paro universitario en reclamo de salarios
Las universidades públicas realizan este miércoles un paro nacional de 24 horas para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, afecta las actividades académicas en distintas instituciones del país, con facultades que suspendieron las clases presenciales y virtuales.
Los gremios reclaman una recomposición salarial frente a una pérdida que ubican por encima del 28% y también cuestionan la falta de actualización de los recursos destinados a becas y hospitales universitarios. La protesta busca exponer el deterioro presupuestario que atraviesa al sistema y reclamar que el Gobierno cumpla con las disposiciones establecidas por la ley.
Laura Carboni, secretaria general de uno de los gremios universitarios, cuestionó la situación salarial al comenzar el segundo cuatrimestre. “El Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo.
La protesta reúne a trabajadores docentes y no docentes de organizaciones como FEDUN, FAGDUT, FATUN y CONADU. En distintas provincias, los sindicatos también organizan concentraciones, cortes simbólicos y bocinazos.
El conflicto también enfrenta al Gobierno con los sindicatos por el aumento del 21,3% acordado entre rectores y federaciones, que comenzó a cobrarse en julio. Los gremios consideran que el incremento no compensa la pérdida salarial acumulada y reclaman una recomposición mayor. La AGD-UBA rechazó la propuesta y pidió profundizar el plan de lucha.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, cuestionaron la medida de fuerza y la calificaron de “ilegítima” y vinculada con motivaciones políticas. Además, el Gobierno sostuvo que cumple con las obligaciones relacionadas con hospitales universitarios, salarios y gastos de funcionamiento.
En paralelo, un juez convocó a representantes del Gobierno y del sector universitario a una audiencia para intentar destrabar el conflicto. Las partes deberán discutir allí las demandas salariales y presupuestarias. Los sindicatos, sin embargo, advirtieron que podrían impulsar nuevas medidas de fuerza si la negociación no genera respuestas concretas.
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‘Argentina fue arrasada en los últimos 25 años y hay que reconstruirla’
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la Argentina "ha sido arrasada en los últimos 25 años" y sostuvo que en estos tiempos "se necesita reconstruir este país".
El titular del Palacio de Hacienda recordó distintas crisis que atravesó Argentina a lo largo de su historia, en las que nombró la etapa del corralito y el default de la deuda en 2001, entre otros sucesos.Noticias Relacionadas
"A pesar de no haber estado en ninguna guerra, Argentina ha sido arrasada en los últimos 25 años y hoy necesitamos reconstruir este país. Hemos vivido agresiones constantes que hoy hacen que la gente tenga ese temor nato. La política les inculcó ese temor; no es que los argentinos nacieron con ese don", precisó el ministro durante su exposición en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Allí defendió el programa económico y señaló que el Gobierno decidió "atacar el problema de raíz", algo que "no se hizo por más de 100 años".
"El problema era la deuda, el dólar y la inflación; cuando en realidad esas eran las consecuencias de cómo financiaban el déficit. Esto es un programa de estabilización: si vos creés que vamos a ser Suiza mañana, estás equivocado", aseveró.
Referido a las crisis del país, agregó: "Nos han estado haciendo bullying por años, y hay gente que lo supera con el tiempo; hay algunos que tardan más y hay otros que no lo superan. Por más que hagamos lo que hagamos, hay personas que no van a poder sacarse de encima todo lo que vivieron".
El funcionario también se refirió a la situación de los distintos sectores de la economía, donde hay una marcada heterogeneidad entre los que crecen de manera constante -como la energía y la minería- y los que se encuentran más rezagados, como es el caso de la industria y el comercio.
En ese sentido, indicó que el buen pasar de la energía y la minería permitió tener un mayor ingreso de dólares y, a su vez, sirve para recomponer el balance del Banco Central (BCRA).
"Que le vaya bien a estos sectores permite que haya suficientes dólares para que haya estabilidad cambiaria y que no tengamos que vivir la locura que fue hace años".
