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Posición de CAME ante el RIGI y la modernización de las relaciones laborales
16 de mayo de 2024
| Desde hace tiempo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viene trabajando sobre la modernización en las relaciones laborales. Por este motivo, CAME considera un gran logro que esta cuestión esté contemplada en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. “Es un gran acierto la derogación de las leyes y artículos de leyes que son responsables de la litigiosidad laboral en nuestro país. Esto generará un gran alivio para el sector pyme, ya que, ante un reclamo por sumas exorbitantes por la aplicación de multas, podría darse el cierre de una empresa”, dijo el presidente de la entidad, Alfredo González. Cabe recordar que CAME se presentó como “amicus curiae” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en apoyo al capítulo laboral inserto en el DNU 70/23, únicamente en lo relativo a la parte de derecho individual del trabajo. “Contratar empleados es clave para el crecimiento y genera beneficios en toda la sociedad. Pero es imperioso que, a la par de que se contemplen los derechos adquiridos del trabajador, se faciliten las contrataciones que promueven el incremento del empleo genuino”, destacó el secretario general de la entidad pyme, Ricardo Diab “Contratar a un empleado tiene que suponer un estímulo para una empresa y no un riesgo, como es hoy. Actualmente es muy difícil porque no tenemos equilibrio judicial, y el despido genera un problema para la empresa”, agregó González. En este sentido, CAME considera que este proyecto de ley Bases debería contemplar las siguientes consideraciones: En torno a la indemnización, se establece la posibilidad de generar un fondo de cese. Pero también dice que los empleadores “podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista”. Esta alternativa sería de muy difícil implementación y podría atentar contra la viabilidad del fondo de cese y para la salud del sistema laboral es imperioso evitar la litigiosidad en todo aspecto. Si el objetivo de la norma es generar más empleo registrado ¿no hay acaso una posible litigiosidad laboral por el “Principio de la Primacía de la Realidad” en el artículo que refiere a los trabajadores independientes con colaboradores? ¿no genera esa situación una competencia desigual entre empresas?, ¿no genera la figura descripta en ese artículo una relación de prestación de servicios más que de empleo registrado?Las relaciones laborales son un aspecto central para el funcionamiento de las empresas argentinas, que en más del 70% son familiares, pequeñas y medianas, que vienen de décadas. Por eso es imperioso avanzar en la modernización de las relaciones laborales y esclarecer los puntos no resueltos para implementar lo antes posible esta reforma y potenciar un escenario en el empleo registrado que permita el crecimiento económico y el beneficio para toda la sociedad. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones CAME considera que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) −contemplado en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos− es un instrumento que por los beneficios fiscales otorgados tiene el potencial de atraer inversiones de gran volumen a nuestro país. “El gran desafío que tiene este régimen por delante es que esas inversiones se constituyan en una palanca para el crecimiento económico sostenido y la creación de riqueza y desarrollo de la sociedad en su conjunto”, subrayó Diab. Es indiscutible que sin inversión productiva no hay desarrollo económico sostenible y que en la actual coyuntura que atraviesa nuestro país las inversiones productivas de gran magnitud deben ser atraídas por incentivos fiscales. El RIGI es, a nuestro modo de ver, un potente sistema de atracción de inversiones productivas. Pero no se debe dejar de lado que todo incentivo hacia la inversión tiene como contrapartida una menor recaudación y un trato discriminatorio hacia las empresas que no cuentan con dichos beneficios .“Por este motivo es que un régimen de incentivos es sólo justificable en la medida en que la sociedad en su conjunto obtenga un beneficio superior al costo en el que incurre y que dicho beneficio se materialice durante un largo período de tiempo”, sentenció González. CAME comparte la necesidad de generar incentivos a la inversión productiva. Somos los primeros defensores de la economía real que se contrapone a la especulativa y somos conscientes de que sin incentivos no hay inversión. Pero a propósito del retorno sobre esa inversión surgen preguntas: ¿cuántos puestos de trabajo generarán esas inversiones? ¿Cuántos proveedores locales se integrarán a este proceso? ¿Cuál será el saldo neto de divisas que se generará en nuestro país como consecuencia de este régimen? ¿Cuáles son las cláusulas que fomentan la participación de nuestras empresas en el proceso de inversión? “Incluso creemos que podrían mejorarse algunas partes del articulado sobre la base de normativas vigentes. Sólo como ejemplo citaremos la Resolución del 256/00 del Ministerio de Economía de la Nación que impulsa la inclusión del contenido nacional en estos proyectos de inversión”, resaltó Diab. En definitiva, es perentorio atraer inversiones, es imperioso que nuestro sistema productivo ascienda a una escala superior y es necesario otorgar incentivos para motorizar esas inversiones. Pero al mismo tiempo es imprescindible integrar a este régimen a las pequeñas y medianas empresas, a la industria existente, a las economías regionales y a las locales. Es indispensable que se beneficie a la sociedad en su conjunto. |
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
