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Informe de TV advierte sobre la ‘terapia artificial’ que incorporó un municipio
5 de junio de 2024
En octubre del año pasado, Trenque Lauquen presentó una aplicación “basada en inteligencia artificial” para “acompañamiento y asistencia emocional” de los vecinos. Críticas profesionales llevaron a interrumpir el contrato meses después.junio 5, 2024

Un informe televisivo le dio visibilidad nacional a una aplicación que había sido incorporada por el municipio de Trenque Lauquen el año pasado, pero que a partir de cuestionamientos profesionales se decidió dejar de lado. Se trata de la app “CUX, contame un secreto”, a la que en el noticiero “Telenoche” (Canal 13 de Buenos Aires) se la definió como “terapia artificial”.
En efecto, en octubre del año pasado “el municipio incorporó una innovadora plataforma digital basada en inteligencia artificial para los vecinos/as que necesiten acompañamiento y asistencia emocional”, según la gacetilla de prensa oficial. En aquella oportunidad, el entonces intendente Miguel Fernández -médico él- presentó la aplicación junto a la “comunicadora y emprendedora tecnológica” Constanza “Connie” Ansaldi, cara visible del desarrollo.

En el informe de Canal 13 se habla de “asistencia en salud mental exclusivamente a través de Inteligencia Artificial, sin la mediación humana”. Según dijo el intendente en octubre del año pasado, CUX es una “herramienta basada en Inteligencia Artificial para acompañar a mucha gente que hoy está padeciendo unos cuantos problemas de salud mental”.
Ansaldi estuvo en Trenque Lauquen cuando fue anunciado el servicio que incorporaba el municipio. “Es un día muy emocionante para mí, para todos los que estamos detrás de CUX, porque el propósito por el cual fue creada esta herramienta es democratizar el acceso a la salud mental en toda Latinoamérica”.
En otro pasaje de la conferencia de prensa, Ansaldi destacó: “Trenque Lauquen es la primera ciudad en toda la República Argentina que va a tener acceso a CUX para todos sus habitantes”. Y detalló el servicio: “Hoy en día lo pueden usar de manera gratuita durante tres días, pero cuando se les acabe la prueba gratuita, el gobierno de Trenque Lauquen lo pone a disposición de ustedes junto con CUX”.
El informe televisivo difundido anoche le dio voz a la actual presidenta del Colegio de Psicólogos de Trenque Lauquen, Karina Carreño, quien expresó su rechazo por la aplicación, ya que “viola todas las leyes que amparan tanto el secreto profesional, los datos de las personas, o la complejidad que uno encuentra en la clínica trabajando con personas con padecimientos, con dolor”.
Desde el municipio, en defensa de la incorporación de la aplicación fue entrevistado Martín Borrazás, actual secretario de Gobierno en el municipio que ahora tiene como intendente a Francisco Recoulat; en aquel entonces era secretario de Gestión y Planificación.
“Creemos que muchas veces desde las gestiones sirve innovar. Desde la gestión sirve trabajar con las nuevas alternativas que ofrece la tecnología y desde ese punto de vista nos pareció una herramienta más que desde la gestión se podía brindar a los vecinos”, explica Borrazás en el informe. “Nosotros lo ofertamos para mil usuarios. Fue una herramienta que se les ofreció a los vecinos que desean utilizarla”.
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Legislatura trataría proyectos sobre endeudamiento de las familias
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires trataría este martes cuatro proyectos destinados a abordar el sobreendeudamiento de las familias y la situación de quienes registran deudas. Las iniciativas avanzaron en las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor y quedaron habilitadas para llegar al recinto.
Los cuatro proyectos contemplan diferentes herramientas frente a la morosidad. Entre ellas aparecen el respaldo legal a los deudores, la incorporación del concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios, la prohibición de prácticas abusivas por parte de los bancos y la creación de un régimen judicial para reestructurar deudas de consumo.
En principio, las iniciativas se aprobarían durante la sesión del martes en la Cámara baja bonaerense. El tratamiento previo también generó diferencias entre sectores del oficialismo provincial alrededor de uno de los proyectos.
Uno de los textos fue presentado por el diputado Facundo Tignanelli junto con el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. La propuesta busca brindar respaldo legal a los deudores y recibió reparos de legisladores vinculados al sector del gobernador Axel Kicillof, quienes finalmente se abstuvieron en la votación.
“Tenemos algunas diferencias en cuanto a la autoridad de aplicación. Estoy convencida de que la protección tiene que ser a través de las oficinas municipales de información al consumidor y en articulación con la Dirección de Defensa del Consumidor, porque entiendo que la Defensoría del Pueblo tiene otras competencias”, sostuvo la legisladora Ana Luz Balor.
