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Postergan aumentos
30 de abril de 2024
El Gobierno definió que no se aplicarán los nuevos incrementos en las boletas de luz y gas que estaban previstos para mayo. Se busca consolidar la baja de la inflación.
Se trata de la postergación de los mecanismos de indexación mensual que había definido la Secretaría de Energía, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo, para evitar un retraso en términos reales de los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas. Los mismo sucederá con la actualización del impuesto a los combustibles (ICL), con un impacto del 8% que se evaluaba dividir en dos tramos tal como había adelantado este medio, pero ahora no se hará efectiva.
En el caso de las tarifas de energía, el Enre y el Enargas aún no publicaron los cuadros tarifarios correspondientes al mes que inicia este miércoles. Fuentes oficiales comentaron a este medio que se evalúa la magnitud de las subas y cómo pueden aplicarse, tras los fuertes aumentos del 200% en electricidad y mayores al 300% en gas a los que se sumaron el agua (209%) además el transporte público (410%) durante el primer cuatrimestre. “Se va a hacer, solo que puede demorarse un poco”, comentaron desde la Secretaría de Energía a La Gazeta.
En el sector fueron informados de cuál es lo que les corresponde aumentar, en base a las fórmulas polinómicas que se definieron tras las últimas actualizaciones de tarifas: serían 10,7% para las distribuidoras de electricidad, 12,5% para las de gas y 12% para el transporte de gas. El ministro de Economía, Luis Caputo, es quien tendrá la última palabra a la hora de aplicar las subas. Las empresas involucradas -Transener, Transba, Edenor, Edesur, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, etcétera- esperaban un traslado en torno al 5% en las facturas finales.
Fuentes del sector señalaron a Infobae que la suspensión de esta fórmula es “una mala señal” y que podría poner en riesgo la cadena de pagos nuevamente, tal como había sucedido con el congelamiento durante la gestión de Alberto Fernández. Sucede que transportistas y distribuidoras deben pagar a Cammesa por la energía que le compra a las generadoras. Desde mayo se esperaba que esa “bicicleta” comenzar a rodar, normalización que ahora peligra.
En ese marco, las generadoras le reclaman a Cammesa unos USD 2.000 millones adeudados en lo que va del año. En el Ministerio de Economía dicen que la deuda consolidada es de $500 millones y que debieron hacerse cargo de los pagos correspondientes a octubre y noviembre del Gobierno anterior.
No es la primera vez que el equipo económico del Gobierno toma una definición de postergar subas para no aliviar el efecto en la inflación. La quita de subsidios que se iba realizar a principio de año solo se aplicó en usuarios de altos ingresos, industrias y comercios. Por caso, 2 de cada 3 usuarios residenciales pagan menos del 10% del costo de la electricidad y la Canasta Básica Energética (CBE) recién se pondría en marcha en junio. Las subas del gas previstas para febrero recién se dieron en abril. En tanto, el boleto de colectivos del AMBA por ahora no aumentará en mayo, como estaba previsto, y habrá más subsidios a las empresas.
En el caso de la energía, las distribuidoras también esperaban que se publicara antes de que termine abril en el Boletín oficial los nuevos precios estacionales de la electricidad. Tampoco hubo noticias y, según pudo saber este medio, no las habrá en el corto plazo.
Allí debía definirse si subiría lo que pagan del costo de la electricidad los usuarios residenciales de ingresos bajos (N2) y medios (N3) (que cubren menos del 10%) o si eso sería cubierto por más subas en N1, comercios e industrias.
Hacia adelante, se sumarán más factores de presión sobre las tarifas. En el Gobierno saben que no pueden pisar indefinidamente los pagos por subsidios, más allá de que es una de las principales partidas a recortar para consolidar el superávit fiscal en 2024. Por ahora la quita de subvenciones a la luz y el gas no avanza como tenía previsto el secretario Chirillo.
Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio. En los próximos días se publicarán los detalles en el Boletín Oficial. Si todo se mantiene igual, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% del costo real de la energía consumida.
La demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.
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El Gobierno tildó de ‘político’ el paro universitario
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ratificó este lunes la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes, para el próximo 1.° de septiembre, y de esa forma le respondió a los sindicatos que anunciaron un paro para el este miércoles 12 de agosto.
En un comunicado, al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, la cartera que lidera Sandra Pettovello calificó la protesta como de "carácter político".
También, en medio de cuestionamientos sindicales por la falta discusión salarial, señaló que la reunión paritaria fue pactada "conforme al cronograma oportunamente establecido" y remarcó el accionar del área educativa estatal.
"A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia", subrayaron desde el Ministerio.
En ese sentido, el Ejecutivo cuestionó con dureza la medida de fuerza ratificada por los sindicatos docentes y no docentes para el 12 de agosto.
"El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", concluyó el texto oficial.
La medida de este miércoles fue confirmada por distintas organizaciones gremiales el jueves pasado y se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial, el pago de una deuda que los gremios estiman en un 28,5% hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir a la medida, mientras que Conadu Histórica anunció además una nueva jornada de protesta de mayor duración. Según anticipó el gremio, también realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.
Las organizaciones sindicales también reclaman el envío de fondos para los gastos de funcionamiento de las universidades y cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% contemplado para ese concepto.
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Universidades: el Gobiernio busca destrabar conflicto salarial
Docentes y no docentes de las universidades nacionales paralizarán las actividades este miércoles 12 de agosto. El Ejecutivo confirmó una reunión salarial para el 1° de septiembre y cuestionó la protesta. Los sindicatos reclaman recomposición de ingresos, fondos para el funcionamiento del sistema y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas tendrá un nuevo capítulo este miércoles 12 de agosto, cuando docentes y trabajadores no docentes realicen un paro nacional de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo.
La medida fue ratificada por las organizaciones gremiales pese a que el Ministerio de Capital Humano confirmó que la próxima reunión paritaria se realizará el 1° de septiembre.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello cuestionaron la huelga y aseguraron que la convocatoria salarial forma parte del cronograma establecido previamente.
El Gobierno sostuvo además que la Subsecretaría de Políticas Universitarias actuó de acuerdo con la normativa vigente y las decisiones judiciales, y calificó el paro como una medida de “carácter político”.
Los sindicatos rechazan esa interpretación y aseguran que permanecen pendientes reclamos salariales y presupuestarios que justifican la continuidad del plan de lucha.
Los gremios hablan de una deuda salarial del 28,5%
Uno de los principales puntos del conflicto es la recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes.
Las organizaciones universitarias estiman que existe una deuda salarial acumulada del 28,5% hasta junio y reclaman que ese porcentaje sea incorporado a los salarios.
También exigen el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio y los recursos previstos para los hospitales universitarios.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales venía reclamando desde julio una convocatoria urgente a negociación paritaria ante el deterioro salarial.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La discusión tiene como uno de sus principales antecedentes la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso en 2025.
La norma tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del sistema universitario público y establece mecanismos para actualizar las partidas presupuestarias y recuperar los ingresos de los trabajadores del sector.
El conflicto por su implementación llegó a la Justicia y durante junio la Corte Suprema dejó vigente una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar distintos aspectos de la ley mientras continúa la discusión judicial de fondo.
Ese antecedente es uno de los argumentos utilizados por los gremios para reclamar una actualización mayor de los salarios y las partidas universitarias.
El Gobierno, en cambio, sostiene que viene cumpliendo las obligaciones establecidas y que no existe un incumplimiento que justifique la medida de fuerza.
El antecedente del aumento otorgado en junio
En junio, luego de varios meses de conflicto, el Gobierno había dispuesto una recomposición para el sector universitario.
El esquema contempló un aumento salarial del 24,33%, compuesto por una actualización del 21,33% y otro incremento posterior del 3%.
