El Gobierno nacional confirmó que prepara medidas para moderar los aumentos desmedidos de las empresas de medicina prepaga, que acumulan un 158% entre enero y abril, habilitado a partir de la desregulación de la economía con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n°70/2023.

En ese sentido, el Gobierno asegura que avanzará en los próximos días con medidas concretas para moderar los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Serán dos y correrán en paralelo: una por vía judicial y otra mediante un dictamen del Poder Ejecutivo.

En concreto, el Ejecutivo nacional denunciaría que las empresas de medicina prepaga incurren en un abuso de precios que se produce debido a la posición dominante que tienen en el mercado.

Bajo esta perspectiva, el Poder Ejecutivo accionará a través de una presentación judicial, mientras que por el otro la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitirá un dictamen desde la Secretaría de Comercio.

Vale recordar que, este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno nacional está “evaluando medidas” para aplicar frente al incremento desmedido que aplicaron las empresas de medicina prepaga en las cuotas mensuales que abonan los trabajadores y jubilados.

“Vamos a tomar cartas en el asunto, puedo asegurar que las cuotas no se van a seguir carterizando”, expresó Adorni a pocas horas de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que las prepagas están “atentando contra el bolsillo de la clase media”.

En ese contexto, la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de Comercio, comenzó a investigar en las últimas horas si existió un pacto ilícito entre las pocas empresas que brindan el servicio de medicina prepaga para fijar precios de venta.

Tal es así que, la fuente de la Secretaría de Comercio confirmó que “hay una investigación en curso”, justo un día después de que Caputo arremetiera públicamente contra las prepagas por los incrementos desmedidos que aplicaron en el costo de las cuotas desde la entrada del DNU.

Tras la baja de contratos y los recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Gobierno suspendió la recepción de proyectos que soliciten ayuda financiera del organismo.

“(La resolución se toma) con el objetivo de retomar el equilibrio necesario para que este instituto pueda financiarse con sus propios ingresos”, asegura una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Así el gobierno nacional resolvió suspender la recepción de nuevos proyectos audiovisuales en los próximos tres meses y devolver los subsidios otorgados a aquellos que no hayan sido declarados “de interés para la audiencia media y masiva”.

“Los proyectos referidos en el artículo anterior podrán ser presentados nuevamente una vez culmine el período de suspensión, los que se deberán adecuar a la nueva normativa”, continúa la resolución firmada por el presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano.

 “Es un gran error, o un acuerdo al que llegaron con los laboratorios farmacéuticos, el hecho que el Gobierno solicite a la ANMAT el cambio de categoría, de venta bajo receta a venta libre, de 22 medicamentos”, aseguró Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).

“El gobierno pretende pasar a la categoría de venta libre un listado de medicamentos con claras contraindicaciones y serios efectos adversos”, explicó Peretta y continuó: “a pesar de la completa inacción del Ministerio de Salud para frenar la suba de precios de medicamentos, de prepagas y de repelentes y de la notable pérdida de acceso a la salud de los argentinos, el ministro Mario Russo trabaja tiempo completo para la industria farmacéutica y encomendó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por medio de la Resolución MS 284/24, cambiar de categoría 22 medicamentos que hoy son de venta bajo receta, lo cual deberá evaluarse en el marco de la ley 16463 y su Decreto 9763/64, considerando la naturaleza de cada producto, su composición y riesgos para la salud”

Mas allá del proceso establecido por ANMAT, en base a los Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs) del Registro de Especialidades Medicinales (REM), el listado de remedios a cambiar de categoría, identificado como IF-2024-32293612-APN-ANMAT#MS, será revisado según la Clasificación ATC que los agrupa según su Anatomía, Terapéutica y Química, siguiendo los lineamientos de la Disposición ANMAT 3686/11, pero a simple vista surge el alto riesgo para la salud que implica liberar la venta de: “Orlistat”, “Aciclovir”, “Tadalafil” o “Pantoprazol”, que pueden provocar: alergias, arritmias, diarrea, hipotensión, hipertensión, infertilidad, priapismo, ictericia, ceguera, daño renal y neumonía, entro otros efectos graves, según se describe en el cuadro adjunto elaborado por la Escuela de Competencia Laboral del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).

Peretta aclaró que no es “un tema de calidad, seguridad y eficacia probadas durante cinco años en el país”, como afirma ANMAT, sino que “es un problema de falta de educación al consumidor de medicamentos quien queda a merced del mercado que solo quiere vender, sin asumir las consecuencias.”

El switcheo de remedios solo beneficia a los laboratorios que no quieren restricciones y estimulan la venta, el uso y el abuso a través de su artillería publicitaria, desde la mañana temprano hasta la noche tarde en casi todos los canales de televisión.

El SAFYB envió misivas al Ministerio de Salud y a la ANMAT fundado su oposición al cambio de categoría de estos productos farmacéuticos por el serio riesgo a la salud de la población que ello implica.

Desde la entidad sindical entienden que “de aprobarse este pedido de los laboratorios se continuara banalizando el consumo de medicamentos y potenciando la automedicación y el uso irracional de fármacos que terminan en nuevas consultas médicas y problemas de salud que luego el Estado debe pagar.”

Y agrega. Para peor, los medicamentos de venta libre aumentan de precio y pierden su cobertura de obra social y prepaga, y para que conste de qué lado está el gobierno, la cartera de salud aclaro que: “los trámites necesarios para adecuar el contenido de las unidades de venta, rótulos, prospectos y demás información relacionada no serán arancelados”, es decir, todo al servicio de la industria farmacéutica.

La única verdad es que los medicamentos no son inocuos y siempre tienen contraindicaciones, interacciones y reacciones indeseadas; pero el gobierno quiere sacarlos de las manos del médico y del farmacéutico y que se vendan libremente en kioscos sin control (ver Decreto 63/24), concluye.