El gremio de controladores aéreos anunció paros intermitentes durante 18 días a lo largo de junio en busca de mejoras salariales. Y se acerca el finde largo.

Por reclamos salariales, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), es decir los controladores aéreos, anunció que llevarán a cabo una extensa medida de fuerza: durante 18 días a lo largo de junio se realizarán paros intermitentes. En esta nota te contamos el cronograma de reclamos y cómo afectara a vuelos nacionales e internacionales.

A través de sus redes oficiales y página web, el gremio que nuclea a estos trabajadores compartió el cronograma de paros intermitentes que comenzarán el próximo domingo 9 y culminará el 30 de junio. Hay que tener en cuenta que en el medio de la protesta, ocurrirán dos fines de semana largo por los feriados del 17, 20 y 21 de junio.

La retención de tareas será de 3 a 6 horas, depende el día. Cabe destacar que la particular medida de fuerza está relacionada a que el trabajo de los controladores es una actividad declarada como “servicio esencial”, por lo que se debe garantizar un mínimo del 45 por ciento de su funcionamiento.

Desde ATEPSA expresaron que las medidas de fuerza ocurren en consecuencia de las siguientes cuestiones enumeradas y a través de este cronograma:

A su vez, en el comunicado también detallaron que “las medidas legítimas de acción sindical sólo afectará autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, impactando únicamente a los despegues de las aeronaves”. Además. Agregaron que no se recibirán, ni transmitirán planes de vuelo en el horario de las medidas legítimas de acción sindical. Por otro lado, se considerará dentro de las medidas legítimas de acción sindical toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo”.

Finalmente, sentenciaron: “Quedarán exceptuados de las medidas legítimas de acción sindical las aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como a aquellas que presten servicios sanitarios, humanitario, de estado y/o de búsqueda y salvamento”.

Intendentes de la mayoría de las provincias del interior del país llegarán hoy al Congreso Nacional para reclamar ante los legisladores la necesidad de que la distribución de los subsidios al transporte público sea más equitativa. La decisión se tomó semanas atrás luego de una resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación que aumentó los subsidios solamente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en los últimos meses, desde enero, se eliminó el Fondo Compensador del interior.

Pedirán que “de manera urgente” haya “un aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias y, así, atender a un problema que atañe al país entero mediante una distribución -más- federal de los recursos nacionales”, de acuerdo a la carta que difundieron.

La firman los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba; Jorge Jofré, de Formosa; Rosario Romero, de Paraná; Ulpiano Suárez, de Mendoza; Pablo Javkin, de Rosario; Marcos Castro, de Viedma; Mariano Gaido, de Neuquén; Gustavo Saadi, de Catamarca; Raúl Jorge, de Jujuy, Juan Pablo Poletti, de Santa Fe; Leonardo Stelatto, de Posadas, Rodrigo Buteler, de Cipolletti, Martín Pérez, de Río Grande, Tierra del Fuego; Othar Macaharashvili, de Comodoro Rivadavia; Eduardo Tassano, de Corrientes; Armando Molina, de La Rioja, Roy Nikisch, de Resistencia; Norma Fuentes, de Santiago del Estero; Pablo Grasso, de Río Gallegos; Emiliano Durand, de Salta capital; Francisco Azcue, de Concordia, Entre Ríos, y Damián Biss, de Rawson, Chubut.

Hay otros jefes municipales como Guillermo Montenegro (de General Pueyrredón) que prefirieron no firmar, aunque están de acuerdo con el planteo.

“Lo que Argentina no termina de resolver es una diferencia que es inaceptable que es que en el AMBA se pagan tarifas de tres a cuatro veces menores que lo que se paga en el interior”, afirmó el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

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En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el jefe comunal explicó que llevarán un proyecto a los legisladores con una forma de financiación de los subsidios que no reciben. “Nosotros hoy no vamos con un reclamo, vamos con una propuesta. Todos los argentinos pagamos el impuesto a los combustibles, cuando cargamos. Ese impuesto a los combustibles, cuando se reparte, contempla el transporte en el AMBA y cero al interior. Entonces estamos proponiendo que lo que se recauda en el interior quede para el sistema de transporte del interior”, explicó.

Javkin contó que en su ciudad, el boleto de colectivos pasará a $940 desde el 15 de junio, valor que, afirmó, aún está por debajo del costo operativo que tienen las empresas que ronde los $1240.

En la nota que difundieron al anunciar la protesta, los intendentes afirmaron que luego de la Resolución N° 4/2024 “la eliminación de los subsidios nacionales en el interior del país ha exacerbado las condiciones preexistentes, afectando gravemente a todas sus localidades”. Con esa medida, Transporte subió los subisidios para el AMBA en $148.745 millones para mayo y $160.777 millones para junio, con lo que destrabó un conflicto de las cámaras empresarias del sector con los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que pedían una recomposición salarial y amenazaban con paralizar los servicios.

El documento agrega que “la ausencia de estos subsidios ha impulsado la necesidad urgente de implementar soluciones para sostener el transporte público, mediante aportes extraordinarios municipales y provinciales, además de los aumentos de tarifas, las cuales, en el interior, triplican los valores del AMBA”.