Adelantó, además, la llegada de nuevas inversiones en el marco del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de hasta US$50.000 millones. "En breve se van a enterar de los proyectos aprobados que son solo un cuarto, porque va a venir algun que otro RIGI por hasta US$50.000 millones".
Caputo criticó al modelo económico del último gobierno nacional, el cual "no servía" y generó "más inflación y más pobreza". "No creció la industria, no creció el comercio y no creció la construcción. Claramente queremos salir de ese modelo".
"Es la primera vez que vamos por el camino correcto; siempre Argentina fue para abajo. ¿Qué hay que hacer? Perseverar y profundizar todos estos cambios", detalló.
Y agregó: "Cuando uno ve los resultados de este programa comparado con otros considerados exitosos, este rankea arriba de cualquiera de esos programas. Hay una buena razón para ser optimistas".
También se refirió a las elecciones de 2027 y a una posible continuidad del presidente Javier Milei en el poder. En esa línea, manifestó que el país necesita a "alguien con la convicción y personalidad del Presidente", aunque puede no ser el mismo mandatario quien se mantenga en el sillón de Rivadavia.
Lo que sí aseguró, bajo su mirada, es que "no hay ninguna posibilidad" de que vuelva a gobernar el kirchnerismo y afirmó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no será presidente de la Argentina, recordando la interna que atraviesa el peronismo y la fragmentación que hay en la oposición.
"Tenés al caballo ganador y nadie se quiere juntar con él. Tienen al tipo que puede ganar, ¿pero no lo quiere nadie? La realidad es que todo el mundo sabe que no hay ninguna posibilidad de que Kicillof vaya a ser presidente. Entonces, ¿por qué lo levantan? Porque el que gana en Argentina no gana por mérito propio, gana porque le está yendo mal al que está gobernando".
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Ingreso a la Policía Federal Argentina: Abren inscripción
Se encuentra habilitada la inscripción para el ingreso a la Escuela de Oficiales " CORONEL RAMÓN LORENZO FALCÓN" y a la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal Argentina "COMISARIO GENERAL ALBERTO VILLAR ", correspondiente al ciclo lectivo 2027.
La inscripción y consulta de requisitos deben realizarse exclusivamente a través del sitio web: www.argentina.gob.ar/policiafederal. Este es el único medio habilitado, gratuito y sin intervención de terceros para efectuar el trámite.
Al ingresar al portal, encontrarán el botón “Inscripciones ciclo lectivo 2027-Ver más”, que brinda acceso al portal integrado de inscripciones de la PFA, en dicho acceso deberán ingresar en el cartel de “PRE-INSCRIBITE”, se abrirá una pantalla en la cual deberán ingresar los datos solicitados.
Requisitos generales de ingreso:
Cadetes (Oficiales)
a. Ser argentino/a nativo/a.
b. Poseer estudios secundarios completos o estar cursando el último año del secundario sin adeudar materias de años anteriores.
c. Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso. Los postulantes menores de edad deberán presentarse acompañados de sus padres o tutores.
d. Ser soltero/a y sin hijos e. Rendir satisfactoriamente la totalidad de los exámenes previstos para el ingreso.
f. Tener de 1.65m a 1.95m de estatura los hombres y entre 1.60m y 1.85m de estatura las mujeres.
Agentes (Suboficiales)
a. Ser argentino/a nativo/a.
b. Poseer estudios secundarios completos, sin adeudar materias de años anteriores.
c. Tener entre 19 y 35 años de edad al 31 de diciembre del año en curso.
d. Rendir satisfactoriamente la totalidad de los exámenes previstos para el ingreso.
e. Tener de 1.65mts. a 1.95mts. de estatura los hombres y entre 1.60mts. y 1.85mts. de estatura las mujeres.
Ante cualquier consulta, los/as interesados/as pueden dirigirse personalmente a la División Unidad Operativa Federal Rawson, ubicada en Mariano Moreno N° 901.
