País
Hubo acuerdo con la UOM en Acindar
21 de marzo de 2024
Luego de 7 horas de negociaciones, representantes de Acindar, de las empresas contratistas y de la seccional Villa Constitución de la UOM llegaron a un acuerdo sobre las suspensiones de 1.700 trabajadores, de un total de 3.000, afectados por la paralización de la actividad de la siderúrgica.
En la audiencia, presidida por Roald Báscolo, ministro de Trabajo santafesino, se resolvió que de los 1.700 empleados de empresas contratistas que cumplen tareas en la compañía, 600 de los 900 que están afiliados a la UOM cobrarán durante un mes el 83% de su salario y algunos adicionales, con el reconocimiento de la eventual pérdida del aguinaldo en los meses de abril y mayo. Los 300 restantes y los otros 800 trabajadores, representados por la UOCRA y Camioneros, no serán suspendidos y mantendrán su sueldo durante 30 días tal como quienes están vinculados directamente con Acindar.
El acuerdo incluye el compromiso de las partes de reunirse el 2 de mayo para “evaluar las condiciones de la planta, el pago del aguinaldo y la continuidad del acuerdo a futuro”, según informó el titular de la UOM de Villa Constitución, Pablo González, en un audio que envió a dirigentes y delegados. “De esta manera estamos preservando las fuentes de trabajo y encontrando una especie de tregua hasta que logremos ver cómo está la producción para el resto del semestre”, agregó.
Las autoridades de Acindar decidieron paralizar la producción del 18 de este mes y al 15 de abril por la fuerte caída en las ventas, que en los últimos meses osciló entre el 35 y el 40%. La resolución del Grupo ArcelorMittal afectó a 3.000 trabajadores de las cuatro fábricas del país: Villa Constitución (Santa Fe), que es la principal, San Nicolás (Buenos Aires), La Tablada (Rosario) y Villa Mercedes (San Luis).
Al personal que trabaja en forma directa para Acindar se les pagará el 100% del sueldo en forma normal porque se los compensará con las vacaciones, francos y jornadas de capacitación, pero el conflicto se centró en los empleados de las contratistas, que no cobrarán el total de sus salarios y entrarán en un plan de suspensiones sin claridad de qué porcentaje del sueldo cobrarían.
La UOM de Villa Constitución amenazaba con protestas en caso de no llegar a un acuerdo. Con el apoyo de la CGT local y de otras organizaciones sindicales, el gremio metalúrgico ya realizó el 7 de este mes un corte total de tránsito en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de Villa Constitución, contra la paralización de Acindar y las políticas de ajuste que impulsa el gobierno nacional.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/C7AWCVMDZ5AZPAJISRUL3YZMHI.jpg%20420w)
Trabajadores y organizaciones sindicales cortaron la autopista Buenos Aires-Rosario para protestar contra la parálisis de Acindar
Ahora, tras el acuerdo, González destacó que la empresa tuvo una “posición beligerante” durante la audiencia de este jueves, que comenzó a las 10 de este martes y finalizó a las 17, mientras que fuentes del Ministerio de Trabajo de Santa Fe destacaron: “Seguimos en la vía de diálogo y sin conflictos”.
Por eso tienen que paralizar la producción (basada en el rubro deaceros largos y perfiles para la construcción, el agro y la industria manufacturera) porque no pueden tener más stock y esperan que dentro de un mes se produzca un repunte en las ventas que permita normalizar las tareas.
La empresa tiene una importante red de distribución comercial con 125 puntos de venta a lo largo del territorio nacional y la idea es mantener el abastecimiento con el stock existente, pero temía que la UOM realizara un bloqueo de las plantas para protestar y así agravara el conflicto que atraviesa.
La UOM de Villa Constitución tiene una impronta combativa: desde fines de los 60, la seccional se enfrentó a la ortodoxia peronista de líderes metalúrgicos como Augusto Timoteo Vandor y Lorenzo Miguel, con intervenciones a esa filial acusando a sus jefes, como Alberto Piccinini, de comunistas, lo que dio lugar en 1974 a una movilización para resistir la medida que se conoció como El Villazo.
Gentileze Infobae Ricardo Carpena
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
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Inflación de enero: el índice cerraría por encima del 2%
El arranque del año mostró una dinámica de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Distintos relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Según revela la Agencia Noticias Argentinas (NA), los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.
El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.
País
Iglesia cuestiona baja de la edad de imputabilidad y pide más educación
La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar el debate solo en la pena simplifica una realidad compleja y reclamó políticas de prevención, acompañamiento y educación para niños y jóvenes.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación frente a las propuestas que impulsan la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a los delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas de prevención, educación y acompañamiento comunitario.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, referente histórico en la educación y el acompañamiento de jóvenes, la Iglesia sostuvo que el debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal deja en segundo plano las verdaderas causas del problema y las herramientas necesarias para evitar que los hechos se repitan.
Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, aunque advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad "corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja", que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.
En ese sentido, recordaron un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, siguen vigentes: el destino de los menores privados de libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social y la eficacia del sistema penitenciario como respuesta.
"La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución", señalaron, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada "humana, integral y abierta a la esperanza".
El comunicado destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria, sin negar los conflictos pero apostando a la inclusión y al desarrollo pleno de los jóvenes.
A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la Iglesia reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro y eviten respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. "La verdadera prevención nace del cuidado compartido", subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.
Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo que la niñez y la juventud representan "una tierra sagrada donde se siembra el futuro" y pidió especialmente por los jóvenes más vulnerables.