 “El sesgado compromiso del Estado Nacional al retirar los subsidios ha creado una crisis que requiere medidas inmediatas y concretas para restaurar la funcionalidad y sostenibilidad del transporte público en el interior del país”, expresaron en otro párrafo.

“Es evidente que la eliminación de los subsidios nacionales en el interior del país ha exacerbado las condiciones preexistentes, afectando gravemente a todas sus localidades. Esta medida ha generado una notable incertidumbre y preocupación, tanto en el ámbito empresarial como en los gobiernos municipales y provinciales”, agrega el escrito. “Sumado a esta cuestión, está el hecho del aumento de la comisión que la Nación detrae a las jurisdicciones, en concepto de utilización del servicio SUBE, un incremento del 4% al 7%, sin haber registrado las devoluciones previstas”, aseguraron.

En Mar del Plata, por ejemplo, el costo del boleto mínimo es de $ 750 luego del incremento que dispuso la intendencia de la ciudad en marzo luego de recibir el aval del Concejo Deliberante. En el AMBA, en cambio, desde marzo el mínimo se mantiene en $ 270 porque en abril y en mayo desde el ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo y del que depende la Secretaría de Transporte, decidieron que la tarifa no se alterara.

Caída de los subsidios

En el primer cuatrimestre de 2024, los subsidios al transporte automotor en el AMBA cayeron un 23% respecto del mismo período de 2023, considerando la inflación, de acuerdo con el análisis realizado por Infobae de los datos provistos por la Secretaría de Transporte. Mientras que la quita de compensaciones giradas a las provincias registró una disminución del 85%.

En los primeros cuatro meses de este año, el total de subsidios transferidos a las empresas de colectivos que transitan en la zona metropolitana fue de $287.025 millones. En tanto que en el mismo período de 2023, esas empresas habían recibido $374.105 millones, en ambos casos a valores ajustados por inflación a abril pasado. Estas transferencias fueron en concepto del llamado Atributo Social, el Boleto Integrado SUBE y las Compensaciones Tarifarias, subsidios incluidos en el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).

En cambio, el resto de las provincias recibieron en el primer cuatrimestre del 2024 apenas $19.353 millones, contra $129.620 millones en el mismo período en 2023, a valores ajustados a abril de este año por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un 85% menos.

Los datos muestran una marcada desproporción entre lo que recibe el AMBA y lo que Nación le gira a los distritos del interior del país. En este primer cuatrimestre de 2024, a valores ajustados por inflación, el AMBA recibió el 94% de los subsidios totales al transporte automotor, mientras que todas las restantes provincias apenas el 6% restante. (Infobae/Dib)

Un total de cinco entidades gremiales empresarias de la provincia de Buenos Aires unificaron su rechazo al proyecto de ley de La Cámpora que pretende modificar la tasa de interés aplicable a las sentencias judiciales en materia laboral y pidieron establecer una mesa de diálogo con los senadores de todos los bloques para “evitar esta modificación legislativa”.

Es que, el rechazo al proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados fue efectuado por la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Federación Económica bonaerense (FEBA), la Unión Industrial de la Provincia (UIPBA), la Confederación Económica bonaerense (CEPBA) y la Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).-

En este sentido, las entidades afirmaron que el proyecto impulsado por la diputada bonaerense de La Cámpora, Maite Alvado, para modificar la forma en que se calculan los intereses en las sentencias por juicios laborales traerá “graves consecuencias para las Pymes locales”.

Vale recordar que, el proyecto de ley modifica el artículo 48 de la legislación 11.653, en el que sustituye la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses de las indemnizaciones laborales, por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), reglamentada por el Banco Central, más una tasa pura del 6% anual, busca equiparar los montos al índice de inflación.

“El sistema de actualización conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas. Solicitamos que se evalúen el grave perjuicio para las Pymes y para la generación de empleo”, afirmaron los organismos que nuclean al sector empresarial.https://diputadosbsas.com.ar/diputados-aprobo-proyecto-indemnizaciones-laborales/embed/#?secret=rQ3aw73fYx#?secret=H4H2P7zHNr

En esa línea, las entidades exhortaron a los senadores bonaerenses que tratarán el proyecto de indemnizaciones laborales en comisiones a conformar “una mesa de diálogo urgente con el sector empresario para evitar esta modificación legislativa”. “Solicitamos se revea su tratamiento y no se avance hasta tanto se genere este espacio”, puntualizaron.-

Según precisaron desde ADIBA, FEBA, UIPBA, CEPBA y CARBAP el Coeficiente de Estabilización de Referencia “contraría la legislación vigente en cuanto a la prohibición del artículo 770 del Código Civil y también de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 (en versión ley 25561)”.

“La aplicación de la tasa de actualización prevista para las indemnizaciones laborales continúa generando un resultado desproporcionado y de significativo impacto para las empresas comprometiéndolas a su cierre y/o reducción. Entendemos que el parámetro debe ser modificado por uno que se encuentre dentro del sistema bancario y sin una actualización extra”, expresaron las entidades empresarias.

Es preciso mencionar que, el proyecto de ley de indemnizaciones laborales fue aprobado en Diputados con los votos de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, y del bloque libertario dialoguista, por lo que, de repetirse el apoyo del espacio conducido por Sergio Vargas, el oficialismo conseguiría los 24 votos necesarios en la Cámara alta para sancionarlo.