SALUD
Ordenan a las prepagas retrotraer los aumentos de sus cuotas a diciembre 2023
17 de abril de 2024
El Gobierno anunció que la mayoría de las empresas de medicina prepaga van a retrotraer los aumentos a valores de diciembre y devolverán lo que hayan cobrado por encima de la inflación. Las apuntadas por la secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia son Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa. “La Argentina de la avivada se terminó”, remarcó el portavoz del presidente Javier Milei.
De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados, van a retrotraer sus cuotas a diciembre del 2023, ajustadas por PIC a partir de allí. Además, deberán aplicar como máximo este índice apra ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”, dijo Adorni.
Y detalló: “La superintendencia de Salud está presentando una medida cautelar para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado a retrotraer las cuotas y devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.
Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.https://www.scribd.com/embeds/723983129/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-CkDBM6drQigKa9DjIf9v
Los asociados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo abonado en exceso durante los primeros meses del año y deberán aguardar una medida cautelar que presentará el Ministerio de Salud.
“La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio”, aclararon desde la dependencia a cargo de Pablo Levigne.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre“.
Bajo este cuadro de situación, los afiliados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo cobrado en exceso, a menos que haya un fallo de la Justicia. Tampoco hay ningún tipo de medida para el conjunto de afiliados que se dieron de baja, que se estimó en 500 mil personas.
Ante la andanada de aumentos que se acumuló en los últimos meses, el Gobierno decidió que las empresas puedan ajustar el valor de sus cuotas por inflación con base en los precios de diciembre 2023.
Cálculos de la Secretaría de Comercio estiman que la reducción de la cuota sería del orden del 33%. El tope de ajuste a partir de la inflación regirá por los próximos seis meses, según indicó Comercio.
No obstante, cabe apuntar que las empresas pueden apelar la medida, pero la sola presentación de la queja no es suficiente para que quede sin efecto la decisión oficial.
Medida preventiva para que las principales empresas de medicina prepaga recalculen los aumentos de sus planes de salud.
Con el objetivo evitar daños al régimen de competencia, el secretario de Industria y Comercio —a instancias de la CNDC— resolvió dictar una medida de tutela anticipada que ordena reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.
En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país.
A raíz de lo anterior, la CNDC emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía la adopción de una medida de tutela anticipada en los términos del artículo 44 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), para que un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona humana que la presidía, cumplan con los requerimientos que se detallan a continuación.
En primer lugar, se dispuso que los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar el siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023). La medida aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado.
La medida preventiva ordena además cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
Asimismo, las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las empresas deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual.
A su vez, las compañías y la UAS tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web.
Las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la medida reseñada son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la confederación que las agrupa, Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS.
La apertura de la presente investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2, inciso a), de la LDC, en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga de las empresas detalladas.
El artículo 44 de la LDC faculta a la autoridad de aplicación de la norma que, actualmente es la CNDC en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, en cualquier etapa de una investigación, a imponer el cumplimiento de condiciones u ordenar el cese de conductas con el objetivo de evitar que se produzca un daño, o disminuir la magnitud del perjuicio, su continuación o agravamiento. La LDC prevé que estas medidas, si bien son recurribles por los sujetos alcanzados, deben cumplirse a partir de su dictado.
La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como carteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30 % de la facturación de las empresas infractoras en Argentina.
En particular, el artículo 2 de la LDC clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas.
SALUD
Intendentes defienden la salud pública y hacen un crítico llamado a la Nación
En el marco del Congreso Provincial de Salud (Cosapro) que se desarrolla en el Gran Hotel Provincial, los intendentes de Lomas de Zamora y Pilar, Federico Otermín y Federico Achával, respectivamente, acompañaron al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak durante su mensaje a más de 13 mil participantes, entre ellos, secretarios de salud municipales, autoridades provinciales y equipos de gestión del sistema sanitario.
Ambos jefes comunales por Unión por la Patria tuvieron una activa participación durante las deliberaciones con sus pares y representantes de los restantes municipios, que se reunieron para debatir, planificar y acordar las políticas que ordenan el funcionamiento del sistema en todo el territorio bonaerense.
En ese sentido, Otermín y Achával coincidieron en señalar en declaraciones a los medios de comunicación sobre la importancia de este tipo de espacios de discusión para “trabajar en mejoras para el sistema de salud”.
Al defender enfáticamente la salud pública, los intendentes aseguraron que el Estado nacional “no puede retirarse” del sistema porque está en juego “el derecho a la vida”, al tiempo que advirtieron que “algo tan importante como la salud de las personas no puede quedar ligado exclusivamente a la rentabilidad”.