Pese a esas diferencias, el proyecto consiguió avanzar en comisión. El planteo sobre la autoridad de aplicación marcó el principal punto de discusión durante su tratamiento.
El segundo proyecto incorpora el concepto de “sobreendeudamiento” a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios. La iniciativa busca que las prestadoras de dinero entreguen “información clara” a las personas interesadas en tomar deuda.
Además, contempla la posibilidad de revisar las condiciones de los créditos ante un deterioro de la situación económica general o de las condiciones económicas particulares del deudor.
La tercera propuesta apunta a prohibir las “prácticas abusivas” de los bancos contra los deudores. También busca “prevenir el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales de deuda”.
Por último, otra iniciativa contempla la creación del Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo. Este mecanismo permitirá a los vecinos presentar denuncias ante los Juzgados de Familia y de Paz para agilizar la vía legal de los reclamos sin iniciar previamente un trámite administrativo.
Los cuatro proyectos quedaron así en condiciones de llegar a la Cámara de Diputados bonaerense. Su tratamiento está previsto, en principio, para la sesión del martes.
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Zona Fría: varios municipios sufrirán el recorte de subsidio
El proyecto oficial establece que los beneficios del régimen Zona Fría quedarán limitados a los usuarios que residan en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. De este modo, el mayor impacto se concentraría en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las principales beneficiadas por la ampliación del régimen en 2021.
Si la iniciativa oficial se convierte en ley, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 ciudades bonaerenses, incluyendo a Mar del Plta a y gran prtebde lap rovinica (Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino).
Además, se quedarán sin el beneficio distritos como General Pueyrredón, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, entre otras.
También perderán el beneficio municipios de Santa Fe incorporados en 2021, por ejemplo, Rosario, General López, San Lorenzo y Constitución.
En Mendoza, el único departamento que conservaría el beneficio sería Malargüe. En cambio, quedarían excluidas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Mientras que en San Luis, la capital provincial, Villa Mercedes y Merlo perderán el beneficio de aprobarse la iniciativa oficial junto a las ciudades de Andalgalá, Belén y Tinogasta de San Juan.
Lo mismo ocurrirá en Salta en los departamentos de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Salta Capital. En Catamarca; en Famatina, Chilecito y General Lamadrid, en La Rioja; y en Tafí del Valle, Tucumán. (TN)
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Escapes libres: Habrá multas de hasta $2.281.000
El Senado bonaerense buscará en la próxima sesión avanzar con un proyecto de ley que apunta a terminar con los ruidos molestos generados por motos y autos modificados. La limitación en el uso de los escapes libres, que impactan en la calidad de vida de personas y de animales, podría tener sanción en ese cuerpo el 6 de octubre
La decisión de tratar esta iniciativa se dio tras una reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado, que busca dotar al Estado de herramientas más duras para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio provincial. Las multas, de hecho, podrían llegar a 1000 Unidades Fijas, lo que hoy significaría $2.281.000.
La comisión aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por la legisladora de Hechos, María Emilia Subiza, que tiene el objetivo de “prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en la provincia de Buenos Aires”, especialmente en las motos y los autos que circulan con escapes no autorizados o adulterados.
Según precisó Subiza, el proyecto que tiene una expericia en San Nicolás apunta a que el Estado bonaerense pueda actuar de manera integral frente a una problemática que “afecta el sueño de miles de familias, principalmente de poblaciones vulnerables, tales como adultos mayores, y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.
El texto que plantea un abordaje integral de la problemática, puesto que establece controles y sanciones más allá de las establecidas para los conductores de los vehículos que posean escapes libres, o carezcan del silenciador reglamentario. Es decir, también incluye en las penas a los comercios que trabajan con este tipo de productos.
De esta manera, en caso de prosperar la ley, aquellos comerciantes que la infrinjan, serán sancionados con una multa de hasta 5.000 Unidades Fijas, equivalente hoy a $11.405.000, el decomiso y disposición final del caño de escape antirreglamentario, la clausura preventiva o temporaria del establecimiento.
En tanto, para los conductores de motos o autos con escapes libres, la norma ingresada por la senadora de la Segunda sección electoral contempla multas de 300 hasta 1.000 Unidades Fijas (de $684.300 hasta $2.281.000), la inhabilitación para conducir de tres meses a un año, y la incautación y compactación final del vehículo, caño antirreglamentario y demás elementos en infracción. DIB

