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El Gobierno le declara ‘la guerra’ a los dirigentes planeros
13 de mayo de 2024
Unos 30 allanamientos se realizaron rn el marco de una investigación por posibles extorsiones de dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a diferentes protestas.
Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.
Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, fueron 45 los casos pues fueron más de 13 mil llamados recibidos pero a nivel nacional por lo que están fuera de la jurisdicción del titular del Ministerio Público.
La investigación, desde entonces, implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión.
En total lo fueron 27 los denunciados, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y ameritó la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó este lunes.
Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una «cuota» para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.
Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con «multas» para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas (en algunos casos era de 10 mil pesos por cada una de ellas, ndr) o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.
También había «listas de espera» de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realiza trabajos; los «beneficiarios comunes» que son los que lo recibirán y como contraprestación debían ir a marchas o hacer «un aporte» al comedor; los «delegados» que reciben el doble o triple ayuda y los «referentes» quienes controlan la administración de fondos y ordenan a los anteriores.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: «compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera», reza el hallazgo de esos mensajes.
“Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”. El mensaje iba a destinado a Patry, o mejor dicho Patricia Iramain, delegada, quien había advertido en mensaje de grupo la lista de nombres diciendo: “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos fueron en varios comedores así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.
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Chau equipaje de mano gratis en Aerolíneas
La empresa Aerolíneas Argentinas anunció un cambio en su política tarifaria. Desde este lunes, los pasajes más económicos para vuelos nacionales dejarán de incluir equipaje de mano gratuito.
A partir de ahora, quienes compren tarifas “base” o “promo” solo podrán llevar un artículo personal, como una mochila o bolso pequeño, de hasta 3 kilos. El equipaje de mano tipo carry on, de hasta 8 kilos, pasará a ser un servicio adicional pago.
La medida rige únicamente para nuevos pasajes adquiridos desde su implementación y no afecta a quienes ya habían comprado sus tickets.
Desde la compañía explicaron que la decisión busca adaptar su esquema comercial a un mercado más competitivo, especialmente frente a las aerolíneas de bajo costo.
“El objetivo es ofrecer una tarifa que compita con las low cost, que separan el precio del pasaje del costo del equipaje”, señalaron fuentes de la empresa.
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Fin de una era: Rematan predios ferroviarios
El Poder Ejecutivo autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 21 inmuebles del dominio público, entre ellos un terreno en Palermo ubicado sobre Avenida Libertador, entre Cerviño y Bullrich. El Ministerio de Economía desafectó el uso ferroviario de ese lote y consignó que tiene 3.014 m².
Según el decreto 322/2026, publicado en el Boletín Oficial, la venta persigue reducir gastos de mantenimiento y aportar recursos frescos al Estado. El texto sostiene que la operación buscará “impulsar actividades productivas” y remarca que los activos “se encuentran ociosos” para así ahorrar costos que podrían evitarse si se concreta la disposición.
Además del terreno en Palermo, la medida lista inmuebles en varias provincias. En la provincia de Buenos Aires se incluyen dos predios en Salazar (Daireaux), tres en Mariano H. Alfonzo (Pergamino), cinco en Barrow (Tres Arroyos) y uno en Pablo Podestá (Tres de Febrero), todos destinados a subasta pública.
En Chubut se ofrecen dos sectores en Esquel, lindantes al río Los Bandidos, mientras que en Córdoba aparecen tres lotes sobre la costanera del Embalse Río Tercero, en el departamento Calamuchita. En La Pampa se detallan tres predios que integran el cuadro de la estación Lonquimay.
Misiones completa la nómina con un inmueble en la localidad de Candelaria, ubicado sobre la calle Fray Ruiz de Montoya. El decreto explica que las auditorías detectaron falta de uso específico, uso indebido o subutilización, por lo que se impulsó la disposición de estos bienes estatales.
El predio porteño, además de su situación sobre la traza ferroviaria Retiro–Palermo del San Martín, aloja actualmente una sede del Renaper donde se tramitan DNI y pasaportes. La AABE será la encargada de organizar las modalidades y cronogramas de las subastas que permitan la enajenación de los inmuebles.
El Gobierno sostiene que la enajenación de esos bienes permitirá liberar cargas presupuestarias y favorecer el desarrollo de actividades productivas en los terrenos transferidos al sector privado. La operatoria será comunicada oficialmente con fechas y condiciones para quienes quieran participar de las subastas.
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Polémica por hospitales universitarios
La Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que la atención en sus hospitales universitarios está en riesgo por la falta de financiamiento del Gobierno y advirtieron que en 45 días podrían dejar de funcionar si no se revierte la situación. Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron los planteos y aseguraron que las transferencias fueron realizadas.
Este martes, los directores de los seis hospitales de la UBA brindaron una conferencia donde aseguraron que Nación todavía no les envió los fondos asignados por el Presupuesto 2026
Se trata del Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En conjunto, atienden a más de 700.000 personas por año.
“Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan. Si esto sigue así, en un mes y medio, no sé si vamos a poder seguir prestando la atención a los pacientes”, relató el doctor y director del Instituto Lanari, Norberto Lafos.
Qué denuncia la UBA
El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, agregó que la red sanitaria de la UBA está “atravesando una situación económica grave” debido a que en los últimos cuatro meses no recibió “ni siquiera un peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario”.
“¿Qué significa esto? Que el hospital no puede comprar insumos, medicamentos ni pagar honorarios. Esto afecta la parte asistencial, porque tenemos que achicar el hospital, y eso significa reducir la cantidad de cirugías, los tratamientos médicos y los gastos”, advirtió.
De acuerdo con los datos que aportaron los directores médicos, los fondos para el funcionamiento deberían haberse enviado en enero, pero no los recibieron y aclararon que “se trata de los mismos montos del año pasado, es decir, no contemplan la inflación del 30% de 2025″.
“Como consecuencia, esto repercute drásticamente en las prestaciones. En este contexto, el Hospital de Clínicas está funcionando entre un 30% y un 50% de su capacidad. Si no se reciben fondos en los próximos días, las plantas hospitalarias se verán muy afectadas; estimamos que esto ocurrirá en los próximos 45 días”, alertó Melo.
El Gobierno, en cambio, afirmó que los fondos cercanos a $80.000 millones ya fueron girados y aseguró que es “inadmisible” que la UBA pretenda “apropiarse” de los recursos asignados a la totalidad de los hospitales universitarios.
“Un comunicado del Ministerio de Capital Humano dado a conocer luego de la conferencia de prensa reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el comunicado señala expresamente que, al mes de mayo, ‘el área aún debe contemplar su distribución eficiente’, refiriéndose a la partida de $79.763.113.948, lo que implica admitir que esos fondos todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes”, respondió la UBA.
La respuesta del Gobierno
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró en un comunicado que los planteos de los seis hospitales de la UBA “son falsos”.
“El Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”, afirmó Pettovello.
Para el Ejecutivo, el reclamo de la UBA “apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948″.
Según la cartera que encabeza Pettovello, la UBA pidió que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, lo que representa el 94,5% de un fondo destinado a todo el sistema universitario nacional.
“De aprobarse ese planteo, quedarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”, indicó.
“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, concluyó el comunicado oficial.