Tras sostener que existe una conjunción de problemas debido a que “el deterioro de la situación económica que se da a nivel nacional afecta en la provincia y en los municipios”, el jefe comunal de Lomas de Zamora, Otermín advirtió que esta situación “tiene impacto en una pérdida del poder adquisitivo de la gente y muchas personas que tenían la posibilidad de atenderse en el sistema de salud privado hoy no lo pueden hacer y eso estresa al sistema público”.
En esa sintonía, su par de Pilar, Achával agregó que “no se resuelve todo desde el sistema privado, y señaló a reglón seguido: “Bienvenidos los hospitales y clínicas privadas, pero hay una gran cantidad de población que necesita de la cobertura del sistema público. Muchos municipios de la provincia no tienen coberturas privadas. ¿Qué respuesta les da el Estado nacional”, se preguntó.
Para Achával, el Estado nacional se ha corrido de las responsabilidades básicas: “Hay un consenso fundamental en nuestra ciudadanía: garantizar el derecho a la salud es básico para el Estado. Por eso la importancia de este espacio de discusión de más de 13 mil profesionales de la salud que sostienen el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que tienen en claro que tenemos que cuidar a nuestro pueblo, a nuestros niños y niñas cuando tienen una necesidad respiratoria, a nuestros adultos mayores cuando tienen un problema de presión. Frente a eso, el Estado no puede correrse porque no puede abandonar al pueblo”.
A su entender, Achával subrayó que “tiene que haber decisión política de priorizar las cosas que el Estado tiene que trabajar”, por lo que hizo un llamado al Estado nacional “a ser consciente de que retirarse del sistema de salud no es una alternativa porque – sentenció- los vecinos de cada municipio siguen teniendo las necesidades de ir a un médico”.
Con relación a la situación de las personas adultas mayores, el jefe comunal de Pilar hizo hincapié sobre el abandono por parte del Estado nacional. “Nos preocupa muchísimo porque somos conscientes de las necesidades de médicos y especialistas. El PAMI, que tiene una cobertura de más de 5 millones de habitantes en toda la Argentina, no puede retirarse pensando que no tiene una consecuencia en la vida”, señaló.
A todo esto, los intendentes remarcaron el rol de los municipios y la importancia de la atención primaria de la salud: “Desde los municipios estamos haciendo un enorme esfuerzo junto con la Provincia. La atención primaria es fundamental. Ha aumentado mucho el costo del transporte, de la vida cotidiana, y con la atención primaria se pueden detectar de manera temprana cuestiones que más tarde pueden ser más graves Los municipios tienen que invertir fuertemente en la inversión primaria. Creemos en la idea de un sistema de salud articulado con la Provincia y también con la Nación”, subrayaron.
Tras las deliberaciones en el marco de la segunda jornada, Achával y Otermín fueron recibidos por Florencio Aldrey, quien oficia de calidad de anfitrión en cada convención a nivel nacional como internacional, que se realiza en los salones del emblemático Gran Hotel Provincial, oportunidad en los intendentes intercambiaron aspectos y dialogaron sobre el congreso que finaliza este viernes en la ciudad.
SALUD
Sífilis: en 2025 se notificaron 46.799 casos en el país
De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, en 2025 se registraron 46.799 casos de sífilis, confirmando un aumento sostenido que se viene registrando en el país desde hace 15 años. Esa cifra es la más alta registrada.
Con una tasa de independencia de 117,2 casos por cada 100 mil habitantes, “la evolución del número absoluto de casos notificados permite observar, desde 2011, una tendencia creciente en la notificación que se acelera a partir de 2015”, señala el Boletín Epidemiológico.
Si bien, durante 2020 y 2021 se verifica una disminución en la cantidad de notificaciones a causa del impacto de la pandemia en el sistema de salud, a partir de 2022 se retoma la tendencia ascendente con una mayor aceleración.
En 2023 se superaron los 30.000 casos anuales por primera vez desde el inicio de la serie, y en 2025 se alcanzó el valor más alto registrado hasta el momento.
A nivel mundial
El comportamiento de la sífilis a nivel nacional se enmarca dentro de un escenario de aumento acelerado en todo el mundo y en la Región de las Américas. En 2022, alrededor de 8 millones de adultos de 15 a 49 años adquirieron la infección en el mundo. Se estima que solo en la Región de las Américas se produjeron 3,36 millones de nuevas infecciones en ese mismo año y que alrededor de 3,4 millones de personas viven con la enfermedad. Esto representa un aumento cercano al 30% con respecto a 2020, aun considerando las interrupciones generadas por la pandemia.