También se anunció una actualización del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y recursos adicionales destinados a hospitales universitarios.
Las organizaciones gremiales consideraron que las medidas resultaban insuficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada y mantuvieron el reclamo por la aplicación completa de la ley.
Ese desacuerdo es el que ahora vuelve a expresarse con el paro nacional del miércoles.
Docentes y no docentes paralizan las universidades
La medida tendrá alcance nacional y comprende tanto al personal docente como al no docente.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió realizar el paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.
Por su parte, la CONADU Histórica profundizará el plan de lucha: además de adherir a la protesta del 12 de agosto, convocó a un paro nacional entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.
La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y una recomposición de los ingresos.
Las organizaciones sindicales también comenzaron a plantear la posibilidad de avanzar hacia una nueva Marcha Federal Universitaria si el conflicto no encuentra una salida.
La discusión continuará en septiembre
Con posiciones todavía enfrentadas, la próxima instancia formal será la reunión paritaria convocada para el 1° de septiembre.
El Gobierno considera que esa convocatoria demuestra que el proceso de negociación permanece abierto y sostiene que el paro del miércoles no responde a un incumplimiento de su parte.
Los sindicatos, en cambio, señalan que esperar hasta septiembre prolongaría una pérdida salarial que consideran pendiente y reclaman respuestas inmediatas.
Así, a dos días de la nueva medida de fuerza, el paro universitario continúa firme y la confirmación de la paritaria no logró desactivar el conflicto
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Inflación de julio será apenas una décima por arriba de junio
En el Gobierno esperan que la inflación de julio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se conocerá el próximo jueves, se ubique cuando mucho apenas una décima por arriba de la de junio, en un nivel mucho menor al último dato de la ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,9%.
Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que difunde por el Banco Central y que concentra proyecciones de proyecciones de 33 economistas y 13 bancos, el próximo IPC será de entre 1,9% y 2%, casi en línea con 1,9% del mes anterior.
El REM destaca que la inflación a nivel nacional seguirá en baja, en octubre y noviembre 1,6%, y una suba a 1,8% en diciembre, que habitualmente es un mes inflacionario.
Desde el BCRA destacaron que, según sus cálculos, no hubo aumento de la inflación, porque miden la subyacente, que quita componentes como alquileres y frutas, que son volátiles.
Ese indicador excluye la variación de precios estacionales, promedió un aumento mensual de 2,1% en el trimestre y llegó a 1,6% en junio, un registro comparable con los valores observados en 2017.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, dijo en conferencia de prensa que “esta evolución confirma que la reducción de la inflación no se debe solo a factores transitorios, sino que responde a un proceso difundido atribuible a los determinantes profundos del régimen macroeconómico”.
Hay muchas expectativas por la difusión del próximo IPC nacional, teniendo en cuenta el salto de la inflación en CABA, que dio 2,9% en julio, como informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, contra el 1,8% de junio en el distrito porteño.
Según ese índice los rubros que más subieron en la ciudad de Buenos Aires durante el mes pasado fueron Recreación y cultura, con un alza de 5,8%; seguido por Restaurantes y hoteles, con 5,3%; y Transporte, que subió 3,1%.
El avance de los dos primeros rubros se debe principalmente a factores estacionales, en coincidencia con las vacaciones de invierno. Mientras que el segundo se explica por los aumentos en transporte público, como el aumento del boleto de las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad, cuyas tarifas escalaron 3,9%. Sumado a los ajustes en los pasajes de avión.
Entre las variables que incidirían en un leve aumento de la inflación de julio a nivel nacional están el impacto de las vacaciones de invierno, que generan remarcaciones de precios en turismo, en recreación.
Esto se suma a cierto traslado del aumento del dólar, por la suba de $100 entre fines de junio y principios de julio, algo habitual en las vacaciones de invierno. ( TN)
