Un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza (LLA), con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador afirmó que actualmente los penales “son un call center del delito”.

La iniciativa fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con la colaboración de familiares de detenidos que operaban fuera del penal de Magdalena.

El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar las comunicaciones de los internos ante las restricciones sanitarias. Según el legislador, esa medida ya no tiene justificación en el contexto actual.

Además, plantea modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen exclusivamente mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La propuesta también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a los teléfonos. Los aparatos deberán ser utilizados únicamente en los horarios y espacios habilitados y luego retirados por el personal penitenciario.

Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.

“Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la época de la pandemia, pero sigue vigente el uso de celulares”, sostuvo Liberman al presentar la iniciativa. En ese sentido, remarcó que el objetivo es impedir que desde los penales se sigan cometiendo delitos como estafas o extorsiones telefónicas.

El legislador también propuso reforzar los controles internos mediante requisas diarias, para evitar que los detenidos ingresen o mantengan teléfonos de manera ilegal dentro de las unidades penitenciarias.

Según explicó, el proyecto se elaboró con aportes de especialistas y equipos jurídicos, entre ellos colaboradores de la jueza Arroyo Salgado, del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul, Carlos Pagliere (h), y personas vinculadas al Ministerio de Seguridad de la Nación.

En los fundamentos de la iniciativa, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.

El proyecto también fija un procedimiento para la implementación de la norma. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos que tengan en su poder, incluso aquellos no declarados.

Cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes de cada unidad penitenciaria para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa

Debido a un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires ( Suteba), muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires volverán a tener este lunes una jornada complicada y con clases parciales

La medida se inscribe en la adhesión al Paro Internacional Feminista por el Día Internacional de la Mujer (8M), que se celebró el domingo. A diferencia de los paros de la semana pasada, esta huelga no responde principalmente a un reclamo salarial sino a la convocatoria vinculada a la jornada de lucha feminista. En territorio bonaerense, estatales y docentes aceptaron una oferta del 7,5% para los próximos dos meses.

En concreto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó “a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”. En ese sentido, cada gremio provincial que adhiere a Ctera elige si se pliega o no. En la provincia de Buenos Aires, Suteba se sumó.

Sin embargo, la adhesión será mayor porque los auxiliares de la educación, nucleados en ATE y responsables de tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos escolares, también forman parte del paro.

La medida se suma al paro en universidades públicas, anunciada por personal docente y no docente en reclamo a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Será desde el 16 hasta el 22 de marzo, prorrogando el comienzo del semestre educativo.

Fuente: Agencia DIB

El inicio del ciclo escolar en la provincia de Buenos Aires contará con controles policiales, durante un operativo especial de prevención que se llevará a cabo en el marco del “Último Primer Día”, temporada de festejos que muchas veces se ve teñida por excesos.

El operativo que desplegará la Policía de la provincia de Buenos Aires, iniciará a la medianoche de este viernes 6 de marzo y continuará hasta el inicio de clases, según cada distrito.

El escrito indicó que la medida fue dispuesta a través de una orden de servicio de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales y prevé reforzar la presencia policial entre las 12 de la noche y el inicio de la mañana, en toda la provincia, con intervención de las Superintendencias de Seguridad Regionales, así como las distintas dependencias policiales.

Fuentes oficiales señalaron a este medio que “se convocó a trabajar en educación y salud para poder abordarlo de manera descentralizada en cada municipio. Se hicieron reuniones de trabajo y ahora se busca trabajar desde la comunidad educativa para interpelar a las familias sobre la responsabilidad de sus hijos en estos días”.

El despliegue abarcó dichos horarios porque consideraron que los adolescentes suelen reunirse durante la noche previa al inicio de clases en plazas, parques u otros espacios públicos cercanos a las instituciones, con la intención de permanecer despiertos hasta el ingreso.

Por tanto, las celebraciones pueden derivar en cortes de calle, ruidos molestos, uso de bengalas, vandalismo o episodios de intoxicación por consumo de alcohol, tanto en espacios privados como en la vía pública.

El operativo contempla volcar la mayor cantidad de personal y medios disponibles a tareas preventivas, con recorridas de jefes de dependencias, comandos de patrullas y policías locales en móviles identificables durante toda la franja horaria establecida.

Además, el personal afectado deberá cumplir funciones correctamente uniformado y con chalecos antibalas y reflectivos, de manera tal que cualquier intervención penal que se registre deberá ser informada al Centro de Operaciones Policiales.

Asimismo, se recomendó a la comunidad que, en caso de encontrarse con un caso de consumo abusivo de alcohol, llamara al número de emergencias locales si se presentan signos de intoxicación. Además, indicaron procurar el contacto con un adulto responsable y hablar con las autoridades escolares. También se requirió “no dejar solos” a los jóvenes.

En momentos extremos se solicitó que se coloque a la persona intoxicada “de costado para que no haya riesgo de aspirar fluidos”, “ofrecerle agua y abrigarla” y “brindarle información sobre las consecuencias físicas y sociales que tiene el alcohol”.