Los números
Dentro de nuestro país, las tasas de incidencia regionales mantienen comportamientos similares desde el año 2021. Las regiones Sur y Cuyo se posicionan por encima del promedio nacional. En 2025, la región Sur presentó la mayor incidencia en su población (159,8 casos cada 100 mil habitantes), seguida por Cuyo en donde la tasa fue de 137,5 casos cada 100 mil habitantes.
En las regiones del NOA y NEA se observa una tendencia de aumento con oscilaciones interanuales. En 2025, la tasa de incidencia del NEA fue de 133 casos por cada 100 mil habitantes, y la de la región del NOA, de 111,7 casos por cada 100 mil habitantes. Finalmente, la región Centro se mantuvo por debajo del promedio nacional, con una tasa de 109,4 casos por cada 100 mil habitantes.
Siguiendo la misma tendencia observada a nivel mundial, en nuestro país la sífilis afecta mayoritariamente en jóvenes y adultos jóvenes. Mientras que el grupo de 15 a 39 años concentró el 76% del total de casos del país (35.497 registros) en 2025, la población de entre 20 a 24 años presentó la tasa de incidencia más alta, con 290,6 casos cada 100 mil habitantes. En este rango, la afectación en mujeres (366 casos cada 100 mil habitantes) es significativamente mayor que en varones (tasa de 218,2). A partir de los 50 años se observa una inversión del perfil por sexo. Las tasas comienzan a ser superiores en los varones, duplicando la tasa femenina en el grupo de 65 a 69 años.
Ante este escenario, la cartera sanitaria nacional implementa un abordaje integral que incluye vigilancia, diagnóstico, tratamiento y articulación estratégica. En 2025, se creó la Mesa Ministerial de ITS, un espacio de gestión que reúne a referentes de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia.
Actualmente, - se informa- está trabajando en un Plan Operativo Anual para garantizar una respuesta homogénea en todas las jurisdicciones del país a través de estrategias de prevención combinada, testeos en puntos de atención, acceso oportuno al tratamiento, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el uso de la información para la toma de decisiones sanitarias.
SALUD
Médicos en alerta ante inminente colapso en la atención de jubilados
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el sistema de atención del PAMI, en un contexto de creciente conflictividad a nivel nacional en el cual peligra la atención a jubilados.
En los últimos días, médicos de cabecera de todo el país iniciaron un paro de 72 horas en reclamo por mejoras en los honorarios y condiciones laborales, denunciando que el nuevo esquema de pagos de PAMI resulta insuficiente para sostener la atención en consultorios.
En concreto, la resolución 1107/2026 eliminó la consulta presencial como unidad de ingreso, desvalorizando el acto médico y diluyendo la relación médico-paciente dentro de un esquema de pago fijo que concentra múltiples prestaciones en un monto cerrado, sin contemplar la complejidad ni el volumen real de trabajo.
Esta modificación implica - agregan - una reducción significativa de los honorarios, que pasan de aproximadamente $2.100.000 a $1.400.000 mensuales por jornadas completas. A ello se suma la eliminación de incentivos vinculados a la formación profesional continúa, debilitando la calidad del sistema y desalentando la capacitación permanente de los médicos.
En este marco, el Colegio de Médicos bonaerense denunció que el sistema presenta niveles críticos de desfinanciamiento y advirtió sobre sus consecuencias sanitarias. Según expresaron, los valores actuales de cápita representan “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta”.
Según consideraron, esta situación sumada a las deudas millonarias existentes con los prestadores, está llevando a los profesionales a abandonar el sistema: “El Estado está empujando a los prestadores a retirarse de las cartillas, y poniendo en alerta a los médicos de cabecera quienes dejarán de prestar servicios por la imposibilidad de cubrir los gastos mínimos de manutención de consultorios”. sostuvieron en un comunicado.
En esta línea, la entidad alertó sobre las consecuencias directas en la población afiliada: “Al asfixiar a los prestadores, el Estado está dejando a los jubilados sin cobertura real. Es un abandono de persona institucionalizado hacia la población más vulnerable de nuestro país”, consideraron.
Además, el Colegio de Médicos remarcó la responsabilidad indelegable del Estado al expresar que “la salud de nuestros mayores es una obligación constitucional e indelegable. No se puede hablar de salud pública mientras se liquida la dignidad de quienes la sostienen”.
Finalmente, el comunicado concluyó advirtiendo que “no hay salud pública sin médicos dignos. No hay justicia con jubilados desprotegidos”, y exigió respuestas urgentes ante una crisis que, según afirmaron, ya compromete el funcionamiento del PAMI en todo el país
